Las nuevas reglas fiscales de la UE ponen a España en el punto de mira

También pretenden asegurar que el marco normativo sea «más simple, más transparente y efectivo», con mayor margen de maniobra para los propios gobiernos de modo que sea posible a la vez poner en marcha reformas e inversiones en políticas predeterminadas y reducirlos altos índices de deuda pública «de manera realista, gradual y sostenida». La vuelta de los tipos de interés positivos no ha sido ignorada por los expertos de la Comisión que temen que los países con una deuda elevada van a tener problemas graves si no reducen sus elevados niveles de deuda.

La propuesta de la Comisión pretende que sean los países los que elijan el camino que prefieren para racionalizar las finanzas públicas, en lugar de que sea el ejecutivo comunitario el que señala el rumbo que han de seguir los gobiernos, como sucede en la actualidad, aunque con pocos resultados. Se pretende que los países puedan mantener el rumbo de la transición a una economía verde «al tiempo que se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas en todos los Estados. Las nuevas reglas fiscales se centrarían en la reducción de la deuda sobre la base de planes definidos por los estados miembros, que a su vez deberán respetar las condiciones establecidas» desde Bruselas.

Naturalmente, los países con más margen fiscal y menos deuda tendrán mucha más capacidad para estas inversiones mientras que los países más endeudados, Grecia, Italia y España, deberán presentar planes «graduales, realistas y posibles» para reducirla. En todo caso, el modelo de conceder más tiempo a los gobiernos que cumplan sus objetivos de reformas estructurales, basado en lo que se ha establecido para la gestión de los fondos de recuperación, ha de ser aprobado por todos los países miembros y se considera que será difícil que la propuesta sea adoptada sin modificaciones. Tal vez por ello, la Comisión no propone cambiar los valores de referencia de déficit (3% del PIB) y deuda (60% del PIB) que figuran en el texto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, pero si considera que hay que reformar la legislación para aplicar sus nuevas orientaciones.

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Las reglas actuales, que están suspendidas hasta diciembre del año que viene para permitir a los países mas margen de maniobra durante la pandemia, se vincularon directamente con las políticas de austeridad destinadas a combatir a ultranza el déficit excesivo de los países. Ahora, la Comisión desea, al revés, crear condiciones de estabilidad presupuestaria precisamente para promover las inversiones, con un mayor margen de maniobra para elegir el camino de corregir el endeudamiento excesivo. Cada gobierno tendrá una trayectoria presupuestaria de referencia durante un período de cuatro años, adaptada a su situación financiera, siempre con el objetivo de mantener el déficit por debajo del 3%.

Cada país presentará entonces su plan presupuestario y en la medida que contenga compromisos de reformas e inversiones podrán obtener una extensión de tres años adicionales para alargar el plan de ajuste de la deuda, es decir, siete años en total. La Comisión evaluará los planes de cada país y proporcionará una valoración positiva si la deuda se coloca en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes, y el déficit puede llegar de forma creíble a estar a medio plazo por debajo del 3 %. Después, si la Comisión lo acepta, el Consejo aprobaría los planes cuya ejecución será a su vez supervisada por el ejecutivo comunitario.

Las sanciones que se proponen en esta iniciativa para los países incumplidores serán más realistas, es decir, mucho menores, precisamente para que no sea tan traumático decretarlas como sucede ahora. El acortamiento de los plazos para la reducción de la deuda en caso de que no se cumplan los compromisos es también una forma de sanción indirecta.