El Gobierno cambia la norma antidesahucios para dar amparo a los «okupas» que cometan un delito

Pero hasta que llega ese momento, el Ejecutivo sigue dando pequeños pasos para legitimar la okupación ilegal. El último se ha producido en la redacción del decreto que regula la creación del consumidor vulnerable, que fue anunciado este martes por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras el Consejo de Ministros.

El decreto detalla las condiciones que tendrá este consumidor y cómo las empresas deberán facilitarle la información necesaria para que entienda los contratos. Pero no solo eso. De tapadillo, el Ejecutivo ha incluido en este decreto una modificación de la norma antidesahucios que aprobó a finales de diciembre.

En la práctica, esta última norma legitima la «okupación» ilegal de determinados colectivos vulnerables (personas dependientes, víctimas de violencia de género o personas con menores de edad a cargo que tengan como casero a un gran tenedor), pero recoge determinadas excepciones. Por ejemplo, no se permitirá la «okupación» cuando «existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas».

Entre estas excepciones, el decreto antidesahucios recogía que no se permitirá la «okupación» «cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito ». Un punto que se ha modificado por sorpresa en la norma aprobada esta semana para regular al consumidor vulnerable. En concreto, este último decreto modifica este punto y prohíbe la okupación solo «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas». Es decir, ampara la «okupación» aunque haya habido un delito de por medio.

Fuentes del sector inmobiliario explican que esta modificación se ha realizado «por sorpresa» y sin consultar con las compañías afectadas por la norma. «En la práctica, es un paso más para legitimar la okupación, una situación que va a generar inseguridad jurídica y va a restar inversiones», explican estas fuentes, que también recuerdan que en el 90% de las okupaciones «se producen en viviendas que están vacías y por tanto no existe intimidación o violencia».

En el borrador del decreto antidesahucios sí se mencionaba la «intimidación o violencia», pero finalmente en el texto que se publicó en el BOE se incluyó el término delito. Una pequeña victoria del Partido Socialista que ahora ha tumbado Unidas Podemos en un decreto que, en principio, nada tiene que ver con esta materia.