Medidas a incentivar para los futuros pensionistas

¿Cómo hemos llegado a esta situación? La clave principal es la demografía: las personas viven cada vez más años y tienen cada vez menos hijos. En 2050 nuestro país será el de mayor ratio de jubilados respecto a personas en edad de trabajar de la OCDE : según las Naciones Unidas , tendrá 78 personas de 65 años para arriba por cada 100 entre 20 y 65. Esto supone solo 1,3 personas en edad de trabajar por cada pensionista. Si añadimos inactivos o parados, el ratio se aproxima a un jubilado por trabajador, una situación claramente insostenible.

La caída de la natalidad significa que mientras crece el número de personas mayores, el número de trabajadores contribuyendo al sistema se estanca o se reduce. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo: 1,3 niños por mujer. La coincidencia de estos fenómenos demográficos hace insostenible el sistema actual.

Asimismo, el momento de crisis se acerca más deprisa desde la crisis financiera porque los tipos de interés son históricamente bajos. Antes, un fondo de pensiones proporcionaba retornos de alrededor del 7% anual, mientras que con tipos cero e incluso negativos un fondo clásico combinando inversiones en acciones y bonos no da más de un 2,9% anual.

Ante esta situación, y con grandes poblaciones dependiendo de las pensiones para sobrevivir, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, hay que incentivar la natalidad. En Europa del Este , donde se pierde población, han introducido incentivos generosos para tener hijos. En Hungría , una mujer con cuatro hijos o más no paga IRPF el resto de su vida (sí, han leído bien). Francia siempre ha ofrecido ayudas cuantiosas a las familias, y los resultados se notan en su robusta natalidad. Medidas como estas u otras como por ejemplo ligar la pensión al numero de hijos podrían frenar la caída de la natalidad.

Hay que preparar a los futuros pensionistas a vivir con una pensión pública menor, incentivando el ahorro y los planes de pensiones complementarios. Aquí el Gobierno debería mejorar las desgravaciones fiscales en lugar de plantearse su disminución o eliminación.

Las reformas más políticamente costosas tratan de ingresos, pagos y edad de jubilación. Hay que trabajar más años para que el sistema sea sostenible: se recomienda que la edad de jubilación suba 4-6 años antes del 2050. Al mismo tiempo, hay que reducir el monto de las pensiones para ayudar a que el sistema se equilibre. Se recomienda una renta postjubilación equivalente al 60% de la renta anterior, en vez del 79%-83% proyectado para España actualmente.

Hay formas de incentivar a la gente a cobrar menos y contribuir más. Si una persona ve que su pensión será bastante menor si se jubila antes, probablemente decidirá seguir trabajando, para el bien de todos. Si la pensión no contributiva fuera realmente mínima, se crearían incentivos para encontrar trabajos formales que contribuyeran al sistema y para trabajar más años. El contribuyente tiene que percibir una relación clara entre cuánto trabaja formalmente y cuánto recibe. Es lógico en interés de la igualdad que haya algún reparto y algunos topes, pero si se eliminan los incentivos para trabajar y contribuir, el sistema acabará colapsando.

Las reformas necesarias son impopulares, como las huelgas en Francia contra el plan del presidente Macron han demostrado. Y con los años, conforme las personas mayores supongan cada vez más porcentaje de los votantes, será cada vez más difícil implantarlas. Pero son imprescindibles si se quiere sostener un sistema que había logrado convertir la pobreza de las personas mayores y su dependencia total de los hijos en un mero recuerdo. Lo que desde luego no va a solucionar el problema es ignorarlo y no hacer nada por miedo al coste político.

Gayle Allard es profesora de Economía de IE University