La Airef aleja el regreso de los bonos patrióticos de la Generalitat de Cataluña tras la quita de deuda

La Autoridad Fiscal sitúa a Cataluña junto a la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en el escalón más bajo de la nueva situación financiera en la que quedarían las comunidades autónomas de aprobarse la propuesta gubernamental. La institución aclara que bajo las nuevas reglas que pretende instaurar el Gobierno todas las comunidades autónomas de régimen común dispondrán de un espacio para financiarse por sus propios medios a partir del año 2026, según la hoja de ruta original que prevé el anteproyecto gubernamental. Pero también advierte que el Gobierno impondrá una serie de restricciones en términos de instrumentos y límites al endeudamiento privado según la situación financiera de cada comunidad autónoma y, más en concreto, en función de si cumplen dos requisitos básicos: cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria que les imponga el Gobierno y tener un nivel de endeudamiento inferior al 19,5% del PIB.

A grandes rasgos, la cosa quedaría así. Las comunidades autónomas que ya venían financiándose por su cuenta en los mercados, entre las que se cuentan Asturias, Castilla y León, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, podrán seguir haciéndolo, aunque probablemente en mejores condiciones por el menor volumen de deuda y la menor carga de intereses con la que saldrían del proceso. A ellas incluso se les podría unir Andalucía, que hasta este año se venía financiando en parte a través del compartimento estatal de la Facilidad Financiera pero que ya ha avanzado que dejará de hacerlo a partir de 2026.

En un segundo escalón estarían Aragón, Illes Balears, Cantabria y La Rioja, un grupo de comunidades autónomas que si nada cambia cumplirán los dos requisitos que establecería el nuevo marco legal para habilitar su acceso al mercado. A estas el Gobierno les cerrará el acceso al FLA, pero les permitirá financiarse si así lo desean con las favorables condiciones que ofrece el instrumento estatal de la Facilidad Financiera hasta el año 2029 -para cuando está prevista su desaparición- y a las que además se permitirá emitir títulos de deuda, una posibilidad que hasta ahora tenían vetada por recibir financiación del FLA.

Hay dos comunidades autónomas, Extremadura y Castilla-La Mancha, que en principio están en disposición de cumplir el objetivo de déficit pero que aún se situarían por encima de ese umbral del 19,5% del PIB de endeudamiento tras la quita. A ellas el nuevo marco legal les permitirá acceder hasta 2029 a la financiación barata de la Facilidad Financiera y además financiarse sin restricción alguna en el mercado, pero sin poder realizar emisión de títulos de deuda, es decir, a través de préstamos bancarios o de otras fórmulas.

El último grupo es en el que se alinean Cataluña, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que presentan niveles de déficit que superan su objetivo y niveles de deuda por encima del 19,5% del PIB. El nuevo marco regulatorio que plantea el Gobierno asume que la mayor parte de su financiación tendrá que provenir al menos hasta 2029 de la Facilidad Financiera, si bien se les permitirá salir al mercado para cubrir hasta un 10% de sus necesidades financieras con préstamos bancarios u otras figuras diferentes de la emisión de títulos de deuda.

Fuentes de la Autoridad Fiscal admiten que tras las últimas rebajas de rating a la deuda del Estado y de las comunidades autónomas la práctica totalidad de las comunidades autónomas estarían en disposición de salir a los mercados cumpliendo el principio de prudencia financiera que impone el Tesoro Público, que veta la emisión de títulos a las autonomías a las que los mercados les pidan una prima excesiva respecto al Estado para evitar la situación de impago a la que llegaron los títulos de varias comunidades autónomas, con los bonos patrióticos catalanes como gran paradigma, en la gran crisis financiera. Pero ahí entraría la nueva condicionalidad que pretende establecer el Gobierno para vetar el acceso.

El camino de vuelta de Cataluña a los mercados no será sencillo pese a ser una de las regiones más beneficiadas por la operación, ya que le permitirá reducir su deuda sobre PIB en 5,5 puntos (frente al 5% general) y será la tercera más beneficiada en términos de reducción de su deuda per cápita.

Su ratio de deuda sobre PIB se quedará en el 23,8% si sale adelante la quita, muy por encima del 19,5% marcado para poder asomarse a los mercados de capitales, y todavía le queda camino por recorrer para poner sus cuentas en orden para las que este año se espera un déficit del 0,6%, también muy por encima del objetivo del 0,1%.

Fuentes de la Airef sostienen que tras las últimas mejoras del rating soberano de España y de las autonomías prácticamente todas estarían en disposición de financiarse en los mercados a costes razonables, pero el Gobierno ha decidido establecer unos requisitos de prudencia para apuntalar la sostenibilidad de las cuentas a largo plazo.

El análisis de la Airef apunta a que el acceso de las comunidades autónomas a los mercados será progresivo. En un primer momento serían Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria y La Rioja (que cumplen los dos requisitos marcados) las que se sumarían al a día de hoy selecto grupo de regiones que ya cubren sus necesidades financieras de manera autónoma: Asturias, Castilla y León, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. Solo este movimiento supondría ya un salto cualitativo, ya que muchas de ellas tienen vetada esa posibilidad por recibir recursos del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA.

Castilla-La Mancha y Extremadura, que cumplen solo uno de los requisitos, tendrán también la puerta abierta para financiarse por su cuenta, si bien no podrán emitir deuda y deberán limitarse a la financiación bancaria.

Fuentes de la Autoridad Fiscal resaltaban este miércoles que con independencia de la situación en que quede cada autonomía tras la quita es innegable que supondrá una mejora de la posición financiera de todas ellas. Sus cálculos apuntan a un ahorro de intereses que sería de 2.532 millones al año y de 15.657 millones en términos acumulados hasta 2030, mucho más que los 6.700 millones estimados por Hacienda.

El organismo encargado de velar por la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas considera que desde una perspectiva técnica o financiera sería difícil de explicar que una autonomía sobreendeudada se opusiera a una operación que reduce su carga de intereses y mejora su posición financiera. También deslizan que todo esto no tendrá ningún sentido si no se acompaña de una reforma del sistema de financiación autonómica.