Las autonomías del PP desechan la quita del Gobierno por inútil: «En dos años vamos a tener el mismo problema de deuda»

Según las alegaciones a la iniciativa del Gobierno presentadas por los ejecutivos autonómicos populares, a las que ha tenido acceso ABC, el rechazo frontal a la denominada quita de deuda que visibilizaron el mismo día que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó la propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sigue vigente. Mantienen que el traspaso de su deuda a la cuenta del Estado «no tiene sentido» si no se acompaña de una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice su suficiencia de recursos, que la maniobra no tiene ninguna ventaja para sus ciudadanos ya que el ahorro que obtengan en intereses no se podrá destinar al gasto social sin incumplir la legislación actual, «en contra de lo que dice el Gobierno»; y que los criterios de distribución de esa absorción de deuda entre las diferentes comunidades autónomas son «arbitrarios», «discriminatorios», «extravagantes» e incluso «retorcidos», según el informe.

El rango de contraindicaciones que denuncian las comunidades del PP es de amplio espectro. Parten de la ineficacia misma de la medida, que consideran inútil para resolver el problema que se pretende acometer: el exceso de deuda de las autonomías y los problemas que conlleva a la hora de asomarse a los mercados para financiarse. «Si no se acompaña de una mejora de los recursos que recibimos las autonomías más infrafinanciadas en dos o tres años vamos a tener el mismo problema con la deuda», advierten fuentes del Gobierno murciano. Las alegaciones registradas recuerdan que no es un juicio aislado, sino que agencias de rating como Moody's o S&P ya han advertido de que no va a facilitar el acceso al mercado más que a un par de autonomías.

Pero alcanzan a la forma en que se ha desarrollado, con un criterio de distribución entre regiones que a juicio de la Junta de Andalucía se ha hecho con unos «criterios extravagantes y retorcidos realizados solo y exclusivamente para beneficiar a Cataluña».

Se critica, asimismo, que la infrafinanciación objetiva que sufren autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Castilla-la Mancha no haya sido el principal criterio para absorber deuda de las comunidades autónomas y que se hayan incluido parámetros arbitrarios como las subidas fiscales realizadas para que el resultado resulte más favorable a algunas regiones.

Y llegan también a las cuestiones formales, el hecho de que se haya acometido a partir de un acuerdo bilateral con ERC, que no se haya contado con las comunidades autónomas a la hora de afinar la propuesta y que finalmente se haya planteado de forma unilateral por parte del Gobierno.

Hay también alguna objeción técnica al articulado del anteproyecto. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, incide en el hecho de que el Gobierno pretenda que la financiación ofrecida por el FLA se vaya a hacer a partir de ahora a precios de mercado, lo que a su juicio inutiliza por completo su valor como mecanismo de alivio fiscal.

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha instado al Gobierno a concretar el principio de que la operación sea neutral a efectos de la regla de gasto, lo que según denuncia Andalucía imposibilita utilizar los ahorros obtenidos a gasto social y según Extremadura «puede provocar disfunciones presupuestarias».