El activismo fiscal de las comunidades autónomas regula ya más de 300 deducciones en el IRPF

Son solo algunos ejemplos de la decena de nuevos incentivos fiscales que los gobiernos autonómicos han aprobado de cara a 2024 y que han elevado por primera vez la cifra total de las deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta por encima de los 300, hasta los 303, en concreto.

De un tiempo a esta parte las comunidades autónomas se han sumado con entusiasmo a la práctica habitual de los gobiernos centrales de recurrir a deducciones fiscales cuando quieren visibilizar su compromiso con alguna política o colectivo concreto. Se trata de una medida efectiva y no especialmente costosa.

Noticia Relacionada

El PP rebaja hasta 350 euros el IRPF a las clases medias en sus autonomías

Bruno Pérez

Los datos recopilados por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) de las estadísticas oficiales revelan que las 265 deducciones fiscales autonómicas que estaban vigentes en el año 2021, último del que hay datos detallados, se tradujeron en un ahorro fiscal de algo más de 2.000 millones de euros para algo más de dos millones de contribuyentes, generando una alivio fiscal medio de 242 euros por contribuyente.

El abanico de situaciones que se cubren es amplísimo, revela marcadas peculiaridades regionales y no ha dejado de crecer en los últimos años (ver gráfico).

Si en los primeros años en que las comunidades autónomas empezaron a hacer uso de su capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta, todas las desgravaciones se concentraron en un puñado de situaciones muy concretas: nacimiento de hijos, cuidado de ascendientes, descendientes o personas con discapacidad, alquiler de vivienda habitual o la compra de acciones y participaciones en empresas locales; con el paso de los años las actuaciones regulatorias en el impuesto se han ido sofisticando.

A día de hoy, el radio de acción de las deducciones fiscales autonómicas abarca aspectos tan diversos como las donaciones realizadas a instituciones de defensa de la lengua (Cataluña), la compra de bicicletas de pedaleo no asistido (La Rioja), los intereses a pagar por préstamos para cursar estudios de posgrado (Cataluña y Madrid), la factura del gas y la luz de los jóvenes emancipados (La Rioja) o los gastos del gimnasio (Comunidad Valenciana y La Rioja).

Su evolución también ha sido sensible al signo de los tiempos. Los incentivos fiscales al autoempleo o la aceptación de puestos de trabajo que implicaran movilidad geográfica u ocupación de vacantes, que hicieron fortuna en los años de la burbuja, prácticamente desaparecieron del mapa tras la gran crisis financiera, para volver a reaparecer con fuerza en los últimos años. Las deducciones a la compra de vivienda han dejado paso progresivamente a las ayudas fiscales sobre los gastos en alquiler habitual e incluso a nuevos incentivos para que los caseros pongan su vivienda en el mercado.

Del mismo modo, con el paso de los años las ayudas a familias monoparentales o familias numerosas que eran puntuales hace una década, ahora están generalizadas; y cada vez se ven más desgravaciones fiscales orientadas a la lucha contra la despoblación, la colocación de instalaciones de energías renovables o el abaratamiento de los gastos en servicios del hogar.

No todas las comunidades autónomas han utilizado esta opción con la misma intensidad. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, la Comunidad Valenciana es la más activa con nada menos que 35 desgravaciones fiscales vigentes, mientras que en sentido contrario es Cataluña la que menos deducciones tiene activas, solo una decena.

La escasa actividad de la Generalitat a la hora de regular incentivos fiscales contrasta con su fenomenal activismo a la hora de aprobar impuestos propios. En Cataluña operan once de los 59 impuestos propios que han regulado las comunidades autónomas.

Y estos constituyen apenas una pequeña parte de las cerca de un millar (991) de modificaciones regulatorias que los gobiernos regionales han introducido en uso de la capacidad normativa que les da la legislación. Una situación que a juicio del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, configura «un galimatías espectacular que no tiene ninguna ventaja ni para los contribuyentes, ni para las administraciones tributarias que lo tienen que gestionar».