El Supremo continuará mañana el debate sobre la polémica de las hipotecas

En concreto, los jueces deben decidir si confirman, revocan o matizan la sentencia en la que establecieron que es la entidad financiera, y no el cliente, quien debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por la escritura de la hipoteca ante el notario. Ese fallo, que se conoció el 18 de octubre, supuso un giro en la doctrina del Supremo y provocó un desplome de la banca en Bolsa, que ese día perdió 6.000 millones de euros.

Durante el pleno de este lunes, la decisión ha dividido al Alto Tribunal. Durante las siete horas que ha durado el encuentro, los jueces han mostrado posiciones enfrentadas y han debatido con intensidad qué medida adoptar. Un total de 28 magistrados han acudido al pleno, tres menos de los previstos . Entre los ausentes, según informan fuentes jurídicas, uno tenía un viaje, otro preside la Junta Electoral Central y otro tiene dos hijos con viviendas de protección en Rivas-Vaciamadrid, con lo que ha considerado pertinente no intervenir en la decisión.

Mientras, la banca ha registrado un día relativamente tranquilo en Bolsa. Bankia (1,8%), Caixabank (0,84%), BBVA (0,83%), Sabadell (0,5%) y Bankinter (0,35%) han registrado ganancias dentro del Ibex. Únicamente ha caído Santander, y lo ha hecho por un exiguo 0,63%.

Lo previsible es que este martes los magistrados corroboren el criterio de la sentencia en cuestión, cuya aplicación al caso que resolvió no es revisable al tratarse de una decisión firme. Pero el pleno sí puede estudiar la doctrina general y se espera que defina el alcance temporal de la decisión. Esto marcará quien tiene derecho a reclamar, lo que modulará el « golpe » a la banca.

El escenario más esperado sería que la nueva doctrina afecte –además de a las hipotecas firmadas a partir de ahora– también a todas aquellas suscritas en los últimos cuatro años. Esto se debe a que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados tiene ese plazo de prescripción. La agencia de calificación Moody’s ha cifrado en 2.300 euros la factura en dicha hipótesis.

Si hubiera retroactividad total –si pudieran reclamar todos los que han firmado un crédito para comprarse una vivienda–, algo improbabe, la «cuenta» ascendería hasta los 29.200 millones, según estimaciones del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha).

Los expertos consultados explican que, sea cual sea la decisión final del Alto Tribunal, se espera una avalancha de reclamaciones. Pese a que el Supremo determinara que no hay retroactividad y que es a partir de ahora cuando se cambia el criterio, habrá reclamaciones por la vía contencioso administrativa pero también por la civil.