Hacienda señala que los ricos pagan pocos impuestos en España

Como ejemplo, Montero considera que un «elemento a corregir» son los beneficios y exenciones del impuesto de Sociedades porque la capacidad de aportación de las grandes fortunas está siendo inferior a la de la pequeña y mediana empresa y «no responde ya a cómo la economía se mueve en el mundo y hay muchas áreas que no están bien reflejadas».

Así lo ha dicho la ministra durante su intervención en la inauguración del curso 'Imposición sobre la riqueza' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), al que han asistido varios economistas y juristas con el objetivo de debatir sobre cómo se debe gravar y distribuir la riqueza adaptándose a los nuevos nichos de mercado, actividades económicas y retos globales como el cambio climático.

En concreto, Montero ha invitado a debatir sobre si figuras como el impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones o el de plusvalías municipales tienen una regulación correcta, ya que «se discute su razón de ser» y, en el caso del de Sucesiones, entre la ciudadanía « parece que no tiene sentido ». Por ello, ha indicado que cuando un impuesto se «deslegitima» puede que haya que subsumirlo en otras figuras fiscales para presentarlo de nuevo como «un tema justo».

Además, ha dicho que «la mayoría» de estos impuestos «deslegitimados» están transferidos a comunidades autónomas o entidades locales. Ha aludido a que la fiscalidad de las comunidades autónomas está « permanentemente en discusión » y ha opinado que entre los distintos territorios se está «propiciando una competencia desleal a la baja».

Montero ha explicado que la corresponsabilidad fiscal viene obligada por el modelo territorial del país y ha lamentado que, «desgraciadamente», dicho ejercicio de corresponsabilidad «no siempre se ha traducido en un incremento de la capacidad recaudatoria», sino que se ha utilizado como instrumento electoral y «cebo» para que los ciudadanos se inclinen por una determinada formación política.

Por ello, ha instado a «actualizar» esas figuras fiscales en el próximo debate de financiación autonómica, «que tiene que ser ya y que es urgente», y en el que tiene que haber un «consenso» y ver «si merece la pena trabajar en una política de armonización».

Por otro lado, ha insistido en que España tiene que «liderar» y «ser vanguardia» en los debates internacionales de temática fiscal y por ello ya ha propuesto medidas con vocación europeísta.

En este sentido, ha dicho que Europa tiene que tener una fiscalidad «armonizada» y para abordar asuntos como el cambio climático, analizando de forma «globalizada» qué energías incentivar, qué comportamientos industriales desarrollar y qué conductas conducir de los ciudadanos para mejorar el planeta y la salud.

A este respecto, ha recordado el caso de EEUU, donde los millonarios «estaban reclamando una mayor capacidad de aportación a la fiscalidad del país porque creían que era de justicia social poner un impuesto a las grandes fortunas», en un país «que ha sido siempre peculiar en esta materia y no ha hecho del estado de bienestar una seña de identidad», ha dicho.

Por ello, opina que en España se debe generar mayor confianza en las instituciones y hacer de la justicia fiscal «una bandera», hablando de redistribución de la riqueza ligada a poner «en primer plano» la lucha contra las desigualdades y a permitir una estabilidad política y social.

En este sentido, ha defendido la necesidad de llevar a cabo una «pedagogía fiscal» para que los ciudadanos vean «sentido» y «utilidad» a los impuestos e "identifiquen" los servicios públicos que reciben con la contribución que realizan.

De esta forma, ha lamentado que « parece que la fiscalidad a la baja es lo que está de moda » y ha defendido que «no hay progreso posible si no hay justicia social», por lo que confía en lograr un consenso para dar con la «fórmula mágica» que indique cuánto es «lo justo» que los ciudadanos aporten para «conseguir los servicios justos».

La ministra ha hecho hincapié en que no comparte el «dogma» de que el dinero de los contribuyentes «donde mejor está es en los bolsillos», para ella «un mantra» que se repite de forma «machacona» en las campañas electorales. «Nunca se ha demostrado que una bajada de la contribución se traduzca en un estímulo económico o en una mayor capacidad recaudatoria», ha sentenciado.

Por ello, ha defendido que los impuestos son la base del estado social y el instrumento «imprescindible» para los partidos progresistas que aspiran a que los ciudadanos sean iguales con independencia de su nivel de renta o lugar de origen, por lo que deben saber que aquello que pagan a lo largo de todo el año "al final repercute». «No creo que haya esa sensación y tendremos que trabajar en hacerla visible», ha dicho tras detallar que cada ciudadano recibe unos 4.174 euros de promedio al año mediante los servicios que utiliza.

En este sentido, ha considerado que si la mayor parte de recaudación se obtiene de la clase media, ésta debe ver cumplidas exigencias en los servicios públicos, y para ello hay que «revitalizarlos» y «ampliar la oferta de prestaciones».

Por último, ha advertido que «un país que renuncia a esta tarea de analizar y redistribuir la riqueza y la justicia fiscal, es un país que va a ahondar en las fracturas sociales, las brechas intergeneracionales y la insolidaridad».

Además, ha apuntado que la tributación de la riqueza en España solo representa el 0,32% de los ingresos públicos y que la distribución de la riqueza es «más desigual que la distribución personal de la renta», ya que el 10% de la población más rica acumula el 50-60% de la riqueza, y la mitad más pobre solo el 5 o el 10%, según ha indicado.