Estas lagunas no han impedido que, según la evaluación de la Comisión, que se apoya en un informe independiente de un puñado de firmas de consultoría, España haya sido hasta la fecha uno de los países que más partido ha sacado al instrumento, que mientras apenas ha impulsado en 0,4 puntos el PIB de los Veintisiete y reducido en 0,2 puntos su tasa de paro ha empujado en 1,9 puntos el PIB español a la altura de 2022, restando 0,6 puntos a su tasa de desempleo.
España es junto a Italia el país que más fondos va a recibir de largo y, por tanto, no extraña que sea también el que más se va a beneficiar. Según los cálculos volcados en el informe de evaluación difundido ayer por la Comisión, estos van a ahorrar alrededor de medio punto de PIB de gasto público a España hasta el año 2026 y permitirá reducir su deuda pública en 10 puntos de aquí a 2031.
Futuro, en el aire
Las ventajas objetivas para España del flujo de 160.000 millones de euros en transferencias directas y préstamos baratos que podrían llegar a España entre 2021 y 2026 gracias al Mecanismo de Recuperación no han alterado el juicio general de las autoridades europeas, que ayer trasladaron cierta frustración por no haber podido alcanzar los objetivos de reactivación económica que se fijaron en su día y admitieron que será difícil que el mecanismo se haga permanente, como demandan los países del sur y singularmente el Gobierno de España. «Creíamos que se usarían todos los fondos enseguida y no ha sido el caso», se lamentaba ayer el comisario europeo de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. «No invertiría capital político en ampliar el plazo, sino en buscar otros mecanismos comunes, especialmente en el campo de la Defensa», advirtió el vicepresidente europeo, Davis Donbrovskis, desanimados por el impacto más bien escaso que el mayor programa de inversión jamás lanzado desde Europa haya tenido unos efectos tan poco significativos.
Es posible que haya otros factores que hayan influido en este juicio. La Comisión hace una evaluación general positiva del desarrollo de las reformas comprometidas en España, el 30% de las cuales ya estaban en marcha antes incluso de la entrada en funcionamiento del mecanismo, pero ha detectado también el uso de los fondos del programa Next Generation -inicialmente concebidos para financiar inversiones de nueva planta que impulsaran el potencial de crecimiento de los países- para desatascar proyectos antiguos nunca ejecutados por falta de recursos presupuestarios y también para acelerar inversiones que en condiciones normales deberían haberse financiado con fondos de cohesión. Bruselas detecta que hay políticas públicas que se están financiando con fondos y no oculta su preocupación por cómo se financiarán cuando no exista esta financiación extra.
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