Huelgas de transporte en Atenas y descontento general en Grecia
Todo el país vive al compás de la aplicación de las medidas de austeridad del Gobierno
begoña castiella
Mientras que Atenas vive esta semana las consecuencias de las aplicaciones de recortes y cambios en los transportes públicos de la capital con huelgas diarias, que incluyen algunos días a los taxistas, toda Grecia vive al compás de la aplicación de las medidas de austeridad ... del Gobierno.
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El ministro de Finanzas se entrevistó este fin de semana con Christine Lagarde y otros muchos altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, así como con sus colegas europeos y dejó bien claro que Grecia seguirá en la zona euro , cumplirá con sus compromisos y los representantes de la troika volverán a Atenas, dando por sentado que no habrá quiebra soberana. Será mañana cuando el parlamento griego deberá votar el nuevo impuesto extraordinario sobre las propiedades inmobiliarias que se aplicará de inmediato y se cobrará en las facturas de la electricidad.
Se necesitan los 8.000 millones para seguir pagando sueldos y pensiones
Una forma de solucionar con rápidez esta recaudación de impuestos concretos, ya que está claro que el sistema de oficinas de Hacienda está colapsado, desfasado o tan corrupto que no consigue recaudar lo que las autoridades esperan. La votación es esencial para el regreso de los altos cargos de la troika y la concesión de los 8.000 millones de euros que necesita Grecia para seguir pagando sueldos y pensiones públicas este año y se basará unicamente en los votos de los socialistas, ya que no existe consenso con ningún otro partido ni de la derecha ni de la izquierda. Se necesitan 151 votos y el partido del gobierno tiene 154 escaños en el parlamento griego, que es unicameral y está formado por 300 diputados.
Otra de las medidas esperada por la troika se espera hoy: 151 compañías y empresas estatales (entre las que se encuentran hasta instituciones dedicadas a cuidar personas discapacitadas) deberán enviar al Gobierno la lista del 10% de su personal que pasará a la denominada «reserva laboral»: abandonarán su trabajo, recibiendo durante un año el 60% de su salario y después serán evaluados de nuevo, algunos «recolocados» en el sector público y los demás despedidos. Ello afecta a 4.200 empleados de los 42.000 que trabajan en estas empresas. La troika espera que este proceso se aplique a 30.000 empleados estatales hasta finales de año.
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