Los ceses de Transportes por la chapuza ferroviaria eran salidas ya previstas

De hecho, el anuncio de su salida ha generado una fuerte inquietud en la plantilla ya que se está poniendo en duda la labor de los equipos de construcción, ingeniería... Algo intolerable para las fuentes consultadas, más aún cuando entienden que es un movimiento para responder a las quejas suscitadas por los errores.

Pedro Alcaraz es uno de los damnificados. Este era en el momento en el que se fraguó el diseño de los trenes el gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros. Un puesto intermedio, no directivo.

La compañía pública, dependiente del departamento de Raquel Sánchez, decidió señalarle como uno de los culpables de los errores en la fase de diseño de los trenes. En su caso, tiene 67 años, según fuentes internas, y su jubilación estaba ya prevista para este ejercicio. De ahí que esas mismas fuentes califiquen el cese como «ficticio» y para tratar de dar ejemplo ante la opinión pública y los gobiernos autonómicos que se han quejado.

El otro afectado es Ángel Moya, jefe de Inspección y Tecnología de Vía de Adif. El gestor de las infraestructuras ferroviarias también ha vendido su cese como un ejercicio de depuración de responsabilidades y como medida preventiva, pero la realidad es que ya estaba previsto que abandonara ese cargo por otros motivos, según relatan fuentes internas. Fuentes cercanas a Adif señalan que aunque Moya ha sido desprovisto de sus funciones dentro del grupo de trabajo, permanecerá en la empresa pública desempeñando otras actividades.

Así las cosas, los movimientos que ha llevado a cabo la ministra Raquel Sánchez en las dos empresas públicas generan inquietud también en los sindicatos. Por ejemplo, desde CSIF destacan su defensa de los dos trabajadores señalados y que este tipo de errores técnicos suceden a veces en el diseño de estos proyectos. En todo caso, aclaran que no se ha fabricado nada ni se ha gastado nada, y denuncian que desde el Ejecutivo se está señalando a los trabajadores sin motivo alguno.

Desde Renfe no han querido hacer declaraciones a este periódico. No confirman ni la identidad de la persona cesada ni tampoco si se trata de una salida prevista. Idéntica respuesta transmite Adif, que a preguntas de este periódico, fuentes de la empresa pública se remiten al comunicado lanzado el lunes.

Una misiva en la que comunicaban la salida del jefe de inspección y tecnología «como medida preventiva» a la espera del resultado de la auditoría que llevará a cabo el Ministerio de Transportes. «Esta decisión permitirá la participación de otra persona en el grupo de trabajo que se va a crear en el seno de Transportes para cerrar con celeridad el diseño del tren licitado por Renfe, mientras se realiza la auditoría», señalaron desde la gestora de las infraestructuras ferroviarias españolas.

En todo caso, Adif niega que el cese que se produjo el lunes 6 relacionado con los trenes de Cantabria estuviera decidido con anterioridad.

La conocida ya como chapuza ferroviaria ha puesto patas arriba al Ministerio de Transportes, que lleva varios días intentando salir al paso para rebajar la gravedad del asunto.

Para el departamento de Raquel Sánchez no se trata tanto de un asunto económico, pues el proyecto estaba en fase de diseño, sino de retrasos en su ejecución, ya que la demora de la llegada de los trenes de cercanías a Cantabria y Asutrias podría ser de tres años o más.

Los nuevos trenes fueron encargados al fabricante ferroviario CAF a mediados de 2020 y debían entrar en circulación este mismo año o en 2024 como máximo, según el calendario previsto tras la adjudicación.

En total, 31 trenes de ancho métrico para renovar la flota de trenes de cercanías y media distancia en Cantabria y Asturias. Su coste, 258 millones de euros. Durante la primera fase del proyecto, CAF reconoció varios errores en los gálibos que no iban en consonacia con las medidas de los trenes encargados por Renfe.

En resumidas cuentas, los convoyes no cabrían en varios túneles dentro de los trayectos a los que iban destinados, en los que también estan incluidos País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia.

¿Se pudo haber evitado? Fuentes del sector ferroviario señalan que todo ha podido ser fruto de un malentendido por parte de Renfe. Apuntan a que no interpretaron de forma adecuada las referencias a los gálibos normalizados dentro de la instrucción ferroviaria de gálibos. Esta norma se aplica exclusivamente en líneas nuevas o acondicionadas y no para las de ancho métrico, ya que en este caso la instrucción no define un gálibo histórico. Por lo que estas fuentes sostienen que Renfe, en la licitación de los trenes, no interpretó de forma adecuada las referencias a los gálibos y utilizó las medidas para líneas nuevas o acondicionadas, creyendo que también eran válidas para las líneas implicadas.

De momento, Renfe ya ha alcanzado un acuerdo con CAF, Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria (AESF) para desatascar el problema con los gálibos. Transportes aseguró esta semana que ya se está trabajando con CAF para que la fase de diseño pueda finalizar este verano y acelerar el tiempo de fabricación.

En concreto, Transportes señala que ya se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para corregir el error, que requiere de un «diseño a medida» para garantizar que los trenes puedan circular por las líneas de ancho métrico, «a pesar de que los túneles tengan unas dimensiones más reducidas, pero sin perder prestaciones». Algo que aseguran que llevarán a cabo mediante el 'método comparativo' en el diseño del tren, «algo que que no es el habitual dentro de la normativa pero que se justifica en esta situación singular».

Del mismo modo constituirán un grupo de trabajo para hacer seguimiento de los trabajos al que han invitado a participar a los gobiernos de Cantabria y Asturias.

Relacionado con todo ello, en el Partido Popular están haciendo fuerza para tratar de forzar el Gobierno a dar la máxima información posible. Es por ello que han reclamado toda la documentación sobre el contrato, la cual no figura en su totalidad en el portal de contratación pública.

Además, los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Galicia han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman al Ministerio de Transportes, en concreto a la Secretaría de Estado del ramo, que den la cara. Se han dirigido a ellos para solicitar información sobre el estado de ejecución del contrato público adjudicado a CAF, valorado en 258 millones de euros; los plazos de entrega previstos; los pagos efectuados y el destino de la flota de trenes.

«Los gobiernos de Castilla y León y Galicia exigen que el ministerio aclare cuándo tuvo conocimiento de esta situación (los errores técnicos) y qué medidas se han adoptado desde entonces, así como las que se van a tomar a partir de ahora», reza el comunicado, al tiempo que añaden que es necesario asumir responsabilidades políticas al más alto nivel, «sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se deriven de esta insólita actuación, que pone de manifiesto una vez más la absoluta falta de rigor en la gestión de los servicios públicos esenciales, cuyos costes son sufragados por todos».