La batida de Hacienda y las autonomías contra las deslocalizaciones ficticias da solo con once casos

Se trata de un relato más sustentado en intuiciones y estimaciones de investigadores que en datos oficiales, de los que es difícil extraer la existencia de un movimiento significativo de contribuyentes por motivaciones fiscales.

La ausencia de evidencias no ha impedido que tanto el Ministerio de Hacienda como un puñado de gobiernos autonómicos hayan decidido destinar más recursos de sus inspecciones de tributos para tratar de «erradicar estas prácticas perniciosas», como las definió la Agencia Tributaria en su plan de lucha contra el fraude del año 2024, que incorporó una nueva línea de trabajo de colaboración reforzada con los servicios tributarios autonómicos para detectar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes de una región a otra.

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Los resultados de esa batida han sido decepcionantes. Las memorias e informes de resultados publicados por las agencias y servicios tributarios de las 15 comunidades autónomas de régimen común y las cuatro haciendas forales sobre su actividad en 2024 solo dan cuenta de once casos de deslocalizaciones ficticias sobre los que se exige un cambio de residencia fiscal a la Agencia Tributaria, todos ellos en Cataluña.

Y ello a pesar de que la AEAT ha puesto a disposición de la administraciones autonómicas una nueva herramienta informática, llamada Zújar, que les permite consultar el patrimonio estimado de los contribuyentes y disponer de una información mucho más afinada a la hora de realizar sus planes de control.

Y no solo eso, sino que como revela el Gobierno de Aragón en el preceptivo informe anual sobre la gestión de su administración tributaria que remite a la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda, es la Agencia Estatal de Administración Tributaria la que ha asumido el Plan de Comprobación del Impuesto de Patrimonio respecto a la detección de «contribuyentes con residencia falseada o simulada para eludir la normativa autonómica».

En ese mismo informe se habla de la existencia de expedientes abiertos por esa causa, pero no se refieren ni sanciones ni solicitudes de cambio de domicilio fiscal por la existencia de irregularidades y lo que sí se dice es que esas actuaciones de comprobación de la residencia habitual de los contribuyentes por parte de la Hacienda estatal suponen la principal fuente de recursos en ese impuesto.

En realidad Hacienda nunca ha mostrado un especial interés por investigar los desplazamientos presuntamente ficticios de contribuyentes de unas comunidades autónomas a otras, básicamente porque resultaban intranscendentes para la recaudación del Estado. La llegada de María Jesús Montero -que ya había abierto una línea de inspección tributaria sobre el asunto en su etapa de consejera andaluza de Hacienda- al Ministerio de Hacienda empezó a cambiar ese enfoque y la creciente preocupación de la Generalitat de Cataluña por el impacto sobre sus cuentas del fenómeno ha terminado de convertir un asunto de gestión autonómica en una de las prioridades de los planes de control tributario de la Agencia Tributaria.

El año pasado la Agencia Tributaria de Cataluña fue el único organismo autonómico que refirió la tramitación de solicitudes para instar a la agenda estatal a modificar la residencia fiscal de contribuyentes presuntamente deslocalizados de manera irregular. Lo hizo, en concreto, en once casos, si bien en paralelo levantó actas por esta causa a 43 contribuyentes por un importe agregado de 8,45 millones de euros.

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En los últimos años, especialmente a partir de 2018, la Generalitat ha levantado en torno a una veintena de actas anuales por esta causa por cuantía que en el mejor de los casos han alcanzado los 20 millones de euros, si bien fuentes de la asesoría fiscal advierten de que estas son recurridas de forma sistemática por los contribuyentes.

Cataluña ha persistido en su empeño, pero otras administraciones autonómicas admiten haber sacado el rastreo de deslocalizaciones ficticias de sus prioridades de control tributario por la falta de resultados. Un alto cargo de la administración tributaria de una de las autonomías más beligerante en este campo reconocía que tras haber abierto decenas de expedientes por indicios de deslocalizaciones ficticias finalmente solo consiguieron regularizar un caso.