Los sueldos públicos se disparan y ya le cuestan a cada hogar 7.000 euros al año

La gran crisis que estalló en 2008 pilló al sector público español con un desbocado gasto de personal que se había ido disparando sin freno durante décadas. Baste un ejemplo: en el sexenio 2003-2008, ese coste se incrementó en un 59% . En 2009, ajenas por completo a la crisis que ya caía a plomo, la Administración española continuó engordando y, en solo doce meses, aumentó sus costes de personal en más de 7.000 millones de euros. Tal fue la dinámica de desenfreno en la que se había instalado que, como si de unenorme bólido se tratara, cuando tuvo que pisar el freno se eternizó su derrape. La tijera no hizo efecto visible hasta 2011, y con un recorte discreto. Cuando se notó realmente fue en 2012, año que incluyó el pasajero impago de la extra de navidad entre los empleados públicos.

Pero la Administración pronto se olvidó del ajuste. De hecho, aún no había pasado la crisis cuando el gasto de personal volvió a engordar con soltura . En 2013 ya aumentó en más de mil millones de euros respecto a 2012, en 2014 se sumaron otros 500 millones de sobrecoste, 4.150 millones más en 2015, 2.100 millones extra en 2016...

Hasta que la crisis forzó a recortar el gasto de personal en el sector público, su nómina récord fue la de 2009, 125.564 millones de euros. Pero aquella cifra ya se ha vuelto a sobrepasar ampliamente con los 127.017 millones de euros a que ascendió el gasto de personal de las administraciones en 2018, fruto de esa acelerada escalada en la que vuelven a estar inmersas desde hace años. De 2012 a 2018, el coste de personal de las administraciones ha crecido un 11,5%: en 2018 el sector público se gastó en sueldos 13.092 millones de euros más que en 2012 .

La Administración Local -los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares- es la que más ha aumentado sus costes de personal en el último decenio . Entre 2008 y 2018, han incrementado su gasto salarial un 21,9%. Les siguen de cerca las administraciones autonómicas , con un repunte del 20,2%, lo que tiene un gran impacto, ya que el sector público autonómico es el que tiene más plantilla -las CCAA tienen las competencias de Sanidad y de Educación, servicios públicos muy intensivos en mano de obra-. En la Administración General del Estado, sin embargo, el repunte ha sido mucho más discreto, del 10,7% entre 2008 y 2018, mientras que en la Administración de la Seguridad Social ha sido únicamente del 4,3%.

En el último ejercicio (2018), las administraciones autonómicas se gastaron un total de 77.395 millones de euros en sueldos, 23.937 millones la Administración General del Estado, prácticamente otro tanto las entidades locales -23.151 millones- y la plantilla de la Seguridad Social consumió 2.534 millones de euros.

El personal a nómina del sector público es tan amplio como heterogéneo: hay tanto funcionarios como contratados en régimen laboral ordinario; los hay tanto fijos como interinos; hay eventuales de designación política que acompañan a la nutrida lista de altos cargos y políticos en puestos gubernamentales; y a todos ellos se añaden los directivos de empresas y entes públicos, que a su vez suman también un abultado colectivo de empleados públicos. En su conjunto, todos esos sueldos y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social se tragan el 10,5% del PIB español . En 2010 era algo más, el 11,6% del PIB, pero no porque el gasto fuera mayor que ahora, sino porque la crisis había adelgazado la renta nacional.

La escalada del gasto de personal en el sector público se ha producido tras años en los que las administraciones autonómicas y locales han engordado sus plantillas y el salario agregado de sus efectivos. Frente a ellas, la Administración central transita por una senda mucho más discreta.

En cualquier caso, el coste agregado lleva años creciendo con fuerza y está alcanzando cifras indigestas para un sector público que sigue anclado en un endeudamiento creciente porque, pese al crecimiento económico, continúa gastando muy por encima de sus posibilidades. El doctor en Economía y presidente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, Juan Velarde , es de los que cree que urge adelgazar el gasto de personal de las administraciones españolas. «Es un problema muy serio» , afirma tras achacar a los intereses partidistas y electorales la tendencia a engordar las plantillas públicas y el correlativo gasto en sueldos.

A su juicio, el nivel al que ha llegado ese coste de personal «obliga a un replanteamiento muy serio, porque encierra una ineficacia económica preocupante que, para resolverse, exige que se tomen decisiones a muy alto nivel y afrontar cambios necesarios en las estructuras de ayuntamientos, diputaciones, de comunidades autónomas...», de todo ese múltiple entramado que conforma el sector público español. Juan Velarde insiste en que urge adelgazar la estructura pública y sus costes de personal para evitar riesgos económicos que pueden llegar a ser muy severos.

Desde los sindicatos del sector público, por su parte, creen que la escalada de los gastos de personal está estrechamente relacionada a lo que cobran las extensas estructuras de políticas que lideran el sector público . Desde el sindicato CSIF piden que haya más transparencia para saber claramente la distancia salarial que hay entre la media del empleado público de carrera y los altos sueldos de los cargos políticos o de designación política. Así lo indica el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Camarillo , quien asegura que «en las administraciones públicas españolas hay muchos sueldos de entre 1.000 y 1.200 euros netos al mes, sobre todo en la Administración General del Estado».

Camarillo critica la «alta tasa de temporalidad que se da en el sector público, un 26,8% del total de la plantilla, frente al 25,6% de la empresa privada». Y urge a que se elabore «un plan de recursos humanos (RRHH) que defina claramente cuántos efectivos debe tener el sector público y en qué servicios prioritarios han de concentrarse, porque nosotros defendemos que se han de salvaguardar los servicios públicos con eficacia, y eso pasa por que no haya ni un trabajador más de los necesarios, pero tampoco ni uno menos de los precisos». A su juicio, quizás el problema no sea tanto la plantilla global como su distribución entre los distintos sectores de la Administración. Y apunta que el porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados es «mucho menor» en España que en Francia o en los países nórdicos.