La afiliación de empleadas de hogar se hunde y la patronal avisa de economía sumergida

Contratar a una empleada del hogar se ha convertido en un lujo para muchas de ellas. Las sucesivas subidas del salario mínimo (SMI), del 54% desde que gobierna Pedro Sánchez, y el aumento de las cotizaciones están estrangulando los bolsillos. Contratar hoy a una trabajadora del servicio doméstico a jornada completa tiene un coste superior a los 1.500 euros mensuales.

Hay que tener en cuenta que al salario mensual se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso es del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la propia empleada de hogar y que se resta en la nómina. Como ocurre de forma general, el empleador y trabajadora también pagan el mecanismo de equidad (MEI) para afrontar las pensiones y desde 2022 las empleadas de hogar se rigen por un nuevo marco normativo que incluye, entre las principales novedades, la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa.

Muchas familias y pensionistas, sobre todo, han optado por modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, han tenido que despedir ante una espiral de costes que no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe.

La Asociación Española de Servicios Profesionales y Domésticos (Aespd) ha reclamado al Gobierno que apoye a las familias para que contraten. Sobre el descalabro de afiliación augura que seguirá. «No parece tener remedio de no haber ninguna medida que incentive las contrataciones, a través de medidas que incrementen tanto las bonificaciones de la Seguridad Social, como las desgravaciones fiscales».

La patronal denuncia que las medidas de mejora laboral que está implementando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a raíz de la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente, «se está requiriendo a las familias unas cargas, tanto económicas, como derivadas del cumplimiento de las nuevas obligaciones, de manera unilateral, sin tener en cuenta su condición de familia o persona particular, con las limitaciones que esto conlleva, tanto a nivel presupuesto como de medios para poder hacer frente a esta nueva situación».

Aespd alerta de la economía sumergida tras recordar que el sector de empleadas de hogar tiene uno de los niveles más elevados. Por ello instan al Gobierno a que el colectivo «debe ser objeto de una mirada integral que abarque a todos los actores implicados y que al redactar sus normativas se tenga en cuenta -dicen- el impacto que van a tener tanto en aquellos sujetos receptores directos de la nueva regulación, pero igualmente a aquellos que van a ser destinatarios colaterales de la misma, y sobre todo, cuando estamos ante un sector tan sensible como es el de los servicios de cuidado y apoyo en los hogares que requiere nuestra sociedad».

Y a las puertas están nuevas reglas para el servicio doméstico, según la hoja de ruta que ha diseñado Díaz. Como ya informó ABC, ha elaborado un decreto que refuerza los derechos de las trabajadoras en actividades relacionadas con la prevención y frente a situaciones de violencia y acoso en el hogar, incluida la sexual y por orientación de género, que promete estar entre las reformas más polémicas de la ministra.

Como idea principal, las personas que contraten a una empleada del hogar deberán realizar una evaluación inicial de los riesgos que existen para la seguridad y salud de la trabajadora, «teniendo en cuenta, con carácter general, las características de la actividad y de las personas empleadas». Para ello, pondrá en marcha una herramienta gratuita online que realizará ese diagnóstico. El decreto precisa que «el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no deberán recaer en modo alguno sobre las personas trabajadoras», y también se asegura que los empleadores podrán concertar profesionales externos, «operaciones de seguro que tengan como finalidad garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo domésticos».