Miguel Sebastián busca ajustar cuentas con González y se persona en la causa BBVA-Villarejo

El escrito de personación, en el que el exministro pide presentarse como acusación particular por la vía civil y penal en la investigación, se basa en las informaciones publicadas por varios medios. Estas apuntan a que Villarejo, con su empresa Cenyt, hizo 15.000 escuchas telefónicas y vigilancia física a empresarios, políticos y supervisores por orden de BBVA y de González cuando Sacyr, entonces presidida por Luis del Rivero, trató de comprar el 3,1% del banco y hacerse con la presidencia. Si se acepta su personación, Sebastián accedería a la causa, bajo secreto, para preparar una eventual querella.

Después de que el PSOE llegase al Gobierno en 2004, Sacyr comunicó su intención de hacer esa compra. González veía detrás de esta operación un movimiento del Ejecutivo socialista para sacar de los mandos de las grandes compañías del Ibex 35 a los empresarios más afines al PP; y González, que llegó a la presidencia de BBVA después de que José María Aznar lo pusiese al frente de Argentaria, era uno de ellos.

Además, el banquero siempre consideró que detrás de todo estaba la mano de Sebastián, que un año antes había cesado como director del servicio de estudios de BBVA por sus críticas a la política económica del PP desde su puesto en la entidad y que ahora parece ajustar cuentas. Sebastián alega que los hechos que se investigan «revisten una especial gravedad y de resultar finalmente probados pondrían de manifiesto que estaríamos ante el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española». Un dardo contra el banquero, que siempre hablaba de lastre que suponía la corrupción.

El exministro recuerda en su escrito que las informaciones indican que González, para frenar a Sacyr y «salvaguardar sus intereses económicos», «presuntamente contrató y pagó a empresas vinculadas» a Villarejo, en prisión desde 2017, para conocer los pasos de Del Rivero y sus socios, grupo que la trama llamaba «grupo hostil»

Entre las personas espiadas, además de Sebastián y Del Rivero , figuran los entonces presidente y vicepresidente de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas , y la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega . Las supuestas escuchas publicadas desvelan que esta última manifestó en una conversación con un directivo del Santander que la operación de Sacyr contaba con el respaldo de Zapatero y le tranquilizó sobre un asunto que preocupaba al entonces presidente del banco cántabro, Emilio Botín: la judicialización del caso de las cesiones de crédito. De la Vega negó recientemente esos hechos.

La defensa legal de Sebastián, ejercida por el despacho del exministro Francisco Caamaño, pone el foco en la supuesta violación de la vida íntima de los miembros del llamado «grupo hostil» para encontrar información con la que difarmarlos públicamente.

«Se realizaron seguimientos personales y espionajes de la vida íntima de las víctimas» , dice la denuncia, en la que se detalla que «hay 65 llamadas en las que el origen o destino estaba identificado como Presidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia o Moncloa, y en 60 de las 65 ocasiones aparece el móvil corporativo que tenía D. Miguel Sebastián en aquel momento en Presidencia de Gobierno». En esas fechas, la trama habría planeado extorsionar a Sebastián con una supuesta relación con un amante cubano.

Los abogados de Sebastián denuncian que en base a esas escuchas se elaboraron perfiles personales y profesionales de las víctimas, pues el encargo era «encontrar actividades y aspectos negativos de las personas del llamado grupo hostil como relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas, problemas con Hacienda, sospechas sobre su patrimonio y cualquier otro incidente o irregularidad con los que conseguir influir en sus decisiones y bicotear sus proyectos e, incluso, se ofreció al cliente [BBVA] denunciar en los tribunales cualquier irregularidad que se advirtiese».

El socialista explica que, presuntamente, la empresa de Villarejo facilitaba después esos informes al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, quien reportaría a González y a Ángel Cano. Además, la defensa de Sebastián apunta a que se articuló «un sistema de pagos opaco con la finalidad de camuflar las ilícitas prestaciones de esta red mercantil».

González confirmó el pasado diciembre que «sabía que el banco hacía trabajos de inteligencia para defenderse». «Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas», indicó, detallando que era algo que gestionaba «el departamento de seguridad con normas muy estrictas». Ya en junio de ese año, a raíz de las primeras informaciones, la entidad inició una investigación interna, cuyo alcance amplió este año tras conocerse más detalles de la supuesta trama de espionaje. Este mes, el sucesor de González, Carlos Torres, dijo que la entidad no tomaría ninguna decisión hasta que esas pesquisas terminen , y aunque avanzó contundencia total en caso de probarse los hechos, mostró su confianza en González. El exministro augura ya que la investigación «será absolutamente ineficaz».

Sebastián reprocha a los actuales directivos de BBVA que no se hayan disculpado públicamente ni se hayan dirigido a las supuestas víctimas «ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada y a las que se les fabricó, por encargo, un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio».

La defensa del exministro también critica que el banco no haya suspendido cautelarmente a las personas presuntamente implicadas y que aún desempeñan cargos de representación institucional en BBVA. González es a día de hoy presidente de honor del banco y de su fundación.