Sáenz de Santamaría: «Cuando llegué encontré un descontrol general en las cuentas públicas»

-Han pasado seis meses desde que llegó a La Moncloa. De todo lo que se ha encontrado en los cajones, ¿qué le ha sorprendido más?

-A mí me ha preocupado el clima general de descontrol que había en las cuentas públicas de la práctica totalidad de los ministerios. Llegar al Gobierno y encontrarse que en lugar del 6 por ciento de déficit anunciado la cifra había alcanzado casi el 9 revela que en el Gobierno había enormes problemas de gestión y descontrol.

-¿Qué pensó cuando se dio cuenta de que esa realidad, mucho más grave de lo que les habían dicho, obligaría a sacrificios mayores?

-El problema era más grave de lo que podíamos pensar y no teníamos tiempo que perder. A toda la dificultad que suponíamos por la falta de reformas, la destrucción de empleo y la necesidad de hacer un ajuste, la situación nos obligaba a replantearnos muchas medidas económicas que teníamos previstas. Teníamos que ponernos a trabajar cuanto antes para acelerar la consolidación fiscal y las reformas.

-¿Podía haberse evitado esta situación delicada que atraviesa España, o estábamos abocados a ella?

-Si en España se hubieran hecho las reformas estructurales en el momento adecuado, las mismas que se están haciendo ahora, indudablemente habría pasado por una crisis, como todos los países europeos, pero habría sido en los términos de todos los demás. El problema es que el Gobierno socialista respondió a la crisis con despilfarro y déficit. Y de ahí venimos. Y cuando el resto de Estados europeos estaban haciendo reformas de sus sistemas financieros, aquí el Gobierno dijo que no pasaba nada, porque teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Si se hubiera acometido en el momento adecuado, el agujero sería menor y ya tendríamos una gran cantidad de trabajo hecho.

-¿Ha habido demasiada manga ancha con las comunidades?

-Estamos adelgazando, reestructurando las administraciones públicas. El Gobierno anterior permitió a las comunidades endeudarse. Lejos de decir vamos a ser todos austeros, dijo: como yo no quiero serlo, gaste usted lo que quiera. Este es el camino que tenemos que recorrer hacia atrás. Si no hubiéramos gastado de más, ahora no tendríamos que hacer estos ejercicios de austeridad tan fuertes. Si hubiéramos hechos reformas, el mercado laboral ya tendría una reforma hecha, la reestructuración del sistema financiero estaría hecha, las administraciones públicas estarían ya funcionando. Estaba todo por hacer y lo estamos haciendo a un ritmo acelerado.

-Se están pidiendo muchos sacrificios a los ciudadanos, pero ¿sobran políticos en España?

-Sí. Nosotros hemos reducido el número de vicepresidentes. Este Gobierno tiene uno, el anterior llegó a tener tres. Hemos reducido el número de ministros, el número de altos cargos, de asesores… Mis antecesores en el cargo tenían 13 miembros en su gabinete, yo tengo ocupadas seis plazas. Se ha rebajado el número de consejeros de las empresas públicas, y reducido el sueldo de sus presidentes. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Ahora toca la administración local, habrá que analizar el número de concejales, y fijar unos baremos de retribución de alcaldes y concejales.

-¿Hasta dónde debe llegar la reforma de la estructura territorial de España? ¿El Estado de las Autonomías es intocable?

-Este Gobierno ha introducido un elemento muy importante en el diseño del Estado de las Autonomías, que es el principio de responsabilidad. Hasta ahora todos los debates eran sobre competencias. Pero la competencia no solo es una atribución, es una responsabilidad de gestión y de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y ese es el chip que debe cambiar en el Estado de las Autonomías. Durante todo este tiempo hemos hablado de autogobierno; a partir de ahora hay que hablar sobre todo de responsabilidad, y no solo de la institución, sino también, con la Ley de Transparencia, de los altos cargos por su gestión.

-¿Se nos ha ido de las manos el Estado de las Autonomías?

-Es el momento de poner a punto el Estado de las Autonomías. Ha ido evolucionando en tiempos de bonanza económica siempre hacia una mayor capacidad de sus ingresos y una mayor asunción de competencias. Pero los ingresos están como están y el Estado de las Autonomías tiene que servir para tiempos de bonanza y para tiempos de crisis. Hay que definir mucho más las competencias y los recursos sin solapamientos.

-El problema es el desafío de algunas comunidades. El País Vasco ya ha advertido de que no piensa cumplir el copago farmacéutico.

-En el caso del País Vasco, ya hemos pedido en el último Consejo de Ministros un informe al Consejo de Estado para acudir al Tribunal Constitucional en defensa de las competencias del Estado. Las comunidades autónomas tienen que cumplir las legislaciones del Estado, que lo son para todos. Pero en segundo lugar deben cumplir unos planes de ajuste para alcanzar el objetivo de déficit. Toca hacer política de verdad, la demagogia es muy fácil, pero sale muy cara a los ciudadanos, en términos de bienestar, de recursos públicos y de buena gestión.

-Pues todo eso no es muy compatible con mantener embajadas autonómicas en el exterior, canales autonómicos inviables, defensores del pueblo duplicados...

-Las comunidades tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué toman determinadas decisiones que afectan a sus bolsillos y no ajustan su propia administración. Los ciudadanos quieren comunidades bien gestionadas que eliminen gastos superfluos y que pongan su gestión al servicio del bienestar de los ciudadanos. Hay que dar prioridad al bienestar social, pero algunas comunidades se lo dan a otras cuestiones. Los ciudadanos toman nota de la mala gestión.

-¿Por qué no hay un pacto de Estado entre el Gobierno del PP y el PSOE sobre la salida de la crisis?

-Hemos buscado acuerdos importantes con el PSOE. Pero quiero recordar que después de pactar una reforma constitucional, el PSOE no ha querido apoyar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que es clave en esa reordenación del Estado de las Autonomías. El PSOE debe fijar unas líneas claras de actuación. La tónica de llevar al Tribunal Constitucional la práctica totalidad de las reformas que aprueba este Gobierno es difícilmente entendible por los ciudadanos y más en tiempos de crisis.

-¿Cómo ve a Rubalcaba?

-No quiero entrar en asuntos internos de otros partidos. Me gustaría que el PSOE tuviera claras las prioridades y criterios definidos, eso siempre ayuda a los pactos.

-¿Se fía del PSOE?

-Yo no me tengo que fiar o no fiar. El Gobierno tiene que gobernar, dialogar con los partidos, buscar un acuerdo. El Partido Socialista tendrá que explicar sus cambios de criterio.

-Sí hubo acuerdo, por fin, para renovar el Tribunal Constitucional. ¿Piensa, como Esperanza Aguirre, que el TC no sirve para nada?

-El Tribunal Constitucional es una institución que está en la Constitución y que tiene una función primordial, que es garantizar la legalidad de las normas. Hay que reformar el Tribunal Constitucional para que cumpla esa función con una mayor agilidad. Queremos recuperar el control previo de constitucionalidad de las leyes y hacer más ágil el recurso de inconstitucionalidad. Queremos hablar con el PSOE para reforzar los métodos de elección y de trabajo que ayude a revitalizar al TC y prestigiarlo.

-¿Reconoce que el PP y el PSOE han contribuido al desprestigio del TC por eternizar su renovación?

-Me voy a quedar con lo último. El PP, a los seis meses de estar en el Gobierno, ha trabajado con el PSOE y CiU se ha incorporado al acuerdo de renovación. Nosotros, nada más llegar, lo hemos impulsado.

-Entre los asuntos que tiene pendientes el TC se encuentran la ley del aborto libre y la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué espera de ambas sentencias?

-Hay recursos formulados por diputados del Grupo Popular, uno en la legislatura de 2004 y otro en la de 2008. El Gobierno no es parte. Respetamos las decisiones judiciales y espero que se dicten en los plazos oportunos.

-¿Cómo ha afectado el «caso Dívar» al prestigio del Poder Judicial?

-Al Gobierno lo que le corresponde es trabajar para lograr el prestigio de todas las instituciones. Estamos trabajando ahora para que el Consejo General del Poder Judicial esté sometido a la ley de Transparencia y a la ley Presupuestaria en toda su amplitud.

-¿Puede esperarse un pacto del PP con el PNV en el País Vasco tras las elecciones autonómicas?

-El Gobierno considera que después de esas elecciones tiene que salir un Ejecutivo estable que se dedique a la lucha contra la crisis, al bienestar social, en el marco de las particularidades de una Comunidad Autónoma en que todos debemos trabajar para el fin de la banda terrorista ETA.

-¿Teme un avance del independentismo en el País Vasco?

-Los ciudadanos tendrán que analizar lo que defiende cada uno y cómo gestionan. La presencia de Bildu en algunas ayuntamientos pone de manifiesto a lo que se dedican cuando llegan a las instituciones, en lugar de gestionar los derechos y las necesidades de los ciudadanos.

-¿ETA está totalmente derrotada?

-El esfuerzo que ha hecho la sociedad española, los sucesivos gobiernos, las fuerzas de seguridad y los jueces han llevado a ETA a un momento en el que va a desaparecer, sí o sí, por el esfuerzo de una sociedad que ha defendido la democracia, la libertad… No tiene otro destino. Va a desaparecer, por la fortaleza del Estado de Derecho.

-¿El Gobierno va a dar pasos para favorecer esa disolución definitiva?

-Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir la política antiterrorista que hemos defendido siempre y que ha llevado a ETA a donde está.

-¿Qué le dice la escalada de violencia que se está viendo estos días por la crisis minera?

-El que usa la violencia pierde la razón. En la minería, el Gobierno ha tenido que hacer ajustes como en otros ámbitos y hemos conocido que ha habido irregularidades en la gestión de las subvenciones. Las empresas mineras tendrán que justificar muy bien a qué destinan los fondos que salen de los Presupuestos del Estado. Además, nos hemos encontrado un compromiso del PSOE enviado a Europa para que el sistema de ayudas finalice en 2018. No hay otra solución.

-Comentaba que el Gobierno actuó muy rápido pero en el exterior se le acusa de lentitud y se señala como una razón del acoso a la deuda.

-No la comparto. Las interpretaciones simplistas o puntuales de lo que pasa en los mercados no son así de sencillas. España ha perdido mucha credibilidad. Ha tenido que reconocer que el déficit que aseguraba en el 6% lo tenía en un 9% y eso es una importante quiebra de confianza. Este Gobierno llegó y con urgencia adoptó las primeras medidas para atajar los problemas más graves, pero sigue trabajando en reformas que no pueden hacerse en los primeros momentos. Este julio veremos importantes reformas.

-¿No cree entonces que habría que informar más a los socios para que reconozcan el trabajo del Gobierno?

-Los Consejos Europeos, el FMI, otros Estados y el G-20 han reconocido la valentía y la determinación de las reformas estructurales y con un nivel de conocimiento importante. Nuestra política económica no está en discusión.

-¿Y cómo se calma a los mercados?

-Las reformas hay que hacerlas para mejorar la economía y crear empleo, no para reaccionar a bote pronto ante situaciones puntuales. Uno se tiene que marcar un plan que es el que se ha marcado el Gobierno. Cuando surgen problemas en los mercados tenemos que trabajar para dotar de estabilidad a la deuda soberana y lo estamos haciendo. Hay que generar confianza y así vendrán otras perspectivas. España en otros momentos ha sabido salir de la crisis y volverá a hacerlo.

-Pero el bono a 10 años sigue en el 7 por ciento, ¿aguantaremos el verano?

-He leído muchísimas cosas estos meses y hago una llamada a la serenidad y a la responsabilidad. No se puede entrar en el terreno de especulaciones que muchas veces generan daños sin ningún fundamento.

-Hablaba antes de las próximas reformas, ¿habrá subida del IVA?

-Trabajamos en reformas para fortalecer la consolidación fiscal, dinamizar la economía, liberalizar servicios, elevar la seguridad jurídica. Es un programa completo de reformas para ajustarnos y cambiar lo que no funciona.

-Se especula con todo tipo de medidas, recortes a parados, congelación de pensiones, ¿no hay líneas rojas?

-Este Gobierno ha tenido que tomar medidas que no son fáciles, pero trata de preservar el Estado del Bienestar en sus principios más esenciales y trabaja para que la protección social sufra las menos mermas posibles. También vamos a poner el acento en que todas las administraciones gasten menos, hay que ajustar entre todos.

-Habla de un nuevo ajuste con normalidad pero ¿por qué otro recorte?

-Se ha hecho un esfuerzo importante pero la senda tiene que ser continuada, es un momento de recesión que ha provocado una caída en la recaudación. También hay que luchar contra el fraude fiscal y laboral. No es posible que se acepte trabajar en negro y cobrar la prestación por desempleo. Mantendremos el Estado de Bienestar si los que estamos en activo sufragamos todo el sistema.

-¿Una estimación del fraude?

-No sería coherente.

-Este lunes se deciden las condiciones a la banca ¿por dónde irán?

-Se acuerdan las bases del memorándum y serán condiciones en el ámbito financiero que habrá que cumplir. Más importante será reestructurar la parte de la banca que lo necesita y lograr que determinados activos salgan al mercado a un precio razonable.

-Habrá que cerrar algún banco...

-Hay que respetar los procedimientos, uno no se puede aventurar.

-¿Seguimos esperando que el BCE nos eche una mano?

-El Consejo Europeo ha marcado líneas de actuación a corto, medio y largo plazo y nosotros trabajaremos porque se vayan cumpliendo. La unión bancaria es un hito muy importante porque permitirá actuar de verdad como una unión monetaria, tener una misma autoridad supervisora y avanzar hacia una regulación común con un fondo de garantía de depósitos para todos.

-Pero el plazo que se maneja en Europa, diez años, es excesivo...

-Nosotros trataremos de impulsar que alcance la madurez necesaria y se ponga en marcha cuanto antes.

-¿Le preocupa la imputación de Rato y Acebes en Bankia?

-El Gobierno respeta los procedimientos judiciales y muy especialmente la presunción de inocencia. De momento, lo que hay es la admisión a trámite de una querella.

-¿Y no hay que investigar más lo que ha pasado desde el Congreso?

-Trabajamos para una mayor transparencia en la subcomisión del Frob.

-¿Hubo dejación de responsabilidad en el Banco de España?

-Indudablemente, debería haberse supervisado mucho mejor y haber tenido una actitud bastante más proactiva por parte del Gobierno anterior. Los que sabían cómo estaban las cosas tendrán que explicar por qué decían que era el mejor sistema financiero del mundo.

-Empezamos cerca de Alemania, ahora estamos más cerca de Italia y de Francia, ¿cuál es la estrategia?

-España defiende dos cosas. Una mayor integración europea y una defensa de los intereses nacionales, y trabajaremos con los que quieran trabajar en ello en cada momento.