El modelo de Países Bajos, ejemplo de solución al alquiler social y la okupación

En contra, también el Tribunal Constitucional (TC) que hace dos semanas tildó de inconstitucional gran parte del Decreto-ley 17/2019 de la Generalitat sobre medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Entre ellas, la que obligaba a grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a inquilinos morosos y okupas en situación de vulnerabilidad. Una solución que el TC entiende que va contra el derecho a la propiedad privada, mientras los grandes propietarios recuerdan que la reponsabilidad de ofrecer alquileres sociales recae sobre la Administración .

Pero lo cierto es que España sigue a la cola de Europa en cuanto a disposición de viviendas en régimen de alquiler social. De hecho, el parque español apenas cuenta con 0,9 viviendas sociales por cada 100 habitantes, según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana . Un dato lejano al de la media europea (3,8) y a un trecho aún más amplío del país que más dispone en Europa, Países Bajos, con 12,5 por cada 100 habitantes.

Este último, un caso de éxito conseguido con medidas muy dispares a las que propone la formación liderada por Pablo Iglesias. Así, un informe presentado ayer por el ‘think tank’ Europa ciudadana pone de manifiesto el modelo de Países Bajos como solución a esta problemática. El documento elaborado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid José Carlos Cano Montejano muestra cómo el país tulipán ha conseguido en pocos años reducir la okupación y aumentar su cartera de vivienda asequible. Para lograrlo, ha venido durante la última década aplicando distintas normativas para matar dos pájaros de un tiro: por un lado, ha apostado por la colaboración público-privada, incentivando a propietarios grandes y pequeños a que sitúen en el mercado asequible sus inmuebles vacíos, al garantizarles que este uso será siempre de carácter temporal mientras esperan, por ejemplo, la tramitación de otras alternativas como la reurbanización.

De esta forma, según explican, «se puede conceder la gestión de edificios vacíos que se van a demoler a empresas de gestión de vacantes, que articulan el arrendamiento temporal de los mismos, siendo la única obligación la de garantizar una habitabilidad con ciertas garantías -suministros de agua y electricidad-».

El otro pilar se encuentra en la implicación de las administraciones públicas como los ayuntamientos en hacer crecer este parque de vivienda . Así, buscan aprovechar todos los espacios posibles para convertirlos en vivienda: molinos de viento, construcciones abandonadas, oficinas, etc. Así como a transformar zonas industriales y portuarias que han caído en desuso.

Como resultado, Países Bajos apenas cuenta a día de hoy con el 2% de sus viviendas vacías y ha facilitado el acceso al alquiler a jóvenes y personas vulnerables, además de haber conseguido reducir el fenómeno ilegal de la okupación alrededor de un 30% desde que en 2010 entrara en vigor la ley de okupación y de vacantes. Como contrapartida, España tenía en 2018 más del 13% de su parque de vivienda vacío, y según señala el informe, «el número de denuncias presentadas por ocupación ilegal se ha disparado un 50% desde 2015».