Formación sí o sí... pero con subsidio

Con el desempleo en máximos, acuciado por la estadística y presionado por Bruselas, el Ejecutivo quiere que todos los parados reciban formación, ahora sólo el 11% lo hace. Sobre la mesa de agentes sociales y comunidades autónomas ya hay un documento de veinticinco folios con una propuesta para ser pactada antes de que acabe este mes de enero, que promete participar en un itinerario de empleo a cada desempleado. A cambio, el parado recibe una ayuda económica, cuya cuantía está por determinar y estará en función de las circunstancias personales.

Las ejes de la reforma de los servicios públicos de empleo, a la que ha tenido acceso Empresa , son los siguientes:

Itinerarios individuales de empleo: Será un derecho para los desempleados y una obligación para los servicios públicos de empleo. Se acordará un protoloco que asegure la igualdad de derechos en toda España y se pondrá en marcha una página web con información.

Durante este año la realización de estos itinerarios estará dirigida a parados que hayan agotado la prestación, jóvenes con déficit de formación y mayores de 45 años en paro de larga duración, con especial atención a las mujeres. En 2012, el abanico de partícipes se ampliará de forma paulatina hasta que en 2012 los itinerarios se universalicen para todos los parados.

Bonificaciones a la contratación. Cuando sea posible se vincularán con otras medidas de políticas activas de empleo para, de este modo, aumentar la eficacia de las bonificaciones y aprovechar así las sinergias de las distintas medidas o actuaciones.

Si bien la reforma laboral ya ha realizado una importante reordenación, el Ministerio de Trabajo aboga por una evaluación permanentemente del nuevo sistema para verificar si cumple los objetivos previstos y, a medio plazo, tender hacia un modelo en que las bonificaciones empresariales a la contratación tengan menor peso en la composición del gasto en políticas activas de empleo.

Formación profesional. Llegará a más parados para mejorar sus oportunidades de encontrar empleo. Los que hayan agotado su prestación tendrán preferencia este año. Transitoriamente se ajustará el presupuesto para destinar el 40% a formación de ocupados y 60% a parados y se potenciará la información sobre formación a las pymes.

Adecuación a la demanda empresarial. Al objeto de conectar oferta y demanda de empleo, algo que ahora ocurre a duras penas, la reforma del Gobierno se plantea realizar una planificación de la oferta formativa a corto y medio plazo en función de las necesidades de empresas teniendo en cuenta el ámbito territorial.

Más relación entre políticas activas y el sistema de desempleo. El documento del Ejecutivo advierte de que la protección frente al desempleo no puede entenderse sólo como una garantía de ingresos, sino que requiere la combinación con medidas de inserción laboral, que incluya una intermediación eficaz en el mercado laboral y la aplicación de acciones de información, orientación, formación y reconversiones profesionales que aumenten las oportunidades de encontrar empleo.

El propio Gobierno reconoce en su reforma que el funcionamiento actual del modelo «es mejorable» y aboga por acuerdos entre el servicio de empleo estatal y los autonómicos para pactar los itinerarios de empleo y la participación de los parados en ofertas de empleo «adecuadas».

Nueva ayuda económica. Establece el documento que los parados que agoten la protección por desempleo y participen en acciones formativas de recalificación profesional podrán acceder a una nueva ayuda económica. El importe de la misma y su duración estarán en función de la carencia de rentas y de las características de la acción formativa. Este programa sustituirá a la ayuda de los 426 euros, cuyo plazo de solicitud concluye el 15 de febrero. Es en esa fecha cuando entrará en vigor la nueva ayuda vinculada a políticas activas de empleo.

Y para evitar duplicidades del gasto, como ocurre en la actualidad, el documento del Gobierno propone articular un sistema que permita la coordinación entre ámbitos administrativos y territoriales que gestionan prestaciones asistenciales, rentas mínimas de inserción u otras prestaciones destinadas a evitar la exclusión social. Se creará una base de datos que permita la consulta por parte de todas las administraciones públicas de los programas para una «adecuada optimización de los recursos».

Como apunte, decir que las políticas activas de empleo constituyen, en términos de gasto, una de las principales políticas del Estado. Reciben cada año en torno a unos 8.000 millones de euros.

Plan de choque contra el paro de jóvenes, parados de larga duración, mujeres y desempleados procedentes de la contrucción. Serán los colectivos en los que se vuelquen las bonificaciones al empleo en un plan de choque cuya efectividad se espera a corto plazo. A los tres meses de su puesta en marcha se valorarán sus resultados.

En el documento se explica que los itinerarios de empleo para estos colectivos irán dirigidos a mejorar las posibilidades de ocupación en los sectores con más posibilidades de creación de empleo o demandantes de mano de obra como, por ejempleo, los de rehabilitación, instalación energética, seguridad, turismo o dependencia.

Especial mención merecen los jóvenes, un colectivo especialmente afectado por la crisis, con una tasa de paro que triplica la media mundial, un 40%. Para ellos, la reforma de las políticas activas de empleo quiere promover su acercamiento a las empresas favoreciendo la utilización de los contratos formativos y otras medidas que faciliten «su transición de la escuela al trabajo».

El documento entregado a los agentes sociales plantea mayor coordinación entre el sistema educativo y los servicios públicos de empleo «para facilitar el retorno desde el paro a la escuela, en particular de los parados que abandonan el sistema educativo antes de acabar los estudios.

Colaboración público-privada. El nuevo INEM tendrá como compañeros de viaje a entidades privadas en la búsqueda de empleo a los parados. Serán los servicios públicos los que autorizarán y derivarán las acciones que realizarán los parados a las entidades colaboradoras, agencias de colocación u otras entidades con las que se hayan suscrito convenios de colaboración.