El laberinto regulatorio de las viviendas turísticas

En la actualidad hay doce comunidades que disponen de un decreto específico de regulación de las viviendas turísticas, aunque en dos de ellas está recurrida (las dos mencionadas). Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Navarra y País Vasco), tres están en proceso de tenerlo (Cantabria. Castilla- La Mancha y La Rioja) y dos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (Extremadura y Murcia).

Una de las dificultades que afronta el sector es la falta de datos contrastados . Según un informe elaborado por EY, Tourism & Law y Nielsen por encargo de la patronal turística Exceltur «la oferta de viviendas de alquiler turístico ha aumentado un 74% en solo tres años y en 2015 ya eran 2,7 millones de plazas las que había en este tipo de alojamientos, sujetas a un crecimiento continuo ya que desde 2010 a 2014 la demanda extranjera de este tipo de alojamiento ha subido un 59,7%».

Desde Exceltur su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda , sostiene que «frente a la rigurosa y en algunos casos muy restrictiva regulación que rige en otros destinos turísticos afectados por problemas similares como París, Nueva York, Alemania, Miami o Singapur, en España esta actividad apenas está regulada y donde lo está es de manera muy laxa , a excepción de Baleares y Canarias, que son congruentes con el objetivo de preservar unos territorios más limitados y el menor desempeño socio económico de sus modelos turísticos».

En todo caso, la idea de fondo de la industria turística española es que los alquileres de viviendas vacacionales se tiene que homogeneizar en las comunidades autónomas , que son las que tienen las competencias en este terreno, y además fijar a esta actividad el mismo nivel de impuestos que tienen que pagar por ejemplo hoteles y hostales e impulsar el Plan Nacional de Inspección sobre viviendas en alquiler. El fenómeno de alquiler de pisos para uso turístico de corta duración, lo que se ha venido en llamar «hotelización de las viviendas», y que también se produce en otros países, prolifera en grandes ciudades con afluencia turística, como Madrid y Barcelona, en la costa y en ciudades con atractivo para el turismo cultural.

En el caso de Madrid, también la CNMC recurrió su regulación en su momento pero fue finalmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la que levantó la prohibición de alquilar estas viviendas menos de cinco días. En Barcelona, una de las ciudades en las que se han producido más tensiones, incluso con manifestaciones de vecinos en contra de estos pisos turísticos, existe una moratoria y no se pueden abrir nuevos apartamentos turísticos en el centro de la ciudad. En el caso de Canarias también el Tribunal Superior de Justicia ha levantado la prohibición de que las viviendas vacacionales no puedan ser alquiladas precisamente en las zonas turísticas.

En San Sebastián, otra de las ciudades que ha sufrido el fenómeno de la inflación de pisos turísticos, el ayuntamiento aprobó en agosto la nueva ordenanza de viviendas turísticas por la que declara saturados el «casco viejo» de la ciudad y el puerto, de tal modo que no concederá ninguna licencia más en esas zonas, más allá de las que están ahora en tramitación. En Baleares, por su parte, se ha ratificado esta semana en el Parlamento una ley aprobada en julio por el Gobierno que establecía una moratoria de un año para que los diferentes ayuntamientos y consejos insulares determinen en qué zonas se pueden alquilar a turistas viviendas de cualquier tipo, solo casas unifamiliares o ningún tipo de residencia.

Ante una legislación que, nunca mejor dicho, va por barrios, Patricia Valenzuela , directora de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos) asegura que « hay 17 realidades distintas según la comunidad donde se ubique el alojamiento, y se necesita una normativa común que permita la realización de esta actividad, sin abusos».