Bruselas enmienda los cambios del ministro Escrivá y el Gobierno ve que peligran 7.000 millones

La Seguridad Social comunicó al diálogo social hace dos semanas la necesidad de acometer estos cambios en el sistema ante el temor de que España no reciba los próximos 7.000 millones que debe girar Europa con cargo a los fondos Next Generation y que están ligados a completar la reforma de las pensiones. Las modificaciones legales cobran más empaque después del gasto millonario que desembolsarán las arcas públicas para compensar a los jubilados por la inflación en aplicación de la ley de pensiones.

En aquel encuentro de hace dos semanas los empresarios, que aún desconocían que llegaba una subida de bases máximas del 8,6% en 2023, ya manifestaron que no darían un 'cheque en blanco' al ministro y apuntaron el camino del Pacto de Toledo para solventar una reforma que debe apuntalar un sistema que el año próximo contará con un presupuesto de 200.000 millones por primera vez en la historia. Sólo en revalorizar las pensiones de los jubilados con el IPC las arcas públicas deberán desembolsar una factura de unos 20.000 millones de euros.

La 'declaración de guerra' de los empresarios tras conocer el nuevo aumento de las cotizaciones sociales no hace más que complicar un escenario muy complejo por el calado de las reformas, pero también por el tiempo límite en el que tienen que estar zanjadas: final de año. Este es el margen pactado con Bruselas.

«El cuarto desembolso corre peligro por el mecanismo de equidad intergeneracional y el ministro pretende ahora asegurar la viabilidad del sistema de pensiones cargando el coste a las empresas, con más impuestos al trabajo y metiendo la mano en las reservas de las mutuas», asegura una fuente empresarial a este diario.

Como ya informó ABC, en Europa preocupa la solvencia del sistema de pensiones a escasos meses de que comiencen a incorporarse los primeros jubilados de la generación del 'baby boom', los nacidos entre los años cincuenta y finales de los setenta, un 'ejército' con largas carreras de cotización y sueldos altos que les dará derecho a nóminas elevadas.

Los funcionarios de la Comisión Europea aterrizaron a finales del pasado mes de septiembre en Madrid para conocer cómo marchaban las reformas y para disgusto de Escrivá enmendaron su Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). No les gusta que sea semiautomático y han reclamado ajustes automáticos para las pensiones, 'recomendación' que el Gobierno ha acatado sin réplica.

Noticia Relacionada

Escrivá se sorprende

Ignacio Marco-Gardoqui

Tampoco convence el rechazo del ministro a ampliar de 25 a 35 los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, una medida que ahorraría casi un punto del PIB, pero que Escrivá ha descartado porque, según sus cálculos, perjudicaría a dos de cada tres futuros pensionistas. Las alternativas esbozadas públicamente por el titular, sin que hayan sido planteadas aún en el díalogo social, serían poder descartar alguno de los peores años de cotización de las carreras de los futuros pensionistas o un mejor tratamiento para las lagunas de cotización. Medidas en ambos casos de mejora. Los ahorros no se ven reflejados en ninguna de ellas.