CEOE denuncia la ralentización y falta de transparencia en el desembolso de los fondos europeos

Este parón se refleja, más allá, en el hecho de que desde marzo de 2023, hace justo un año, nuestro país no ha vuelto a percibir financiación sujeta al cumplimiento de hitos comprometidos con la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación, más allá de los 1.383 millones de euros de la prefinanciación de la Adenda, autorizada en enero.

Ahora, la ausencia de Presupuestos Generales y el hecho de que se haya tenido que negociar una prórroga de dos meses para la evaluación técnica de los 61 hitos que se han desplegado para la habilitar la llegada del cuarto tramo por valor de 10.021 millones, principalmente por la imposibilidad del Ejecutivo de aprobar alguno de los preceptos comprometidos como la reforma del sistema de desempleo asistencial, tampoco arrojan una expectativa de mejora inmediata de este flujo de financiación procedente de Europa.

Tal y como señala la CEOE en el mencionado informe, además existen otros aspectos colaterales que embarran el buen funcionamiento del canal de adjudicación de las ayudas. Advierte la organización presidida por Antonio Garamendi de que la colaboración público-privada «sigue siendo el principal cuello de botella para que las empresas puedan conocer, acceder y recibir proyectos transformadores en el marco del Plan de Recuperación». Y señala que, aunque se viene aumentando el ritmo de resolución de las grandes líneas de ayudas, se mantienen las ineficiencias en la ejecución de los fondos, como la ausencia de transparencia en la gobernanza (sobre todo, a nivel autonómico) y la falta de adaptación de las ayudas al sector privado.

Hasta la fecha, España ha recibido 38.419 millones de euros del total de los 163.000 millones a los que asciende el Plan de Recuperación (incluida la línea crediticia). De lo recibido, 37.036 millones corresponden a los tres desembolsos realizados por la Comisión Europea. Pero como advierte CEOE desde la segunda mitad de 2023, los abonos realizados por la Comisión Europea se han ralentizado en comparación con otros planes de recuperación europeos han ido avanzando. Así, Italia y Portugal se sitúan a la cabeza de los fondos Next Generation, tras recibir ya el cuarto pago parcial el pasado mes de diciembre.

Por ahora, España ha cumplido 182 hitos y objetivos del total de 595 que recoge la Adenda al Plan de Recuperación, es decir, apenas un 20% del total. A partir de este año, el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan tiene un mayor peso en las inversiones, con el aumento de la publicación de grandes convocatorias enmarcadas en los PERTE y el despliegue de los hasta 84.000 millones de euros en préstamos previstos en la segunda fase.

A diciembre de 2023, se habían resuelto más de 33.600 millones de euros en subvenciones y licitaciones, de los que 28.000 millones han correspondido a la Administración General del Estado (un 83% del total) y 5.600 millones se han asignado a las CC.AA. (17% del total). Alrededor de 17.000 millones de euros se han destinado al sector privado.

«Las empresas siguen percibiendo una falta de transparencia continuada en la publicación anticipada de las convocatorias, lo que supone barreras a la hora de preparar la solicitud de proyectos. Además, se empiezan a evidenciar retrasos en la adjudicación de las ayudas, lo que genera incertidumbre para presentarse a segundas convocatorias», advierte la principal patronal empresarial del país.

En el caso de los préstamos previstos en la segunda fase del Plan de Recuperación, una de las principales preocupaciones del sector privado es la escasa información pública que se ha facilitado en lo relativo al diseño de las líneas de financiación, en especial para fondos como la línea ICO-Empresas y Emprendedores o el Fondo de Resiliencia Autonómica. Esto es clave para que las empresas puedan acceder a los préstamos con las condiciones y plazos que se fijen con las entidades financieras.

CEOE también insiste en la necesidad de resaltar el papel protagonista que el sector bancario debe tener en la canalización de estos préstamos. «Todo esto conforma un entramado de desafíos en los tres niveles de la Administración, que deben concentrar sus esfuerzos en estrechar lazos con las necesidades de las empresas a nivel autonómico y regional, con el objetivo de ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, así como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial y sus prioridades», explica la organización.

Entre estas prioridades, además de la necesidad de un aumento de transparencia y mayor colaboración del sector privado, el informe presentado destaca la necesidad de ampliar las ayudas a actividades ligadas a facilitar la puesta en marcha de los proyectos, tanto en materia de digitalización y sostenibilidad, como de renovación de maquinaria y costes asociados a instalación de infraestructuras. Por último, considera fundamental agilizar al máximo los procesos de evaluación y resolución de expedientes, para evitar que se desincentive la participación de las pequeñas y medianas empresas.