La SEPI teme daño reputacional por rescatar a Plus Ultra

Entre otros motivos, porque la SEPI ha rescatado a una compañía para la que se espera que las demandas caigan en cascada, sobre todo por parte de otras compañías del sector, que entienden que existe competencia desleal en la concesión de estos préstamos a una aerolínea con dudosa solvencia en sus cuentas ya antes de la pandemia. Unas demandas que además tendría que asumir la propia SEPI como avalista del rescate .

Y aunque las denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por parte de otras aerolíneas todavía no han comenzado -la única que de momento amenaza con acudir a la vía legal es Ryanair -, desde el lado político ya hay movimientos. El primero, el del eurodiputado de Ciudadanos , Luis Garicano , que instó la semana pasada en una carta remitida a Competencia a que se pronunciase sobre la legitimidad del rescate. Aunque en principio tan solo podría ser Bruselas quien tumbe estas ayudas a Plus Ultra .

Pero no es solo lo que pueda ocurrir con estas demandas, sino también por las dudas que siembran en otros sectores con precedentes como este. La SEPI tiene en cartera participaciones de más de 25 empresas repartidas en todos los ámbitos empresariales. Algunas de ellas cotizando en los mercados de valores como Enagás , Red Eléctrica o Indra . Un factor que preocupa en el organismo por la percepción que puedan tener otras compañías sobre la propia entidad y las firmas que participa, «al entender la posibilidad de otro ‘caso Plus Ultra’ en algunos de los sectores donde están presentes las compañías de las que forma parte de su accionariado», explican a este periódico fuentes cercanas al holding público. En otras palabras, a nivel interno temen que en el mercado se pueda pensar que va a actuar así con alguna participada, con el consiguiente daño reputacional .

Pero de cara a la galería, la SEPI continúa mostrando la misma actitud defensiva que postura el Gobierno. Según adelantó esta misma semana el diario El País, la entidad atribuye su visto bueno al rescate a los «tres informes independientes», que el holding encargó al banco de inversión Daiwa Corporate Advisory , a la consultora Deloitte y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) . Este último organismo, dependiente del ministerio de Transportes de José Luis Ábalos , justificó la ayuda «con el fin de hacer frente a los pagos previstos y mantener su operativa en los próximos 12 meses».

Los que sí negaron cualquier tipo de financiación a Plus Ultra fueron los bancos. Según ha podido saber ABC, aprovechando el aval del 70% del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a grandes empresas, la aerolínea planteó un préstamo sindicado a al menos cuatro importantes entidades para acceder con mayor facilidad al préstamo, al repartir los riesgos entre ellas.

Un planteamiento que fue rechazado de forma fulminante por la banca tras considerar que la aerolínea no era «fiable ni viable», según relatan fuentes financieras a este diario. De hecho, los mismos informantes apuntan a que el propio ICO podría haber desaconsejado la concesión de este préstamo, tras analizar la operación y considerar que había riesgo de que Plus Ultra no tuviera capacidad para devolver el montante prestado.

La misma aerolínea reconoce en sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la negativa de la banca a concederle este préstamo, razón con la que fundamentan su necesidad de entrar en el fondo para empresas estratégicas de la SEPI. En este sentido, en el mismo documento justifican que el rechazo de la banca al sector fue generalizado, a pesar de que otras compañías como Iberia , Vueling o la también rescatada Air Europa sí que pudieron acceder a financiarse de forma privada avalados por el ICO.

A 31 de enero de 2020, Plus Ultra tenía unos números rojos de 2.780.000 euros y arrastraba más de diez millones de pérdidas de anteriores ejercicios. Tenía un fondo de maniobra negativo de 5.753.638 euros y un patrimonio neto de 5.841.512,99 euros. Un saldo con el cual, según la auditora, estaría en causa de disolución de no ser por un préstamo participativo de 6.304.314 euros que computa como patrimonio. Dicho crédito llegó desde una entidad de Panamá, meses después de la entrada de la venezolana Snip Aviation al capital de la compañía. Una empresa con dirigentes vinculados al Gobierno de Maduro .