El juez del caso Rato archiva de forma provisional la investigación por blanqueo, cohecho y malversación

En su auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO , que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios , a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.

El Instituto Armado ponía el foco sobre COR Comunicación , sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).

Sobre el supuesto cohecho , dice el juez que "no existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada" tanto en las compañías como en Consejo de Ministros.

Pone de ejemplo la elección al frente de Repsol de Alfonso Cortina, en la que también intervino el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, así como el nombramiento de Rodolfo Martín Villa para dirigir Endesa, que según un testigo habría sido designado desde la cartera de Industria.

En este sentido, el instructor considera que el atestado de la UCO validó una "coincidencia con diferentes lecturas" sin que éstas "vayan más allá de una mera hipótesis sin sustento fáctico" pues, en su opinión, se trata "de sospechas, suposiciones y conclusiones que no van más allá de ofrecer una perspectiva global".

El magistrado afea en el auto al que que el informe de la UCO recurre a expresiones en condicional como "podría señalarse", "habría que preguntarse" o "habría que cuestionarse" en "innumerables párrafos".

Asimismo refuta la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos en torno a Paradores , creada en 1991, con anterioridad al periodo que se investiga, al no haberse detectado ninguna irregularidad en sus cuentas y gozar de un régimen mercantil, independiente, por tanto, de la Administración.

En relación con los delitos fiscales en los que el exministro habría incurrido para blanquear dinero, el magistrado insiste en que un juez investiga hechos concretos, no especulaciones o la búsqueda de indicios basados en sospechas.

Por eso señala la necesidad de que la Agencia Tributaria determine las cantidades presuntamente evadidas por el exministro al ser "esencial" de cara a imponer una eventual condena.

"Es obvio que, no individualizadas ni concretadas tales cuotas, difícilmente se puede hablar de las supuestas operaciones de blanqueo efectuadas con ellas", apunta Serrano-Arnal, que insiste en que estos importes son "perfectamente accesibles" por Hacienda mediante el examen de la contabilidad de las empresas que contrataron los servicios de publicidad.