El nuevo pulso entre Iglesias y Calviño mantiene en la UCI a un millón de empresas
La diferencia de criterios aplaza al día 12 la aprobación de las ayudas que Sánchez anunció hace dos semanas
Podemos exige 8.000 millones en ayudas directas para todos los sectores pero el ala socialista teme que los fondos acaben en empresas zombis
El nuevo pulso en el seno del Gobierno de coalición ha mantenido en el aire la aprobación, inicialmente prevista para hoy, del nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones que el presidente del Gobierno anunció el día 24 en el Congreso y del ... que nada concreto se sabe hasta la fecha. Finalmente se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 12 de marzo, según confirmaron anoche fuentes oficiales. El ‘plan fantasma’ de los 11.000 millones ha vuelto a abrir una nueva guerrilla entre los miembros del gabinete, una más a sumar en la montaña de discrepancias que separan a los dos facciones del mismo Ejecutivo. La historia se repite. Los ministros del PSOE y Moncloa se sitúan en un bando mientras los representantes de Unidas Podemos en el contrario. Y de fondo, como foco del conflicto, el porcentaje de ayudas directas que se dedican del monto total anunciado por el presidente.
El debate ha escalado de las tradicionales disputas entre los ministerios económicos y participan ya de la discusión tanto el gabinete del presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo . No obstante, pilota las conversaciones el ministerio de Economía y, por parte de Unidas Podemos, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que, según fuentes de su entorno, este fin de semana propuso al Ministerio de Economía que de los 11.000 millones del fondo un total de 8.000 fueran en ayudas directas, punto al que no accedió Calviño.
El plan mantiene en tensión a las dos partes del Ejecutivo. Está prácticamente ultimado por Economía, pero la disparidad de criterios aplaza hasta el viernes, en un consejo extraordinario , la aprobación del plan. El presidente deberá decidir si decantarse por el plan de su vicepresidenta económica o dar aire a su socio de coalición . No es la primera vez que esto ocurre, ya pasó con el salario mínimo y, en contra del criterio de Podemos, el jefe del Ejecutivo pospuso el alza hasta que lleguen mejores tiempos o hasta que el momento para aplicar el alza le venga bien. O, con el Ingreso Mínimo, cuando venció Iglesias.
Situación límite
El debate no es menor, pues se desarrolla en un momento en que en torno a un millón de empresas se encuentran en una situación límite. De hecho, las cifras del Consejo General del Poder Judicial arrojan que en 2020 se registraron 13.741 concursos de acreedores , lo que supone un incremento del 14,2%, pese a estar vigente la moratoria concursal impulsada por el Gobierno y que elimina su obligación de presentación.
En ese casi millón de empresas estarían los cerca de 600.000 autónomos que están parados y cobrando el cese extraordinario de actividad y en torno a 250.000 empresas que tienen su plantilla en ERTE , hoy en torno a 900.000. Recuerda Lorenzo Amor, presidente de ATA, que las empresas que están cobrando el paro de los autónomos han tenido una caída del 50% en sus ingresos y que las que mantienen a sus trabajadores bajo el paraguas de las extinciones no están muy holgadas de liquidez.
Por ello asegura que «el Gobierno debería asumir su responsabilidad y, como han hecho otros ejecutivos europeos, compensar a las empresas a las que se ha obligado a restringir su actividad». Para el también vicepresidente de la CEOE «el plan de ayudas que prepara el Gobierno debería destinar, como mínimo 6.000 millones en transferencias directas que faciliten la liquidez. Esta es la única opción para salvar actividades y empleos», asegura. La situación es extrema, teniendo en cuenta que el Covid ya se ha llevado por delante más de 100.000 empresas, el paro ha superado los cuatro millones y se han quedado por el camino 400.000 empleos.
Transferencias sin filtros
En el entorno de Podemos se pelea por ampliar el montante de ayudas a fondo perdido que contemple el programa, mientras desde el ala socialista se pide mesura pues se considera que puede ser ‘improductivo’ dar fondos públicos a empresas zombis. Desde Moncloa, Hacienda y Economía quieren controlar el destino de los fondos y se propone instrumentar algún tipo de condicionante que obligue al pago de, por ejemplo, los gastos fijos de las empresas, dado que se considera que el mantenimiento de la plantilla ya se está asumiendo con los ERTE. Lo que se rechaza es hacer ‘una transferencia sin condiciones ni filtros’.
En concreto, desde la formación morada defienden que las ayudas no se den por sectores, sino que sean accesibles a todas las empresas que hayan sufrido una caída drástica, de entre el 30% y el 40% de su facturación en 2020. Y que cubran hasta un 80% de sus costes fijos . La cobertura de los costes fijos es uno de los puntos de concordancia con Economía, que la vería con buenos ojos.
La tensión en el mundo empresarial sobre este paquete de ayudas es máxima . Todas las organizaciones empresariales sin excepción y las empresas más afectadas por la pandemia han reclamado en numerosas ocasiones que las ayudas sean a fondo perdido y no de carácter financiero, como han hecho la mayor parte de las economías europeas. Al igual que la banca, que ha rechazado la posibilidad de aprobar quitas a los préstamos ICO . Sin embargo, la ministra Calviño ha situado el sobreendeudamiento de algunas compañías en el centro del problema, lo que hace pensar que los instrumentos puedan ser de carácter financiero.
Unidas Podemos, sin embargo, se ha alineado con las tesis empresariales y defiende que este sobreendeudamiento es consecuencia de la caída de los ingresos y además se considera que sería mejor posponer el proceso de reestructuración hasta que la recuperación esté ya asentada. Además se critica desde la formación morada que las quitas en los ICO solo vaya a beneficiar a aquellas empresas que optaron por endeudarse con estos créditos y no a las que han soportado estos meses de crisis con sus ahorros, extremo en el que también ha incidido la organización que dirige Antonio Garamendi.
Las diferencias llegan en la condicionalidad que la formación de Pablo Iglesias busca establecer a estas ayudas y que reside en el mantenimiento del empleo. Fuentes cercanas apuntan a que defienden imponer el compromiso de mantener entre el 70% y el 80% de la plantilla en 2021 y 2022 .
Otro punto de conflicto está siendo si las ayudas se canalizan desde el Estado o desde las comunidades autónomas. Mientras desde Unidas Podemos se defiende que la manera más eficaz de ejecutarlas sería el Ministerio de Economía, o la Agencia Tributaria , desde el departamento de Calviño se ha señalado en diversas ocasiones a las autonomías, pues ya han puesto en marcha sus propios programas y, además, se considera están más cercanas a los problemas de las empresas de sus territorios.
Como informó ABC, las comunidades autónomas han puesto en marcha ya planes de ayudas directas para tratar de salvar sus economías. Más de 3.000 millones han dedicado las regiones a rescatar a sus negocios, cantidades que se han dirigido, en la mayoría de los casos, al sector servicios, que es uno de los más afectados.
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