El CES recomienda reforzar los incentivos fiscales para reducir el desperdicio alimentario

El órgano consulto, en el que se sientan desde representantes de los principales sindicatos hasta las asociaciones de autónomas y la patronal, ha criticado también la fecha de entrada en vigor de la futura ley, el 2 de enero de 2023 . «Puede ser algo prematura», ha advertido en vista de las obligaciones y reponsabilidades que impone a los diferentes eslabones de la cadenada alimentaria. En este sentido, ha pedido que dentro de las obligaciones que introduce la futura norma a los diferentes eslabones de la cadena alimentaria (productores, industria y distribución) que se contemplen las «especificidades» de los diferentes sectores afectados.

En cualquier caso, el CES ha respaldado el propósito de la norma que consta de 18 artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales, de regular la prevención del desperdicio alimentario a nivel del estado en cumplimiento con los compromisos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Además de apostar por «impulsar el cambio en los patrones de consumo y la puesta en práctica de hábitos más sostenibles y saludables» entre los consumidores, a través de maás acciones «de sensibilización y concienciación».

En cualquier caso, han apuntado desde el Consejo Ecónomico y Social, es necesaria «una definición más nítida de las responsabilidades en materia de seguridad alimentaria» por las consecuencias sobre la salud de las personas y ha advertido que «la donación de alimentos no resuelve los principales problemas de fondo que subyacen a la pobreza». En este sentido, ha recomendado concretar más los plazos y «mayor claridad» a la hora de dilucidar responsabilidades alrededor de la donación de alimentos. Además este organismo ha añadido que es necesario «reforzar la claridad y precisión de la redacción del Anteproyecto» y, como ejemplo, pide afinar más en la definición de proveedores de servicios. A su juicio, hay «dudas» sobre si en la misma se incluyen a los titulares «de establecimientos permanentes que presten servicios de catering o comedor a través de proveedores especializados». Para el CES estos deberían estar excluidos de las obligaciones que establece la futura ley.

De igual modo, en su dictamente, este órgano consultivo ha pedido mayores inversiones en innovación tecnológica dentro de la cadena alimentaria que permitan la contabilización de las pérdidas de alimentos.