La hucha de los ayuntamientos sigue engordando pese a gastar cada vez más

Aunque hay consistorios que siguen asfixiados por los excesos de los años que precedieron a la crisis, la inmensa mayoría hace tiempo que entraron en la senda del saneamiento y son muchos los que andan sobrados de liquidez. Solo eso explica el dato desvelado hace escasos días por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef): las entidades locales guardan en los bancos mil millones más de los que les deben. Dicho de otra forma, podrían saldar de golpe todos los préstamos y les sobrarían mil millones netos.

Esto se está produciendo, fundamentalmente, por la combinación de dos factores: la escalada imparable de los ingresos de las corporaciones locales desde 2011 -cuando la crisis seguía golpeando con fuerza la economía española-; y las fuertes limitaciones al gasto que el Estado impuso a los ayuntamientos y a las diputaciones, lo que en la práctica les «condenó» a sumar superávit y a destinarlo a amortizar deuda. Ese contundente ajuste de las cuentas públicas, que en las autonomías surtió un efecto mucho más pobre, desigual y limitado, en las entidades locales sí que funcionó.

En los últimos años se han suavizado aquellos vetos impuestos al gasto público local, pero las cortapisas no han desaparecido. Aun con todo, el gasto está volviendo a crecer, y de forma relevante. Eso sí, los ingresos son muy superiores.

El resultado de conjunto es que, en solo siete años, de 2012 a 2018, las entidades locales españolas han acumulado un superávit de 39.465 millones de euros. Ese excedente hace tiempo que ha compensado, con creces, los 30.180 millones de números rojos que entre 2007 y 2011 tuvieron los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

Mientras se mantenga el actual escenario de gastos contenidos, las entidades locales españolas seguirán sumando superávit. Hoy por hoy, los gastos siguen estando muy por debajo de sus ingresos. Y eso que han vuelto a gastar con mucha más soltura. En 2018, las corporaciones locales consumieron un total de 69.419 millones de euros de gasto no financiero, pero recaudaron 75.711 millones, un récord histórico de ingresos. Eso les permitió alcanzar un superávit de 6.292 millones, que de nuevo sirvió para saldar préstamos y para acumular más dinero ahorrado en los bancos.

De los casi 40.000 millones de superávit que han tenido las entidades locales en los últimos siete años, prácticamente la mitad han sido utilizados para amortizar endeudamiento. Eso ha permitido que la deuda financiera de las corporaciones locales españolas haya pasado de los 44.003 millones que tenían al acabar el año 2012, a los 25.781 millones con los que cerró 2018.

Desde que pasó la crisis, los ayuntamientos se han ido soltando el cinturón, pero no todo lo que querrían, porque el Estado no les ha levantado todas las limitaciones al gasto que les impuso en los años más duros de la recesión. Desde 2013, el gasto de las entidades locales ha crecido un 14,3%. Ahora consumen anualmente casi 9.000 millones de euros más que en 2013, y una partida que ha crecido con fuerza ha sido la de personal. El año pasado, entre ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares se gastaron en sueldos 23.151 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2012.

El repunte del gasto de los ayuntamientos ha sido significativo, pero sigue siendo escaso si se compara con todo el dinero que manejan, con todo lo que recaudan por impuestos y por transferencias que reciben de otras administraciones públicas. Por eso, desde hace tiempo los ayuntamientos reclaman al Estado que les levante el veto y les permita gastar más.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva tiempo alzando la voz en ese sentido. Y lo sigue haciendo, a la vista de los datos de superávit que las entidades locales tuvieron, de nuevo, en 2018. «El superávit que están teniendo los ayuntamientos es un tanto desacertado, porque puede dar la errónea impresión de que a los ayuntamientos les sobra el dinero, y no es así. Ese superávit se da porque, desde hace años, no se está permitiendo invertir, ni siquiera a los ayuntamientos que hace tiempo que están totalmente saneados», afirma el presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios. «Nos preocupa que se transmita una imagen equivocada de que sobra dinero en los ayuntamientos, porque no es así; lo que sobran son inversiones por realizar que no se pueden hacer por las limitaciones que nos sigue imponiendo la normativa», afirma.

Este representante de la FEMP insiste en que el Gobierno que se forme tras las elecciones del 28 de abril debe «flexibilizar la normativa y que, de una vez por todas, a las entidades locales que están saneadas se les permita invertir». Afirma que no tiene sentido que, por las cortapisas que siguen existiendo, los ayuntamientos tengan cada vez más dinero en los bancos, mientras «sus municipios necesitan infraestructuras, equipamientos y mejores condiciones» para reforzar la calidad de vida y el desarrollo social y económico de las localidades. Además, considera que el bajo nivel de endeudamiento al que han llegado las entidades locales en su conjunto hace más recomendable dedicar el dinero a inversiones que a amortizar deuda. «¿Por qué obligarnos a saldar préstamos cuando estamos ya en unos niveles muy asumibles y es más interesante mejorar la ciudad que amortizar deuda?», se pregunta Rodríguez Palacios. Además, critica que la normativa que está limitando la inversión municipal «es injusta, porque no discrimina entre los ayuntamientos saneados y los que aún no han logrado estarlo».

El abultado superávit que llevan acumulando las entidades locales desde hace años se ha utilizado para reducir su deuda pública de forma acelerada. Así, en los seis últimos años, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares han saldado 18.222 millones de euros de préstamos que tenían vivos. Eso ha hecho que la deuda financiera de las entidades locales se haya reducido más de un 40% en solo seis años, y haya vuelto a los niveles que presentaba en el año 2005. A su vez, eso ha aliviado el gasto financiero: en 2013, las entidades locales tuvieron que pagar por los intereses de su deuda más de 1.400 millones de euros: el año pasado, 574 millones.