España ha sumado 300.000 funcionarios en cinco años y vuelve a cifras de récord

Estas son algunas de las realidades que acompañan, desde 2014, el nuevo «boom» que está viviendo el empleo público. Un fenómeno que se ha acelerado en los últimos meses, marcados por la agenda electoral. El repunte está siendo tan intenso que ha llevado a España a contar, de nuevo, con cifras de funcionarios muy similares a las de los récord que se dieron cuando el Gobierno tuvo que apresurarse a poner a dieta al sector público en los años de la crisis -que puso al desnudo los excesos en los que habían incurrido las administraciones-.

En estos momentos, España tiene más de 3,2 millones de empleados públicos . La cifra exacta no puede darse porque, aunque resulte sorprendente, en nuestro país es imposible saber cuántos hay a sueldo de las administraciones públicas y de sus múltiples recovecos -fundaciones, empresas públicas, consorcios, entes de derecho público...-.

No hay un registro certero, oficial y omnicomprensivo de los efectivos que tiene el sector público español. Por eso, la fuente más fiable es la que arroja la EPA, pese a que se trata de una encuesta y que, como tal, su resultado no deja de ser una aproximación estadística que lleva implícito cierto margen de error. Pero no hay otra forma mejor de saber cuántos asalariados tienen las administraciones españolas,

La EPA viene a salvar ese déficit de transparencia -y de control- que arrastra el sector público español a la hora de contabilizar a sus efectivos. Y, pese a las limitaciones demoscópicas, esta encuesta del INE permite disponer de una serie homogénea con la que analizar cómo evoluciona la cifra de empleados públicos trimestre a trimestre, año tras año.

En el último quinquenio, esa evolución ha sido espectacular: las administraciones españolas han sumado otros 293.000 asalariados, y la tendencia suma y sigue. Los gobiernos autonómicos son la gran locomotora de ese aumento, líderes absolutos del acelerado aumento del funcionariado que se está produciendo otra vez en España.

Según la última EPA, España ya anda por los 3,21 millones de empleados públicos. Son casi 300.000 más de los que había antes de que comenzara la crisis de 2008. De nuevo, cifras de récord, muy similares a las que se alcanzaron en 2011, cuando España se vio forzada a adelgazar su gasto público y a meter la tijera en los costes de personal, apremiada por Europa y atosigada por la prima de riesgo. Aquel ajuste fue tardío y fugaz: el sector público español empezó a aligerar sus plantillas cuando el sector privado ya llevaba tres años apretándose el cinturón, y las administraciones volvieron a sumar efectivos en 2014, en cuanto la economía acabó con la recesión.

Este nuevo «boom» del empleo público que se está produciendo desde hace cinco años tiene dos notas características: la primera, que se concentra en su inmensa mayoría en las administraciones autonómicas; y, la segunda, que se está haciendo a base de sumar interinos, no con plazas de carrera cubiertas por oposición reglada .

De los 293.100 efectivos que ha sumado el sector público español en estos cinco años, 230.000 han sido contratados por las autonomías, mientras que las corporaciones locales -ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares- han engordado con otros 57.000 asalariados. La Administración estatal, incluyendo a la Seguridad Social, ha aumentado de forma mucho más discreta, al sumar unos 9.000 efectivos en cinco años.

Esta escalada del empleo público liderada por los gobiernos autonómicos se está haciendo, además, a base de una masiva incorporación de interinos. De esos 293.100 efectivos que ha incorporado el sector público español durante el último quinquenio, 283.200 son interinos, frente a solo 9.900 funcionarios de carrera o contratados fijos, con plaza en propiedad.

Desde el ejercicio 2014, el empleo interino en el sector público español se ha disparado un 49% , mientras que el de personal de carrera lo ha hecho en apenas un 0,4%. Como consecuencia, se ha incrementado también notablemente la tasa de temporalidad en las administraciones públicas. En estos momentos, según la EPA, el 27% del empleo público que hay en España es de tipo interino, cuando hace cinco años esa tasa apenas llegaba al 20%.

Esta expansión del funcionariado, apuntalada desde los distintos gobiernos, es cuestionada por algunos expertos que alertan de las consecuencias que tiene en la escalada del gasto público estructural, del déficit y del consiguiente endeudamiento . «Puede ser un riesgo para la economía», afirma el profesor Juan Velarde , economista y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Indica que contrasta el hecho de que España vuelva a incrementar el empleo público a cifras de récord en un momento en el que «en el mundo occidental cunden las corrientes que apuntan a lo contrario, a que lo privado asuma la prestación de funciones públicas» en aras a conseguir una mayor eficacia en términos de coste y rendimiento colectivo. «Crear empleo público atrae voto y genera puestos de trabajo, pero es un error en un momento en el que tenemos un enorme problema con la déficit de las cuentas públicas y de la deuda, un problema que se debe afrontar frenando la estructura del gasto público, no aumentándola», afirma Velarde.

«Estamos en un momento muy delicado, en el que es peligroso ampliar el empleo público porque ¿con qué lo pagamos?» , indica Velarde. Y advierte que el recurso de disparar la presión fiscal para aumentar la recaudación y enjugar el aumento del gasto público tampoco es una solución recomendable, porque los impuestos pueden subir solo hasta un cierto límite a partir del cual está demostrado que cae su rendimiento, porque un aumento excesivo de la presión fiscal frena la actividad económica y perjudica al tejido productivo». Es lo que describe la denominada «curva de Laffer», explica el profesor Velarde. «Y sucumbir a la curva de Laffer es un problema enorme», subraya. De ahí que haya que contener el gasto público para cuadrar las cuentas, algo a lo que no contribuye precisamente la expansión del empleo público. Hay que tener en cuenta que los gastos de personal son, junto al coste de la deuda, uno de los grandes bloques del gasto presupuestario que soporta actualmente el sector público.