Calviño ata el reparto de los fondos UE sin el OK de las comunidades

El movimiento del Gobierno tiene sus consecuencias. El reglamento europeo que regula todo el procedimiento asociado a la gestión de los fondos del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia fija en dos meses el plazo de que disponen los servicios de la Comisión Europea para evaluar el contenido de las propuestas que les lleguen de los países y aunque prevé la posibilidad de prorrogar ese plazo lo condiciona a un acuerdo bilateral entre el Gobierno y la Comisión.

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Las autonomías del PP se levantan contra Calviño por haber diseñado la adenda sin contar con las comunidades

Susana Alcelay

Las regiones lideradas por los populares han remitido una carta a la vicepresidenta quejándose por la falta de diálogo e interlocución de cara al anexo para solicitar los créditos de los fondos europeos

Bajo esta premisa, la decisión del Gobierno de remitir en la noche del pasado martes la adenda al plan de recuperación a Bruselas sitúa en el 6 de agosto la fecha límite para poder promover cambios en el texto original, más allá de los que pueda exigir la Comisión en el proceso de evaluación del mismo.

Ese 'deadline' complica de forma más que significativa la posibilidad de que un eventual nuevo gobierno del PP pudiera introducir cambios en el documento, ya que hace más que probable, si no seguro, que la fecha venza sin que haya constituido un nuevo gobierno en España en el caso de que hubiera alternancia política.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos aseguran que ese plazo es referencial y que ya ha sucedido en más de una ocasión que ese proceso de evaluación se ha dilatado durante más de dos meses, por lo que entienden que la remisión del documento a Bruselas no supone ningún obstáculo a cualquier eventual cambio que se quisiera introducir en la adenda.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, incidió en ese punto a su llegada a Bruselas. «No cuento con tener una valoración de la Comisión Europea en menos de dos meses en ningún caso. No se ha producido esa evaluación en menos de dos meses ni en los planes de recuperación ni en las solicitudes de pago. El calendario con el que nosotros trabajamos es de dos meses que pueden ser ampliados a partir de entonces sin problema», dijo la vicepresidenta.

Sea como fuere, el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya enviado la adenda no es plato de buen gusto para el Partido Popular en un momento en el que en mes y medio habrá elecciones generales. En la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo confiaban hasta la semana pasada en que el Ejecutivo mantendría un respeto institucional y no remitiría el documento a las puertas de unos comicios y ante un posible cambio de sillón en La Moncloa. El Gobierno decidió acelerar en el diseño de la adenda en lugar de esperar, pero en el PP se espera flexibilidad en Bruselas y que se permita incluir cambios si gobiernan.

A nivel autonómico, esto también ha levantado ampollas, más aún con el vuelco electoral que se dio el 28M, con el PP ganando varios gobiernos regionales más. Las autonomías del PP se han levantado contra la vicepresidenta Calviño por ese motivo, pero no solo. «Creemos que esta aprobación y envío son extemporáneos, pues consideramos que el escenario político actual, con importantes cambios en gobiernos autonómicos y unas elecciones generales sobrevenidas, que pueden dar lugar a un cambio de Gobierno de España, no reúne las condiciones mínimas para proponer una programación del calado de la que estamos hablando, y aún más, sin consensuar», dicen en una carta a la responsable económica gubernamental firmada por 14 consejeros autonómicos en algunos casos y candidatos a la presidencia en otros tras las elecciones regionales que pertenecen a la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia, Ceuta, Melilla, Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja.

La fuerza autonómica de los populares en bloque ha saltado contra Calviño también por la falta de diálogo para diseñar la adenda. «Vemos con preocupación que para la adenda se repite el grave defecto que ya ha puesto de relieve el informe de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo para el tramo de transferencias: un insuficiente nivel de diálogo, negociación y acuerdo con las comunidades autónomas», señala la misiva. Esta es una queja recurrente de los gobiernos regionales desde el inicio del despliegue de los fondos.

En el documento, los líderes autonómicos de los populares le transmiten a la vicepresidenta que es necesario colaborar con todas las administraciones en un asunto tan trascendental como son los fondos europeos, ya que el Gobierno ha comprometido algo menos de 100.000 millones de euros sin el diálogo necesario. Mientras que el Ejecutivo defiende que sí ha habido contacto con las comunidades para elaborar la adenda, las autonomías niegan la mayor: «Todo funcionaría mejor si se nos hubiera tenido en cuenta, como te pedimos desde el primer momento».

Para terminar, los representantes autonómicos hacen un último llamamiento a que el Ejecutivo rectifique y les tome en cuenta. Le indican a la vicepresidenta que está «a tiempo» de evitar más errores en la gestión de los fondos si suma a las autonomías al proceso de negociación sobre a qué dedicar los recursos comunitarios.

El Gobierno ha decidido encauzar las demandas autonómicas de mayor margen de maniobra para disponer de fondos europeos para sus propios proyectos estratégicos territoriales con la creación de un Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones de euros, que servirá para sufragar una selección de los proyectos que las autonomías habían presentado sin éxito para ser financiados con transferencias a fondo perdido en la primera fase de ejecución del plan de recuperación.

El fondo, que según el Gobierno será distribuido a partir de criterios objetivos, no distribuye el dinero a las comunidades autónomas para que sufraguen los proyectos que consideren más estratégicos para sus economías, sino que financiará una selección de los mismos decidida por La Moncloa.