Vista de la central térmica de Aboño (Gijón)
Vista de la central térmica de Aboño (Gijón) - Efe
Economía

Los últimos pozos de carbón, condenados por la «transición energética» de Sánchez

España ha pasado de tener 46.000 mineros a a poco más de 2.000 tras 30 años de fracasada reconversión

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En 1989, las minas españolas de carbón daban trabajo a más de 46.000 personas; ahora no quedan ni 2.200 mineros, y la mitad están a sueldo del sector público porque trabajan en la histórica Hunosa (Hullera del Norte), perteciente al cien por cien a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Hace décadas que el carbón entró en un declive profundo y acelerado, ininterrumpido. Desde hace años, esa decadencia transita por una agonía que parece sin remedio. Y, ahora, el yugo impuesto a las centrales térmicas que queman carbón autóctono pone el resto, puntilla letal que acelerará la muerte de las minas de carbón en España.

La «transición energética» que da nombre al ministerio de nuevo cuño incubado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado al carbón en el precipicio definitivo. La apuesta del Ejecutivo ha puesto fecha de cierre a la mitad de las centrales térmicas que hay en España. Y, sin ellas, extraer carbón dejará de tener sentido.

Este tipo de centrales proliferaron al calor de las cuencas mineras españolas. Térmicas y pozos de carbón han acostumbrado a compartir vecindad por una elemental cuestión de reducción de costes -evitarse el gasto de transportar el combustible a quemar para producir electricidad-. De ahí que sin centrales en las que quemarlo, el carbón autóctono no se seguirá extrayendo. Por eso el ecologismo abanderado por el Gobierno de Sánchez con las térmicas supone la puntilla a la minería del carbón en España.

Promesas que no convencen

El asunto genera revuelo político, también tensiones dentro del propio PSOE, porque compromete a «barones» socialistas que gobiernan regiones con térmicas y minas de carbón -caso de Aragón y Asturias-. En esas zonas, la anunciada «transición energética» está generando quejas crecientes y mucha incertidumbre.

Los que apuestan por el fin del carbón tratan de calmar los ánimos de los directamente afectados prometiendo planes, inversiones y ayudas para la reconversión económica de esos municipios que se enfrentan a un futuro complicado sin las minas o las térmicas -o ambas dos-. Pero esas promesas son las mismas que llevan escuchando desde hace treinta años en las cuencas mineras españolas, idéntica música de una partitura a la que no dan crédito alguno. La desconfianza está justificada: los planes de reconversión puestos en marcha hace tres decenios no han servido realmente para generar actividades productivas alternativas; el cierre de las minas de carbón no se ha visto compensado, y en las cuencas mineras lo que predomina es el declive económico y demográfico.

Desiertos económicos

Desde 1990, los sucesivos gobiernos han mantenido líneas permanentes de ayudas ligadas a la reconversión minera. Parte fueron para invertir en infraestructuras con las que hacer más atractivas esas comarcas y atraer inversiones productivas con las que suplir a las minas. Otra parte son ayudas a la extracción de carbón. Y las ha habido también para fomentar prejubilaciones.

Entre todas esas líneas de ayuda, se calcula que en 30 años, hasta el ejercicio pasado, se llevaban gastados unos 28.000 millones de euros de dinero público para alimentar esos planes de la minería del carbón. A simple vista, la desproporción es enorme entre ese caudal consumido y el resultado obtenido. Pese a tanto dinero, allí donde desapareció el carbón lo que suele abundar es el declive, cuando no el desierto económico y demográfico.

De esto saben bien en las zonas mineras de Teruel. En esta provincia, el carbón da nombre a una de sus comarcas, la de las Cuencas Mineras. Esta zona tiene su capital en Utrillas, una localidad que en medio siglo ha perdido al 65% de su población. Cierre de minas y sangría demográfica han ido de la mano, pese a tanta promesa, tanto plan y tantos millones públicos para la reconversión.

En esta porción de Aragón, con pocos habitantes y cada vez más envejecidos, el presente es complicado y el futuro está lleno de nubarrones. Tal es el problema que, hace quince años, el gobierno comarcal creó unos «cheques bebé» con los que premiar a las parejas jóvenes que residan en alguno de sus pueblos y traigan un niño al mundo. Son unos 300 euros por alumbramiento, que la administración comarcal paga a los padres el año que nace el niño. A esa cantidad, varios ayuntamientos de la zona suman otra ayuda añadida para complementar y hacer más lustrosa la subvención comarcal. Esfuerzo municipal añadido para intentar que la natalidad se anime donde hace tiempo que escasea peligrosamente. Hacen falta niños con urgencia. Y, pese a los incentivos, la deriva demográfica no corrige el rumbo.

Dinero público en entredicho

El problema de fondo es que no hay empleo, según reconocen en el gobierno de esta comarca turolense. Sin puestos de trabajo no se fija población. Y, sin jóvenes, el desierto demográfico está garantizado.

Allí, tantos millones y tantas promesas durante tantos años no han surtido efecto. No para compensar el cierre de las minas de carbón. Entonces, ¿para qué ha servido tanto dinero público? Han empezado a cundir las voces que exigen una auditoría para respnoder a esa pregunta, para escudriñar en qué se han ido esos casi 30.000 millones de euros en treinta años. Ciudadanos insiste en reclamar esas investigaciones. Lo ha planteado en varias comunidades autónomas de fuerte tradición minera, entre ellas Aragón.

«Esas subvenciones públicas tenían por objeto cambiar la dependencia del carbón por una diversificación industrial y por una creación de empleo que no han tenido lugar», critica la portavoz aragonesa de Cs, Susana Gaspar. En esta tierra, el dinero público ha aterrizado por diversas vías y con diversos nombres: Plan Miner, Fondos Reindus o Fondo Especial de Inversiones de Teruel.

En Aragón había más de mil mineros del carbón en 1999; ahora solo quedan un centenar. Tras las minas que cerraron y los empleos destruidos, ha quedado un desalentador panorama socioeconómico en esos municipios que antaño vivieron y prosperaron al calor del carbón.

León, otro botón de muestra

En los pueblos mineros de León, junto con Asturias el otro gran escenario del sector carbonífero nacional, la realidad es muy similar. «Es un panorama que se repite en las zonas mineras que perdieron el carbón y a las que se les prometió una reconversión y una industrialización no se han cumplido», explica a ABC Jorge Díez González, responsable de Minería de UGT en Castilla y León. Es natural de Sorbeda de Sil, una pequeña población de la zona minera leonesa. Su padre entró en la mina con 14 años, tras quedar huérfano, y el hijo siguió sus pasos décadas después. «Se ha hablado mucho de reconversión y ahora vuelven a vendernos más de lo mismo, nos dicen que va a ser una transición energética justa, que el empleo que se pierda por la desaparición del carbón se va a compensar por exceso con otras actividades; pero nosotros no nos creemos nada de ese cuento», explica.

Su escepticismo está respaldado por la experiencia palpada en su tierra en los últimos treinta años. «El cierre de minas ha provocado una despoblación brutal». Ya no queda nada de aquel próspero pasado del Bierzo, cuando las minas de carbón dejaban riqueza y vitalidad. «Hay pueblos que han quedado hundidos, localidades en las que ya no hay tiendas, no hay farmacia, no hay escuela y cierran hasta los últimos bares», afirma. Él lo tiene claro: el plan para acabar con el carbón, si se consuma con la celeridad que dibuja el plan del Gobierno, «supondrá la desaparición literal de muchos pueblos mineros» que aún se esfuerzan por subsistir, pese al declive acumulado.

¿Y qué han dejado esos multimillonarios planes de reconversión? «Aquí se hizo prácticamente un polígono industrial en cada pueblo, se construyeron pabellones, se invirtió algo en carreteras, en infraestructuras locales… Pero la realidad es que no ha surgido un tejido industrial alternativo al carbón y el hundimiento demográfico ha sido tremendo», afirma el sindicalista y minero Jorge Díez, que es de los convencidos de que es un error condenar al carbón, prescindir de él, cerrar centrales térmicas y sacrificar las minas que quedan. Centrales térmicas, por cierto, que se nutren muy mayoritariamente de carbón de importación. El año pasado consumieron unos 22 millones de toneladas de carbón en total; de ellas, 19 llegaron del extranjero.