Rato reivindica su inocencia y ataca a la Fiscalía por difundir su acusación

Rato califica de «increíble» que el Ministerio Público «utilice estos modos para atacar y dañar la imagen y el honor de una persona» , en referencia a que Anticorrupción dio a conocer en una nota de prensa a los medios de comunicación cuál es el sentido de su escrito de imputación. «Antes de dar a conocer el escrito de acusación y por lo tanto darme capacidad de defensa, la Fiscalía Anticorrupción divulga sus argumentos en una nota de prensa, algo especialmente excluido en un procedimiento sumario», denuncia.

La Fiscalía solicita para él más de 60 años de cárcel por once delitos fiscales, con una cuota defraudada de más de 8,5 millones de euros en diez años, más delitos de blanqueo, insolvencia punible, corrupción en los negocios y falsedad documental. Se trata del caso relativo a las presuntas comisiones que Rato, siendo presidente de Caja Madrid-Bankia, habría cobrado entre enero de 2010 y mayo de 2012 por contratos de publicidad que la entidad suscribió con Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a Bolsa del nuevo banco.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que «existen indicios racionales» del cobro «indebido» de 835.059,97 euros por esos contratos entre 2011 y 2012. Asimismo, Anticorrupción señala que se han detectado presuntos «incrementos patrimoniales no justificados por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda ».

Con respecto al contenido de la acusación del Ministerio Público, el también exdirector gerente del FMI señala que se recogen hechos y supuestos delitos «que no han sido objeto de la instrucción, yendo contra el propio criterio del instructor», en un proceso que ya suma seis años en marcha. Incluso, ha cargado contra una derivada de la causa: «Se ha llevado a cabo una investigación prospectiva, paralela y secreta, denominada Operación Tajuña, a espaldas de la defensa, durante años, por parte de la fiscal, la UCO, el Sepblac y al menos un miembro de la Onif, a la sazón auxilio judicial en la causa».