'Trampas' en la nueva jornada laboral para funcionarios: tendrán que pagar los costes del teletrabajo hasta 2024

En primer lugar, cabe destacar que se trata de una medida incluida dentro del Plan de ahorro y eficiencia energética que prepara el gabinete de la ministra María Jesús Montero para aliviar los gastos que soporta la administración por el funcionamiento de sus diferentes centros de trabajo. Es decir, el incremento de los costes, principalmente de la energía, apuntalado por la guerra en Ucrania ha terminado por acelerar la aprobación de este decreto que regula la nueva jornada laboral de los funcionarios, y que se espera tenga un reflejo de ahorro en la factura de suministros y mantenimiento que soporta la Administración General del Estado .

El componente del ahorro en esta posibilidad de teletrabajar hasta tres días semanales pesa en el acelerón que el Gobierno ha imprimido para la aprobación de la medida de forma inminente, que cuenta ya con meses de retraso desde que se abordara por vez primera con el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta , en abril del pasado ejercicio. Pero, además, desde que la ministra de Hacienda asumiera las riendas de le negociación con los sindicatos ya ha transcurrido medio año sin noticias sobre el texto que deberá debatir el Congreso tras la ratificación en Consejo de Ministros del denominado 'Proyecto de Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración del Estado'.

Sin embargo, según ha podido saber ABC por fuentes cercanas a la negociación, el texto que ya descansa en los cajones de La Moncloa a expensas del refrendo del Ejecutivo recoge modificaciones sobre el acuerdo inicial alcanzado con CSIF hace ahora un año. Entre las novedades principales, el Ministerio de Función Pública obliga a los organismos públicos a sufragar los medios para el teletrabajo de los funcionarios, pero con un matiz: los trabajadores tendrán garantizado el material en 2024. Hasta entonces, los costes derivados del empleo en remoto correrán a cargo de los empleados.

«Los empleados que quieran acceder al teletrabajo en los dos primeros años tendrán que pagarse los medios necesarios para ello», apuntan estas fuentes. Además, otro de los puntos incorporados una vez vencido el periodo de audiencia pública de la ley, es que solo podrán acogerse a este modelo de jornada laboral los empleados públicos que tengan al menos seis meses de antigüedad .

Del mismo modo, en las últimas versiones del texto que regulará el teletrabajo en la Administración Pública se permite hasta un 90% de empleo remoto al mes para quienes trabajen en la 'España vaciada' . Aquí, el Gobierno plantea incentivos para que los trabajadores públicos de las zonas más despobladas permanezcan en sus puestos y no se fomenten los traslados entre territorios que ahonden en el problema demográfico del entorno rural.

Así, el acuerdo es la potenciación del teletrabajo para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la ' España vaciada ', así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida (por ejemplo, el caso de las Islas Baleares). En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, o lo que es lo mismo, se podrá teletrabajar 20 días de los 22 días laborables.

Sin embargo, al margen de las excepciones incluidas en la ley para la 'España vaciada', el Gobierno incrementa la discrecionalidad con la que se concederán estas tres jornadas de teletrabajo. Así, los tres días de teletrabajo «no serán con carácter general», apuntan las fuentes.

De hecho, es a la Comisión Superior de Personal a quien se encomienda la determinación de qué puestos pueden teletrabajar. Aquí, según ha podidos saber ABC, los trabajadores públicos temen que la Mesa General de Negociación de la AGE quede en agua de borrajas y que el Gobierno lleve a dicho foro una solución prefabricada sin diálogo previo con el colectivo afectado.

Recientemente, CSIF apuntaba que entre los más de 230.000 potenciales beneficiarios de la nueva jornada laboral para los funcionarios se encuentran personas al servicio de ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entre otros.