La tensión entre las empresas y el Gobierno sube de temperatura después de que, de improvisto y sin avisar, los presupuestos de 2023 recojan un aumento de las bases de cotización de un 8,6% el año próximo. En un comunicado muy duro, la ... CEOE se queja de que en la reunión del pasado lunes con el Ministerio de Seguridad Social no fueron advertidos del alza, que supondrá el pago de más impuestos para sueldos de más de 50.000 euros desde el año próximo.
La organización que dirige Antonio Garamendi considera «inadmisible que el Gobierno haya decidido de forma unilateral y a espaldas del diálogo social» acometer esta subida, y le recuerda que en estos momentos «trascurren las negociaciones para nuevas reformas del sistema público de pensiones».
«Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social», dice la patronal en su comunicado.
Explica que en un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, «no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial». Asimismo, CEOE advierte de que aumentar las cotizaciones sociales y «depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo, en tanto que de esta forma los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% -sumando la subida del 0,6% incluida en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)- en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada».
Por último, recuerda que «las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación». Añade que «este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico, siendo éstas las palancas que sustentan ese Estado del bienestar que se pretenden sostener con medidas tan exentas de rigor económico».
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