Garamendi exige un estudio del coste de la subida de pensiones: «Hay que ser serios para evitar una quiebra»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , advirtió de este problema durante su intervención en la segunda jornada de los Cursos de Verano 2022 'Nuevos retos para autónomos y emprendedores' que acoge la Universidad Rey Juan Carlos. Asegura el presidente de los empresarios que de cara al próximo año, sumando el coste de la revalorización pura de las pensiones y el del efecto reposición de los nuevos jubilados, la factura para el Estado será de unos   18.000 millones de euros en 2023. A lo que habrá que sumar el aumento de sueldo de los funcionarios, que para este año será de un mínimo del 2% si el Ministerio de Hacienda y Función Pública no accede a un aumento mayor como reclaman los sindicatos.

«Las pensiones tienen que ser sostenibles. Hay que ser serios para que sigan funcionando y no haya una quiebra del sistema», advertía Garamendi explicando que apoyaron el primer acuerdo en pensiones porque el Pacto Toledo y los partidos políticos también apoyaron la medida ampliamente «aunque pedimos que se mantuviera el factor de sostenibilidad que el gobierno dijo que iba a hacer y se convirtió en subida de cotizaciones». «No ha trabajado con actuarios, pedimos un estudio real y porque puede tener un coste altísimo para el Estado «, subraya el líder de la patronal.

En este sentido, Garamendi asumió la necesidad de llevar a cabo un pacto de rentas que incluya una revisión del impacto presupuestario de estas revalorizaciones, más aún cuando el conjunto de las nóminas públicas ya superó el pasado 2021 los 300.000 millones de euros. Además, aunque el presidente de la patronal reconoció que la tercera pata de ese pacto de rentas pasaría por alcanzar un acuerdo de AENC , aclaró que sería un sinsentido incluir cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC.

«Nosotros no hemos discutido de las cifras . Hemos discutido la cláusula que se aumenta el salario con el IPC y eso no tendría sentido. Provocaría una pérdida de competitividad y productividad «, defendió Garamendi asegurando que no se pide que no se suban los salarios sino que no se rompa la competitividad. »Es por eso que no hemos podido llegar a acuerdo y hemos anunciado que las empresas acudan al descuelgue si no pueden soportar esa cláusula«, añade.

Más allá, la advertencia del líder de la patronal coincide con un nuevo dato récord de gasto en pensiones en este mes de junio. La Seguridad Social destinó la cifra récord de 10.832,2 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,7% más que en el mismo mes de 2021, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,8% del PIB en el sexto mes del año, porcentaje inferior al de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también más bajo que el de 2021 (12,1% del PIB).

Junto con la nómina ordinaria, en junio se abona la extraordinaria, cuyo importe asciende a 10.536,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% (5% en términos homogéneos) respecto a 2021. En concreto, la paga extraordinaria la reciben 9,9 millones de pensiones que perciben cerca de nueve millones de pensionistas (8.999.581). Su cuantía media es de 1.062,43 euros, un 5,8% más que en junio de 2021.