El Tribunal Supremo dividido retoma esta tarde el debate sobre el impuesto de las hipotecas

Al pleno que resolverá quién debe asumir el pago del impuesto de las hipotecas (los bancos o los clientes) han acudido 28 magistrados. Tres de los jueces del pleno se han ausentado, según han informado fuentes jurídicas: uno por viaje; otro porque preside la Junta Electoral Central; y otro porque dos hijos suyos tienen una vivienda de protección en Rivas-Vaciamadrid, con lo que ha considerado pertinente no intervenir en la decisión. Los magistrados han expuesto sus posiciones en una primera ronda de debate, según fuentes jurídicas, y buscan ahora concretar la decisión conjunta.

La decisión está en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo , formado por 31 magistrados, que no tienen por qué alcanzar hoy una conclusión. Los jueces deben decidir si confirman, revocan o matizan la sentencia en la que establecieron que es la entidad financiera, y no el cliente, quien debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por la escritura de la hipoteca ante el notario. Ese fallo, que se conoció el 18 de octubre, supuso un giro en la doctrina del Supremo y provocó un desplome de la banca en Bolsa, que ese día perdió 6.000 millones de euros.

Lo previsible es que los magistrados corroboren el criterio de la sentencia en cuestión, cuya aplicación al caso que resolvió no es revisable al tratarse de una decisión firme. Pero el pleno sí puede estudiar la doctrina general y se espera que defina el alcance temporal de la decisión. Esto marcará quien tiene derecho a reclama r, lo que modulará el «golpe» a la banca.

El escenario más esperado sería que la nueva doctrina afecte –además de a las hipotecas firmadas a partir de ahora– también a todas aquellas suscritas en los últimos cuatro años. Esto se debe a que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados tiene ese plazo de prescripción. La agencia de calificación Moody’s ha cifrado en 2.300 euros la factura en dicha hipótesis.

Si hubiera retroactividad total –si pudieran reclamar todos los que han firmado un crédito para comprarse una vivienda–, algo improbabe, la «cuenta» ascendería hasta los 29.200 millones, según estimaciones del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha).

El sector financiero considera que en cualquier caso el buzón de las reclamaciones debe ser Hacienda, al argumentar que ha sido la Agencia Tributaria quien ha cobrado el dinero del impuesto, que está cedido a las autonomías. Los bancos aguardan con cautela la posición que fije el Supremo, y las asociaciones de consumidores cuestionaron la credibilidad de la Justicia si el Supremo da marcha atrás.

El debate –en un asunto que provocó la intervención del presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes– se prevé vehemente y podría incluso continuar mañana. El pleno fue convocado por el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, que lo consideró necesario para atajar la incertidumbre . Los magistrados analizarán tres sentencias: la conocida, que dio la razón al cliente, y otras dos en la misma línea. Las tres resolvían recursos de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas -Vaciamadrid, un ayuntamiento madrileño gobernando por Somos Rivas, la marca de Podemos. El gravamen del impuesto varía según la región y la cuantía de la hipoteca, entre un 0,5% y un 1,5%.