La OCDE alaba la recuperación española y eleva en dos décimas la previsión del PIB para 2017

La organización explica que la demanda interna va a seguir liderando la recuperación ya que aportará 2,2 puntos porcentuales del crecimiento de este año. «Está previsto que el consumo privado mantenga su firmeza gracias a la continua mejora del empleo, a medida que las reformas aplicadas en años anteriores continúen dando sus frutos», dice la OCDE, que eleva una décima el avance del consumo privado en 2017 , hasta el 2,2%, aunque recorta en tres décimas el crecimiento del consumo público, al 0,9%.

El déficit público lo sitúa en el 3,4% del PIB al cierre de 2017 , lo que supondría un desvío de tres décimas respecto al objetivo comprometido con Bruselas, en tanto que para la deuda púbica augura un repunte de tres décimas, hasta el 99,6% del PIB. Tampoco cree que se cumpla el objetivo de déficit del 2,2% para 2018, ya que prevé que se reduzca al 2,8%.

La inflación también aumentará , pero cree que las presiones serán moderadas debido a la persistencia de un alto desempleo, con lo que prevé una tasa media del 1,9% para este año y del 1,8% para el próximo.

Estas cifras y conclusiones han sido incluidas en el informe Economic Review-2017 Spain que han presentado este martes el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. En el estudio también se citan otros factores positivos globales que han actuado como vientos de cola como son la política monetaria expansiva, el bajo precio del petróleo y la depreciación del euro.

En el lado de los problemas, el organismo dirigido por Ángel Gurría considera que el principal riesgo interno para España se deriva de la dificultad de completar y aprobar más reformas por no contar el Gobierno actual con mayoría suficiente . Las incertidumbres del exterior están relacionadas con diversos acontecimientos como las posibles turbulencias en los mercados financieros, la ralentización del crecimiento mundial, la amenaza de guerras comerciales, el Brexit y un mayor deterioro del sistema bancario europeo.

Sin embargo, la OCDE considera que el sistema bancario español cumplec on los requerimientos de solvencia después de que la reforma del sistema financiero contribuyera a estabilizar el sector y a un aumento del crédito. Respecto a la política fiscal, la OCDE alaba el «esfuerzo considerable» llevado a cabo por el gobierno español desde 2012 para reducir el déficit e insiste en la necesidad de cumplir los objetivos de cara a disminuir el elevado nivel de deuda pública.

En el informe también se valoran los resultados de la reforma laboral y se subraya que ha ayudado a frenar la destrucción de empleo y que ha mejorado la probabilidad de que los contratos temporales se conviertan en fijos. No obstante, se recuerda que la temporalidad sigue siendo muy elevada y que existen deficiencias en formación y una media mayor que europea en empleos de baja remuneración. En este sentido, se recomienda mejorar la formación profesional, con especial incidencia en la dual, y se pide buscar una mayor convergencia en los costes del despido para todos los trabajadores.

La OCDE solicite a España que revise los tipos reducidos de IVA, con el objetivo de eliminar los que benefician a la población con mayores ingresos, y que rebaje la cotización para empleados indefinidos con salarios bajos . La institución considera que España tiene margen para mejorar su estructura tributaria, que al centrarse en los ingresos laborales «penaliza el crecimiento y el empleo» y formula una serie de recomendaciones.

Así, con respecto a la exención de 500 euros en la base de cotización por contingencias comunes para las empresas que contraten a un nuevo trabajador indefinido, la OCDE considera que debería restringirse a empleados de baja cualificación . También en el caso del IRPF la institución apuesta por reducir las exenciones, en particular las que tienen resultados regresivos, como el crédito fiscal por inversión en vivienda habitual -del que disfrutan quienes se acogieron a esta medida antes de su desaparición-, una bonificación con un coste de 1.200 millones en 2016 que «tiende a beneficiar a los hogares con rentas más elevadas».

La OCDE también pide que se acometan más reformas necesarias para garantizar un crecimiento sostenible a medio plazo. En este sentido, en el informe se mencionan la liberalización de servicios profesionales y que se continúe con el desarrollo de la Ley de Unidad de Mercado para eliminar las barreras regulatorias. Otra de las áreas a mejorar tiene que ver con la eficiencia del régimen concursal y con medidas como la reducción del plazo de cinco años para la exoneración de deudas a empresas endeudadas, pero operativamente viables.

La organización internacional también considera importante que se presente un nuevo programa de transformación de la Administración e implantar medidas adicionales en el sistema de pensiones . Por otro lado, la OCDE se muestra a favor de la reciente subida de los impuestos especiales y aconseja vigilar el impacto en las grandes empresas por el cambio en el impuesto de Sociedades. En materia de tributación ambiental, la organización ve «margen» para elevar los impuestos sobre los carburantes , que son inferiores a otros países, especialmente en el caso del diésel, que pese a ser más contaminante en España tributa menos que la gasolin

Asimismo, la OCDE pide un mayor apoyo a las familias con hijos y propone fortalecer los sistemas de apoyo social y las políticas actividad de empleos. El organismo detectó un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, aunque señala que la tasa de pobreza se empezó a reducir en 2014 gracias a la mejora de las condiciones del mercado laboral. «La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad», asegura la organización.

Además, la OCDE recomienda a España programas «más eficaces y mejor definidos» para los parados de larga duración, así como incrementar las ayudas económicas de los actuales -unos 400 euros mensuales- en la medida en que lo permitan los Presupuestos. Para reducir la dualidad entre trabajadores temporales y fijos, la OCDE insiste en la recomendación que ya formuló en su anterior informe de 2014 en el que abogaba por abaratar el coste del despido de los contratos indefinidos y sugería la implantación de un contrato único con una indemnización por despido creciente.

«La calidad del empleo, que se ha deteriorado como resultado de la crisis, debe mejorar para conseguir un crecimiento más inclusivo», aconseja el organismo. Y entre las recomendaciones para lograrlo, pide "adoptar programas más eficaces y mejor definidos" para los parados de larga duración.

En España, apunta el informe, concurre «una complicada combinación de factores» que explican las bajas habilidades que los alumnos españoles adquieren incluso en la formación universitaria. Por último, la OCDE cree que hay que avanzar en el sistema de apoyo a la innovación.