El Gobierno detecta que 4.379 personas cobran el paro mientras trabajan

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la remisión al Congreso del proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, Sáenz de Santamaría ha destacado que, tras esas actuaciones, la Inspección descubrió 3.211 infracciones cometidas por empresas que emplean a parados beneficiarios de la prestación, un 26,7% más.

En él ambito del empleo irregular, la vicepresidenta ha explicado que se realizaron entre enero y junio 112.480 inspecciones en este campo, lo que ha permitido aflorar 39.887 puestos de trabajo, un 13% más. Sáenz de Santamaría ha resaltado además que se realizaron 11.753 inspecciones para destapar empresas ficticias creadas para cobrar prestaciones de todo tipo, ámbito en el que se han descubierto 809 infracciones, un 537% más, mientras que los contratos de trabajo simulados que fueron anulados ascendieron a 14.376, un 117,8% más que en los seis primeros meses de 2011.

La vicepresidenta ha subrayado que el fraude laboral es "una lacra" que perjudica la recaudación y, por tanto, a los servicios públicos básicos, que viven de los ingresos de las arcas públicas. "Aquí no se defrauda sólo al fisco, sino que se defrauda a la ciudadanía", ha enfatizado.

"Un país gana credibilidad cuando los ciudadanos cumplen con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social", ha dicho la vicepresidente, que ha insistido en que hay que acabar con la visión "tolerante" frente al que defrauda y "se considera más listo que nadie" por burlar a las administraciones públicas no pagando sus impuestos o cobrando el paro a la que vez que se trabaja.

"Esto no es admisible en ningún momento pero menos en un momento de crisis, en el que se están pidiendo grandes esfuerzos a los ciudadanos", ha afirmado Sáenz de Santamaría, que ha hecho hincapié en que se va a actuar de manera contundente contra los defraudadores.

Así, ha subrayado que en el proyecto de ley contra el fraude laboral y en los cambios que se han hecho en el Código Penal se agravan las sanciones cometidas contra la Seguridad Social, de tal forma que ahora se podrá perseguir penalmente a quienes defrauden a la Seguridad Social cantidades "a partir de 50.000 euros" en cuatro años. Las penas de prisión se elevan seis años y el plazo de prescripción del delito sube a 10 años.

En el caso de fraude en prestaciones, el límite para considerarse delito era a partir de 120.000 euros. El Gobierno ha elimitado ese tope, de tal forma que, con independencia de la cuantía, se podrá perseguir penalmente a quienes obtengan prestaciones de manera fraudulenta.

El proyecto modificará la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) en determinados aspectos como disfrutar indebidamente de reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas o estableciendo criterios más objetivos en la graduación de las sanciones.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo que se considerará infracción grave no cotizar por los salarios de tramitación e infracción muy grave dar ocupación a los trabajadores con suspensión de contrato, obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social.

La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadores afectado. En cuanto al Estatuto de los Trabajadores, se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Respecto a la Ley General de la Seguridad Social , la vigente reducción automática del 50% de las sanciones cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas en forma y plazo sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente para evitar que compense más pagar la sanción que cumplir con la legalidad.

En el marco de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social , destaca la colaboración entre la Inspección y el Consejo General del Notariado para facilitar la investigación para detectar empresas ficticias. El proyecto establece además que el Consejo de Ministros podrá imponer sanciones superiores a las actuales. Actualmente sanciona infracciones de más de 125.000 euros y hasta un cuantía máxima de 187.515 euros. Con la modificación propuesta se elimina este límite.