Los plazos de Bruselas achican el margen de maniobra del Fondo de rescate de empresas estratégicas

Fuentes de mercado consultadas por ABC, han asegurado que la voluntad del Consejo Gestor es resolver las peticiones «con la mayor rapidez posible» aunque en el caso de que estas superen los 250 millones de euros tampoco estará totalmente en sus manos. En esta situación, según el citado «Marco Temporal», estas deberán de ser notificadas a Bruselas y esto prolongará todavía más el proceso. Estas mismas fuentes han añadido que en la capital comunitaria son conscientes del momento actual «y se están moviendo con más velocidad que en la crisis anterior».

Dirigido a empresas consideradas estratégicas, y cuya viabilidad se haya visto afectada por el Covid-19, se puso en funcionamiento el pasado 9 de agosto y hasta la fecha ha recibido la solicitud de tres empresas por un montante superior a los 500 millones de euros. Mientras otras tres empresas están en el denominado «Anexo 0» o fase de información con las que resolver posibles dudas previas a una solicitud firme. «Hay más empresas pululando» , han apuntado fuentes de mercado quienes advierten contra los problemas reputacionales que podría acarrear reconocer explícitamente que se está sondeando utilizar este instrumento.

Dos de las tres solicitudes en firme registradas, ya son de conocimiento público: la primera Duro Felguera que solicitó financiación por un montante de 100 millones de euros. La otra es Air Europa (Globalia) que ha puesto sobre la mesa una necesidad de financiación de 400 millones de euros, y de cuya concesión depende el cierre definitivo de su venta a Iberia (IAG).

Es en movimientos como el anterior, donde el Fondo tendrá mucho que decir si se trata de una empresa rescatada. En concreto, las ayudas concedidas pueden ir desde préstamos participativos u ordinarios pasando por obligaciones convertibles en acciones hasta la toma de una participación directa en el capital social . Esto último generará «derechos políticos» sobre la sociedad ahora participada por el Fondo, y que por una resolución del 7 de agosto de este año del Ministerio de Hacienda quedará en manos del presidente del Consejo Gestor, el presidente de la SEPI Bartolomé Lora Toro.

Lora es buen conocedor de las «tripas» de la SEPI ya que ha ocupado la Dirección de Participadas en 2002 y la de Participadas de Defensa en 2012, entre otros cargos. En concreto, la orden del pasado 7 de agosto pone en sus manos la gestión de los citados «derechos politicos» y «la autorización previa de decisiones estratégica s de la empresa beneficiaria que hayan sido establecidas en el Acuerdo de Accionistas o el Acuerdo de Gestión con la Compañía».

El resto del Consejo Gestor está formado por los titulares de las secretarías de Estado de Economía, la Subsecretaría de Hacienda, la Secretaría General de Industria y la de Industria. Además de tener voz y voto, un representante con un rango mínimo de director general, de los ministerios afectados por los asuntos que se vayan a tratar. Es decir, por ejemplo, si la empresa que pide la financiación se dedica a las actividades culturales este ministerio podría intervenir en las deliberaciones.

Todo lo anterior estará determinado en un acuerdo de gestión o uno de socios, si se entra como accionista de la sociedad beneficiada. Fuentes de mercado, han apuntado al respecto, que se tratará de «trajes a medida» para cada caso y que el objetivo es permanecer lo menos posible en el accionariado. Es decir, nada de nacionalizaciones.