La morosidad se dispara y amenaza con convertir firmas viables en zombis

El Banco de España ya advirtió en verano de que con la pandemia como puntilla, el 19% de las firmas españolas se encontraban en quiebra técnica , mientras que cuatro de cada diez estaban en riesgo de ser insolventes debido a su alto endeudamiento, que les dejaba sin capacidad de refinanciarse. De hecho, el gobernardor del Banco de España, Pablo Hernández de Cos , estimó hace pocas semanas que entre el 15 y el 19% de las entidades serán insolventes al finalizar el año y, de estas, tan solo el 9% seguirán siendo viables.

Una situación que complicará sobre todo a las pymes y autónomos -con capital muy limitado- acceder a refinanciar su deuda, lo que a su vez pondría en peligro las cadenas de pagos entre empresas. Y como consecuencia, advierten desde fuentes patronales, «este aumento de la morosidad podría hacer que compañías perfectamente viables se conviertan en zombis». Es decir, que se transformen en entidades incapaces de ser rentables al no conseguir cubrir sus costes financieros, pero que conseguirán sobrevivir a base de endeudamiento.

Ya en octubre, un estudio de Crédito y Caución e Iberinform, mostraba cómo desde el estallido de la pandemia en marzo, e l 79% de las empresas españolas se vieron obligadas a aceptar pagos fuera del límite que marca la legalidad por temor a perder a sus clientes. Unos plazos de demora que, según la ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, no pueden superar los 30 días en el caso de las administraciones públicas y 60 en el de las empresas privadas y que, por parte de los primeros, se situaba en otoño en 140, mientras que los segundos, en 93. Lo que pasó entonces fue que tanto empresas de mayor tamaño como las administraciones públicas aumentaron sus retrasos de pagos a proveedores. En el caso de los primeros, por cuestiones de provisión de tesorería ante la incertidumbre generada por el virus.

Estos retrasos tuvieron consecuencias en todos los sectores, sobre todo en los más afectados por el Covid-19 -turismo, comercio y hosteleria -, sin apenas actividad ni ingresos y con deudas también por atender. En este sentido, el 55% de las firmas justificaron estos impagos bajo razones de «indisponibilidad de fondos».

Según las mismas fuentes, «la falta de control sobre la morosidad es un riesgo para la actividad empresarial. El incumplimiento de los pagos genera importantes tensiones de liquidez en una situación como la actual y es especialmente desestabilizadora en la operativa de las empresas de menor tamaño». En este sentido apuntan a que todavía el 30% gestiona de manera deficiente el riesgo del crédito al no utilizar criterios de solvencia en el análisis de su cartera de clientes.

Sin embargo, en noviembre ya se podía observar cómo las entidades de nuestro país volvían a tendencias de la crisis de 2008 , con el aumento en cuatro puntos del número de compañías que están reforzando sus estructuras especializadas en el control del riesgo de impago a consecuencia de los efectos económicos de la pandemia.

De esta forma, según Crédito y Caución el 26% de las empresas cuenta ya con estas configuraciones que les permiten hacer un control de su cartera de clientes para comprobar sus límites en la exposición al riesgo en cuanto al cobro de los pagos. Al revisar la serie histórica del documento, se puede comprobar la manera en que este sirve de indicador de la situación del tejido empresarial. Así, con la consolidación en 2017 de la recuperación económica, el número de empresas que desmontaron estos mecanismos aumentó, alejándose de las cifras de 2012 , año crítico para el PIB español (decreció un 3%). Entonces, el número de firmas con comité de riesgos alcanzó su máximo histórico al llegar al 58%.

En cuanto a instrumentos alternativos para hacer frente a las deudas, las empresas continúan desprotegidas. Aunque desde patronales como Cepyme también recomendaron al principio de la pandemia acudir al «factoring» para protegerse ante los retrasos en los pagos, un mecanismo que permite a las empresas adelantar los cobros.

Cepyme apuntaba el pesimismo entre las pymes, con una de cada dos poniendo en duda la viabilidad de su negocio de cara a 2021. No es baladí y los cierres en el tejijdo empresarial español ya son un hecho. Así lo acredita también Iberinform, que asegura que en noviembre las disoluciones de empresas se dispararon un 14% respecto al mismo mes del año anterior, un 44% de ellas procedentes del sector servicios. Un colectivo que sigue necesitado de estímulos para no sufrir un aluvión de insolvencias.

Así, fuentes del sector explican que medidas como la moratoria concursal solo consiguen «que empresas fiables se queden enganchadas en empresas zombies ante la demora en el cobro de los pagos».

En el caso de hosteleros y comerciantes, las medidas que aprobó el Ejecutivo, como la rebaja de alquileres, nueva línea de créditos ICO, además de incentivos fiscales, ha sido recibida con impotencia en la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). «El plan de rescate llega tarde y sin ayudas directas. Cuando se restringen actividades hay que indemnizar», dijo su presidente, Lorenzo Amor.