Bruselas reactiva las multas a España por no liberalizar la estiba

En la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 13 de julio de 2016, la Comisión Europea exigía el pago de 27.522 euros diarios desde la primera sentencia condenatoria, fechada en diciembre de 2014, hasta que se pronunciara de nuevo el tribunal . El Ejecutivo comunitario solicitaba, de este modo, que el Gobierno español pusieran fin a las infracciones a la libertad de establecimiento que supone la actual legislación española de la estiba, por obligar a las empresas a participar en el capital de los registros cerrados de trabajadores (las polémicas Sagep, sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios) y a contratar «con carácter prioritario» a los empleados de dichas organizaciones. Esta primera sanción constituye el preámbulo de una segunda multa, casi cinco vences superior (134.107,2 euros diarios) , que se podría hacer efectiva en los próximos meses, cuando el Tribunal de Luxemburgo emita su fallo.

En su visita a España, la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, indicó que la primera multa se suspendió temporalmente tras comprobar que el Gobierno , por primera vez en cinco años, había tratado de buscar una solución legal. «La hemos congelado para ver si España puede estar a la altura», señaló la dirigente eslovena, quien advirtió, de manera un tanto críptica, de que si la Administración española seguía sin romper el monopolio laboral de la estiba la Comisión Europea «adoptaría medidas». En este sentido, fuentes del Ejecutivo comunitario recalcan a ABC que, tras ese paréntesis, «las multas continúan imponiéndose diariamente mientras España no cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia».

Bruselas, que evita referirse a fechas concretas, indica que «cuanto más pronto se comuniquen las reformas, mayores serán las posibilidades de reducir el valor de las sanciones», puesto que en última instancia «corresponde al Tribunal de Justicia determinar» tanto el importe de dichas multas como el momento en que deberán desembolsarse.

Comienza, por tanto, la cuenta atrás a la espera de que el Tribunal de Luxemburgo dicte sentencia sobre la demanda presentada por Bruselas, una resolución que, según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna «está al caer» y se podría conocer en los meses de abril o mayo de este año . Sin embargo, según los datos de este tribunal, este tipo de procedimientos se extienden durante una media de 14,7 meses, por lo que, incluso, puede que el fallo no se dé a conocer hasta después de este verano (ya que la segunda denuncia se presentó, como ya se ha indicado, el 13 de julio de 2016).

De cualquier modo, Bruselas esquiva toda pregunta que tenga que ver con el calendario, consciente de que este tipo de procedimientos no son inmediatos y que suelen estar jalonados de fases de réplica y contrarréplica entre los estados y las autoridades de los veintiocho. De hecho, España ya ha solicitado vista oral.

El principal problema es que, aparentemente, no ha habido grandes avances durante la última semana para superar la parálisis en las conversaciones entre las organizaciones sindicales (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y USO) y la patronal de la estiba (Anesco). Ciudadanos y PSOE han condicionado su voto en la Cámara Baja a que exista un acuerdo entre las partes, una posibilidad que se antoja remota.

El pasado jueves l os sindicatos abandonaron la mesa de negociaciones después de que Anesco presentará su propuesta de acuerdo tripartito, un texto en el que las empresas esquivan las garantías de empleo que plantea el Ejecutivo -aseguran que «la supresión del anterior régimen de gestión impactará necesariamente sobre el empleo en el sector»- y exigen una reducción del 30% en los costes operativos en determinados puertos. Si estas peticiones no se traducen en «medidas concretas» durante un plazo de tres meses, las firmas de la estiba piden una reducción de la masa salarial «en la misma cuantía».

Al término de la reunión, Fomento volvió a apelar a la «responsabilidad de los grupos parlamentarios» para aprobar la norma, ante la «urgencia» de cumplir con la norma europea. Quedó constatada, en su opinión, las posturas «poco flexibles» de patronal y sindicatos. Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles para tratar de hallar un punto de encuentro, aunque los sindicatos también se mantienen enrocados en su exigenci a de que se reconozcan las garantías de empleo en el propio real decreto-ley o en un «instrumento normativo» del mismo rango. El Gobierno rechaza esta opción y recuerda «no es posible imponer por ley a las empresas la obligación de contratar », aunque estudiaría otras figuras para recoger los acuerdos que emanen de la negociación colectiva. Mientras tanto, enredada entre tanta confusión y mensajes encontrados, avanza de manera silenciosa la multa diaria de la UE, que podría multiplicarse en los próximos meses.