Los interinos con más de cinco años en su puesto podrán ser funcionarios sin opositar

El documento del pacto recoge en la disposición adicional sexta del proyecto de ley que regula la estabilización de los interinos que el acceso a puesto de funcionario será por concurso de méritos. «Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 », reza el texto, y añade: «Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma».

Este acuerdo modifica sustancialmente el acuerdo al que se llegó hace varios meses por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para sacar adelante el decreto contra la temporalidad en la administración. Miquel Iceta, entonces ministro del ramo, pactó con CSIF, CC.OO. y UGT un proceso masivo para estabilizar a 300.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024 , pero finalmente la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados, ya con Montero en la cartera, obligó a hacer ciertas concesiones.

Es por ello que el Gobierno cedió a las presiones de los socios de investidura y permitió que los interinos con más de 10 años en su puesto pudieran convertirse en funcionarios sin tener que opositar. Ahora, durante la tramitación del decreto como proyecto de ley, se cambia esa fecha y se reduce a más de 5 años.

Fuentes sindicales, por su parte, explican que aún tienen que ver la letra pequeña de este acuerdo. En suma, comprobar en qué termina todo. « Los sindicatos firmamos un acuerdo con Función Pública que por primera vez restringe y sanciona a las administraciones que abusan de la temporalidad; un acuerdo que valora la experiencia adquirida y que contempla indemnizaciones. Ahora le toca al Congreso legislar. Hasta que no concluya la tramitación preferimos ser prudentes», indican.

En este sentido, exigen celeridad en la tramitación de la norma y seguridad jurídica. « La temporalidad se ha disparado al 32 por ciento , diez puntos por encima del sector privado y las administraciones siguen abusando y generando situaciones injustas. Ya estamos viendo por ejemplo cómo están despidiendo a miles de personas en la sanidad que contrataron en su día por el Covid. Los empleadas y empleados públicos se merecen más respeto. Nos gustaría que los partidos también hablaran de esto en el Congreso», añaden estas mismas fuentes.

Así las cosas, este compromiso viene de lejos. Bruselas ha venido tirando de las orejas a España en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad del sector público, superior que en el privado, con tasas de más del 30% de eventuales, sobre todo en sanidad y educación. Y también los varapalos judiciales han empujado al Ejecutivo a evitar el abuso con los interinos.

El objetivo es que la temporalidad en la administración baje del 8% –una meta que se debía haber cumplido para 2020, según el acuerdo que firmó el anterior Ejecutivo con los sindicatos en 2018– para situarse en la media comunitaria, siendo esto además uno de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en el plan de recuperación de cara a la llegada de los fondos europeos.