Las cotizaciones de 1,4 millones de trabajadores suben 2.000 euros al año a partir de 2023

A partir de enero, la base máxima de cotización se situará en casi 54.000 euros en 2023, es decir, 4.495,5 euros al mes (356,1 euros mensuales más que la base actual). Según el tipo de cotización, que se mantendría inalterado según se desprende de las Cuentas aprobadas por el Gobierno, cada nómina que supere los 50.000 euros anuales brutos verá incrementada sus cuotas hasta llegar a casi 2.000 euros más al año a partir de ingresos de 54.000 (sumando la subida de la base del 8,6% y el 0,6% del MEI, el extra de la cotización para las pensiones de los 'boomers').

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Gonzalo D. Velarde

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De esta cuantía que pagarán de más a la Seguridad Social los 1,4 millones de trabajadores que ganan más de 50.000 euros anuales, 1.615,8 euros los pagaría el empresario mientras que el trabajador soportaría 353 euros al año por ambas subidas de la cotización.

En este coste agregado ya se contabilizarían todos los conceptos que se deducen en la nómina de los trabajadores y que se pagan conjuntamente con el empresario (contingencias comunes, desempleo, formación profesional, Fogasa e incapacidad temporal) que llegan al entorno del 31,5% para el empleador y al 7% para el empleado, y a lo que se suma el 0,6% del MEI (del que un 0,5% lo pagará el empresario y el 0,1% restante el trabajador). En total, el rejonazo en términos de aportación a la Seguridad Social del 8,6% que prevé desplegar el Gobierno desde el próximo año supondría un aumento de los ingresos por esta vía de 2.304 millones de euros en el conjunto del año que procedería de los sueldos superiores a 50.000 euros.

Mientras que por el lado del mecanismo de equidad, el ministerio que dirige José Luis Escrivá, estima que podrá depositar en las maltrechas arcas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la 'hucha' de las pensiones, 2.957 millones. De ese dinero, casi 500 millones de euros los aportarían esos 1,4 millones de trabajadores con nóminas superiores a los 50.000.

El hachazo incluido en los Presupuestos no fue desvelado hasta minutos después de la presentación oficial de las cuentas públicas del próximo año y provocó indignación entre los empresarios. Ocho de cada diez euros que se pagarán de más a la Seguridad Social en cotizaciones de los sueldos más altos los abonará el empresario.

La organización que dirige Antonio Garamendi consideró «inadmisible que el Gobierno haya decidido de forma unilateral y a espaldas del diálogo social» acometer esta subida, y recordó al Gobierno y al ministro Escrivá que en estos momentos «transcurren las negociaciones para nuevas reformas del sistema público de pensiones». «Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social», dijo la CEOE.

Recordó que «las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación». Y que «este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica, y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico, siendo estas las palancas que sustentan ese Estado del bienestar que se pretenden sostener con medidas tan exentas de rigor económico».

«Es absolutamente inadmisible, inaceptable e impresentable que el Gobierno haya decidido subir las bases máximas de cotización un 8,6%, que además sumado al incremento de cotizaciones que va a suponer el mecanismo de equidad intergeneracional supone una subida del 9%», apuntó en esta línea el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y se preguntó: «¿Dónde está el diálogo social del que presume el Gobierno?».

Amor relató que el lunes se produjo una reunión con el Ministerio de Seguridad Social donde se trató este tema. «De forma incomprensible e impresentable, el Gobierno ocultó lo que 48 horas más tarde ha tomado determinación», aseguró el también vicepresidente de la CEOE.