ÓSCAR T. PÉREZ

El desafío de las pensiones

El Gobierno negocia «in extremis» con los sindicatos un pacto en pensiones que evite una reforma impuesta por decreto y la factura de una nueva huelga general

susana alcelay
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Se acerca el día 28. Los reproches han dado paso a reuniones a contrarreloj para evitar una retahíla de conflictos sectoriales con nueva huelga general como cierre de fiesta. ¿Qué podría evitarlo? Tras varias semanas de «contactos discretos» con el Ejecutivo, UGT y CC.OO. sólo pasarían por el aro de la reforma de pensiones si Zapatero desiste de su medida estrella y aparca el retraso de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. De lo contrario, 2011 volverá a estar marcado por conflictividad, mantenida como una fina lluvia desde el 29-S, y una vez más una reforma vendría impuesta por decreto y, en este caso, al margen del Pacto de Toledo.

Los órganos de dirección de ambos sindicatos tienen previsto reunirse mañana para analizar y fijar postura sobre una peliaguda reforma que Europa está exigiendo al Ejecutivo español con ímpetu en un momento en el que los mercados están ávidos de impulsos reformistas y en el que inmovilismo es sinónimo de desconfianza.

Dentro de 20 años la mitad de la población será jubilada o menor de edad

Pero... ¿por qué la urgencia de emprender ahora la reforma en España? El Gobierno dice que para ganar credibilidad y dar seguridad a los que tienen que comprar nuestra deuda pública a largo plazo; el PP le desmiente, y opina que el problema de la colocación de la deuda no está en el largo plazo, que lo que hay que crear es empleo. Y la cruda realidad lo que nos dice es que dentro de 20 años la mitad de la población española será jubilada o menor de edad. Nada nuevo, por otro lado, viene de lejos, pero nos ha pillado el toro... Son muchos los que creen que esta reforma tendría que haberse emprendido en épocas de mayor crecimiento, cuando las arcas estaban a rebosar y el debate sereno, no en plena crisis.

Pero hay que pagar la deuda y la cuerda se rompe por la parte más débil. Según el Gobierno, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones. Y cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Actualmente el desembolso por las pensiones representa el 9% del PIB. Según la Comisión Europea, si no se introducen medidas, llegará al 15,7% en 2050.

Procupantes datos a futuro pero una salud financiera actual del sistema más que saludable. Tras perder dos millones de cotizantes por la crisis y seguir sumando pensionistas, la Seguridad Social continúa en superávit. Pero el excedente durará hasta 2023, según las últimas previsiones del Ministerio de Trabajo. Las tensiones podrían retrasarse hasta 2029 si se vaciara el Fondo de Reserva acumulado desde el año 2000, una hucha concebida para hacer frente a situaciones de emergencia.

El Gobierno no quería hasta hace pocos meses realizar la reforma de pensiones

La ya inminente reforma de las pensiones transitaba por la vía lenta hasta hace muy pocos meses, en los que se pensaba que en el mejor de los casos, no estaría en condiciones de ser aprobaba hasta el final de la legislatura. La lentitud tenía que ver con el hecho de que el Gobierno (para no sufrir el desgaste en solitario) quería respetar la filosofía del Pacto de Toledo, que hasta ahora había aprobado las recomendaciones por consenso de todos los grupos políticos. Así ocurrió en 1995 y 2003, años en los que el Pleno del Congreso aprobó un documento asumido por la inmensa mayoría de la cámara. Pero el panorama ya no es tan idílico y el consenso ya no es tal, al menos en la medida estrella de la reforma del Gobierno, el retraso de la edad legal de jubilación a 67 años, sobre la que hay desacuerdo y profundo.

A finales del pasado diciembre, sus señorías le dijeron a Zapatero que de consenso, nada de nada. Y una recomendación junto a otras 20 apoyadas por el PSOE y por el PP, para que el jefe del Ejecutivo dejara la edad legal de jubilación como está, en 65 años. Sin pasar por alto que la comisión reprochó duramente la congelación de las pensiones contributivas aplicada para este ejercicio (este mes recibirán sólo un paga del 1,3% por la desviación de los precios), una medida ya decidida por el Gobierno en su famoso tijeretazo del pasado mayo.

El retraso en la edad de jubilación no será el único asunto polémico

Pero ¿como es la reforma que quiere el Gobierno? ¿Qué medidas anunciará el próximo 28 de enero para apuntalar el sistema? Cumplido el trámite parlamentario, ahora el Ejecutivo negocia in extremis con los sindicatos como última oportunidad antes de cerrar el proyecto de ley que presentará este mes y que, en esencia, pasa por cotizar más años y cobrar menos pensión. El retraso de la edad legal de jubilación, no será el único punto polémico.

Jubilación a los 67 años

El Gobierno tiene intención de retrasar en dos años el cobro de la pensión y ampliará de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Hace unos días el jefe del Ejcutivo sorprendía cuando explicaba que el retraso de la jubilación se realizará de forma gradual durante un periodo de 15 años, desde 2013 a 2027, dos años más tarde de lo propuesto originalmente por el Ejecutivo: 2025.

25 años de cálculo

El periodo de cálculo de la pensión se ampliará, muy probablemente en una década, hasta los 25 años. La medida beneficiaría a todos aquellos que han salido de forma prematura del mercado laboral, pero perjudicaría al resto, que son mayoría, ya que normalmente se gana más en los últimos años cotizados y, si se amplían los años de referencia, lógicamente bajaría la media. En Europa, el espejo en el que parece se está mirando el Ejecutivo, este periodo está en 25 años o, incluso, en toda la vida laboral.

Periodo mínimo

Actualmente se tienen en cuenta los últimos 15 años de la vida laboral para calcular la pensión. El Pacto de Toledo es favorable a ampliarlo, el Gobierno también, pero los sindicatos, no.

Prejubilación más dura

El Ejecutivo quiere dar un giro a la política tan extendida en España de las prejubilaciones para convertirlas en una «excepción». Se pretende eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación. Para ello se retrasará la edad de prejubilación, que ahora está en 52 años probablemente a 54 años. Y las empresas tendrán que pagarán más por ellas.

Jubilación anticipada

Como un complemento al retraso en la edad de la prejubilación, el Gobierno es partidario de retrasar también la edad a partir de la cual un trabajador puede acogerse a la jubilación anticipada, que ahora está en 61 años. Se barajan 63 años y la medida serviría también para desincentivar las prejubilaciones.

Incentivos al retraso

La reforma incluirá incentivos para los trabajadores que permanezcan en activo, como la elevación de la pensión y para las empresas que los mantengan, con subvenciones en las cotizaciones. En la actualidad ya hay bonificaciones para aquellos que prolonguen su actividad laboral de forma voluntaria más allá de los 65 años, pero la idea es ofrecer más ventajas. Se baraja, además, hacer compatible el cobro del plan de pensiones privado con la continuación de la actividad o/y bonificar las cuotas de los empresarios para aquellos empleados mayores de 55 años.

Indemnizar con despido

Llevar adelante la reforma que quiere el Gobierno le enfrentaría con los sindicatos, pero también con las empresas. Una de las medidas que está estudiando el Ejecutivo obligaría a las empresas a indemnizar con despido a quienes deseen continuar trabajando tras los 65 años, en lugar de jubilarlos. Así se le escapó hace unas semanas al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Aventuró que el Ejecutivo «va a tener problemas con los empresarios» por esta medida.

Viudedad, a revisión

Era uno de los puntos fuertes de la reforma del Gobierno, pero ha perdido peso por la polémica con el retraso de la edad de jubilación. La idea del Ejecutivo es introducir modificaciones en estas pensiones para tratar de que se adapte a los nuevos modelos de familia y a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Entre los planes de Zapatero está tener en cuenta varios factores, entre ellos la compatibilidad de recibir esta pensión con otros ingresos y tener en cuenta la edad del fallecido para establecer el derecho a pensión y su cuantía. Junto a ello también se baraja para determinados supuestos perder su carácter vitalicio, por ejemplo, cuando las convivencias familiares hayan sido breves y no existan descendientes. En esos casos, podría ser una indemnización con pago único o una pensión temporal.

Orfandad, igualdad

En estudio hay en marcha una modificación de esta prestación con el fin de que todos los descendientes se beneficien de igual forma. En la actualidad ocurre que cuando el fallecido ha participado en varias unidades familiares, se perjudica a parte de los beneficiarios de la pensión de orfandad.

Autónomos

Una de las principales novedades de la reforma que ultima el Gobierno socialista podría ser que los autónomos cotizaran en relación con el rendimiento de su actividad, lo que permitirá que en trabajos pase con más alivio los años de crisis.