La salida de los bancos de la Sareb se atasca en un sinfín de negociaciones

El también llamado ‘banco malo’ fue creado en 2012 para absorber los activos problemáticos del sector financiero. Ese año y el siguiente, la Sareb compró a los bancos rescatados un paquete de casi 200.000 activos deteriorados que incluía préstamos al promotor e inmuebles. El precio, 50.781 millones de euros , la mitad de su teórico valor real. Se pagó con la emisión de bonos avalados por el Tesoro Público, dejando un accionariado del 54,1% en manos de bancos y aseguradoras y del 45,9% en manos del FROB, es decir, el Estado.

La Sareb asumió un mandato de desinvertir todos los activos y poder pagar dicha deuda para que la entidad muriera en 2027. Aunque el ritmo de venta no ha sido el esperado y ya se calcula que el Estado habrá de asumir una pérdida de 8.000 millones si no se alarga dicho plazo.

La banca tiene atada y bien atada su participación en la entidad (provisiones), pero ya no ve utilidad en seguir como accionista. Es por ello que en abril de 2021 trascendieron las primeras conversaciones entre los bancos ( Santander, Caixabank, Sabadell , entre otros) y el Ministerio de Economía para salir de la compañía. La intención estaba y está clara.

Desde el Gobierno, no entran de lleno a valorar su postura respecto a la salida de los bancos del accionariado. «El objetivo sigue siendo buscar el modelo adecuado para la máxima recuperación de las ayudas» , sostienen en Economía. La realidad es que, según fuentes financieras, en el Ejecutivo también ven con buenos ojos acometer algún tipo de operación.

Esta intención de poner fin a esta colaboración público-privada en el ‘banco malo’ se empezó a fraguar después de que Eurostat obligara a finales del primer trimestre de 2021 a España a computar como deuda pública los 35.000 millones de pasivo que tenía entonces la Sareb. Asimismo, cabe recordar que la entidad arrastra un patrimonio neto ya de 10.529 millones de euros, lo cual en cualquier empresa supondría estar en quiebra, pero legalmente se permite a esta compañía permanecer en esta situación especial.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el citado pasivo de 35.000 millones ya computa como deuda pública, en el Gobierno y en la banca se entiende que el capital privado no tiene sentido que continúe en el accionariado.

Los contactos que se han iniciado hasta la fecha han sido a una escala informal. Oficialmente, en el Ejecutivo no se han comunicado las intenciones de que el Estado se quede con el 100% de la entidad, con lo que en teoría no se ha iniciado el proceso de salida de manera formal. Mientras tanto, el Gobierno y las entidades continúan diseñando cómo se llevaría a cabo la operación. Los plazos que hay marcados por parte de la banca, según fuentes financieras, sería que estuviera todo resuelto en la primera parte de 2022, pero tal como están avanzando las negociaciones no puede descartarse que el articulado legal de todo ello se alargue aún más. Llevan ya siete meses de contactos informales en los que la banca ha solicitado ciertas compensaciones por su salida, aunque algunos de los puntos más peliagudos están en el procedimiento legal de cómo hacer todo ello.

Se han hecho avances, indican fuentes financieras, pero a muy bajo ritmo. No hay previsión de que este año, en diciembre, se llegue a un pacto definitivo porque lo que está sobre la mesa no es baladí, y tiene implicaciones políticas.

Por una parte está el problema de cómo saldrá la banca, más allá de las compensaciones que piden (conservar los activos fiscales diferidos, como publicó ‘Expansión’). Esto se refiere a que aún no está diseñado en términos legales. Las fuentes consultadas por ABC comentan que las opciones podrían ser, entre otras, dos: o bien comprar la participación a los bancos por un valor simbólico de un euro, o bien realizar lo que se llama una operación acordeón, que consiste en una reducción y ampliación de capital simultáneas que se da en situaciones empresariales de patrimonio neto negativo.

Por otra parte está la necesidad de que habría que cambiar el régimen legal de la Sareb, de entidad privada a entidad pública. Y aquí podría meter mano Unidas Podemos , que ha comentado en el pasado su deseo de convertir al ‘banco malo’ en una compañía pública de alquiler dada la cantidad de inmuebles y suelo con el que cuenta desde su fundación.