El mediador apoya el modelo de reforma de la estiba del Gobierno

Peña, de hecho, recuerda que es al Ejecutivo al que le corresponde definir el modelo legal . «La aplicación de la sentencia de la UE exige una normativa transitoria, en la que, conscientes de que se mantiene la actividad, se debe garantizar la continuidad en el empleo», destaca el documento, que después añade que la normativa «debe tener la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente ».

Este punto ha sido el principal caballo de batalla. Los estibadores exigen que el Gobierno reconozca el principio de subrogación en el propio real decreto-ley o en un «instrumento normativo» de rango equivalente, con el fin de blindar sus empleos ante la inminente liberalización del sector a la que obliga la Comisión Europea.

En el principio de acuerdo que los sindicatos y la patronal Anesco presentaron el pasado miércoles, ambas partes coincidían en la solicitud de una «disposición normativa con rango de ley» para garantizar dichos empleos, extremo que rechaza el Gobierno con el argumento de que Bruselas vetaría cualquier formulación legal que discurriera por ese cauce. El preacuerdo también incluye que las cuentas públicas asuman las compensaciones por la subrogación de esos empleados. El Gobierno, que aceptó la mediación, señaló, a este respecto, que el coste total de la reforma del sector sería «inasumible para las arcas públicas», de 2.415 millones de euro .

El mediador también se hace eco de las fórmulas de flexibilidad y productividad, como la reducción de un 10% de las retribuciones de los trabajadores o en « medidas de flexibilidad interna ». Las partes ahora deberán pronunciarse ante esta propuesta no vinculante, como muy tarde, el martes 4 de abril, antes de las 13.00 horas.

En una carta enviada a Íñigo de la Serna, a la que ha tenido acceso este periódico, la propia comisaria de Transportes comunitaria, Violeta Bulc , expresa sus «fuertes dudas» sobre la compatibilidad de la subrogación por ley con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que rige la libertad de establecimiento. En la misiva, Bulc indica que una «subrogación obligatoria» reduciría «sustancialmente» la capacidad de acceso al mercado de las empresas de trabajo temporal para aportar nuevos empleados. La dirigente eslovena destaca, asimismo, que este tipo de garantías de empleo deben abordarse en el marco del diálogo social.

La UE «anima» además al Gobierno a que continúe «facilitando el diálogo entre trabajadores y empresas» sobre los aspectos labores que conlleva la reforma de la estiba que promueve el Ejecutivo.