Sánchez ajustará unos 3.000 millones en inversión para contentar a la UE

De esta forma, pese a que el agujero mejoró el 2,7% del PIB que preveía el Gobierno, se incumplió su objetivo del 2,2% aprobado por las Cortes y comprometido inicialmente con Bruselas, que después cedió a las demandas del Ejecutivo socialista.

Ante este derrape, Bruselas está al acecho y pese a que España ha salido del club único de países con un déficit de más del 3% del PIB, la Comisión Europea comenzará a mirar otros indicadores para asegurar el equilibrio a largo plazo. Como reconoció la propia María Jesús Montero, uno de ellos será velar por que el gasto no crezca más de un 0,6% este año incluyendo las pensiones, lo que arroja un incumplimiento casi certero. Sin embargo, Bruselas también pide al Gobierno un ajuste estructural –es decir, más allá de la consecuente reducción por el crecimiento de la economía– del 0,65% del PIB este año: España cuenta con un margen de 0,5 puntos para incumplir a repartir entre este año y 2020.

Por ello, al menos deberá aprobar un ajuste de 0,15% del PIB este año, casi 2.000 millones ya que ahora el ajuste es nulo, para no arriesgarse a que el año que viene la UE le abra un procedimiento de desviación significativa. Fuentes de Hacienda cifran este ajuste en unos 3.000 millones que se articularán sobre todo a través de la contención en las inversiones, según ha podido saber ABC, pero también del gasto corriente. La intención es rebajar el déficit público que con la cascada de medidas de gasto aprobadas, según Hacienda, se encaminaba al 2,4% del PIB -el objetivo aprobado es del 1,3%, esto es, más de 13.000 millones de desvío-.

A finales de abril, justo cuando se celebran las elecciones, el Gobierno enviará a la Comisión Europea su Programa de Estabilidad, clave para que Bruselas saque a España del brazo corrector. Y como anunció Montero ayer, el Ejecutivo quiere comunicarle que el déficit será del 2% del PIB en plena prórroga presupuestaria : mientras esta dure, apuntan fuentes de Hacienda, se articularán las medidas de contención del gasto. Las de ingreso están descartadas: el Ministerio no incluirá las subidas de impuestos que tenía previstas en el programa de Estabilidad y ahora mismo solo contempla aprobarlas si gana las elecciones, forma Gobierno y aprueba Presupuestos. En principio tampoco revisará su previsión de crecimiento, del 2,2%. Y así lo ha incluido en sus previsiones de déficit y deuda que ayer mismo remitió con destino Bruselas.

Una intención que contrasta con los 10.000 millones que Fomento anunció hace unos días que se iban a licitar en la primera mitad del año. O con los «viernes sociales» del Gobierno o la propia reinversión que ayer permitió Hacienda a corporaciones locales y comunidades autónomas del superávit cosechado en 2018 este año. « España camina en la buena dirección y cada partida de gasto que se aprueba tiene su contrapartida de ingresos», defendió Montero en referencia al gasto público derivado de los decretos que está sacando adelante el Ejecutivo.

Por subsectores, la Administración central, con un 1,5% del PIB –frente al objetivo de 0,7% y el 1,8% que registró en 2017–, sigue como la que más déficit tiene, seguida de la Seguridad Social, con un 1,41% del PIB en lo que supone una reducción frente al 1,44 anterior aunque aumentó 313 millones en términos absolutos hasta la friolera de 17.088 millones de euros. Porque la Seguridad Social cuenta con la bomba de relojería en las cuentas: pese a que los ingresos por cotizaciones sociales crecieron un 5,29% hasta los 114.999 millones de euros, el gasto en pensiones continúa volando en máximos históricos.

Las comunidades cumplieron la meta del 0,4% con un déficit del 0,23% del PIB: quince comunidades cumplieron y las corporaciones locales cosecharon un superávit de 0,5 puntos porcentuales. Cataluña logró cumplir por una centésima, con un 0,44% de déficit. Cinco comunidades cosecharon superávit: Canarias (2,1% del PIB), País Vasco (0,68%), Navarra (0,55%), Galicia (0,175) y Asturias (0,05%), junto al superávit de corporaciones locales, del 0,52% del PIB, inferior al 0,61% de un año antes. Las cuentas atienden a que haya Gobierno tras las urnas.