Fedea aboga por que el País Vasco y Navarra aporten más al resto de comunidades

Señala que ambas regiones reciben el doble de financiación que el resto, lo que alimenta la sensanción de agravio que ha disparado el independentismo catalán

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Parlamento vasco ABC

16/03/2020
Actualizado a las 22:29h.

Antes de la multitudinaria Diada de 2012, de la recesión en dicho año y del rescate bancario, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió el concierto económico para Cataluña a Mariano Rajoy, a imitación de País Vasco y Navarra. La negativa del ... presidente del Gobierno fue el inicio de un aumento de la tensión que desembocaría en el «procés». Ocho años después, Fedea tiene en mente ese suceso y ha difundido su propuesta de reforma de la financiación autonómica que se basa en elevar la aportación de País Vasco y Navarra en sus conciertos, debido a los cálculos desactualizados y opacos que se siguen empleando.

La elevada financiación que gozan los vascos y navarros por esta disparidad frente a las comunidades de régimen común puede ser el germen del independentismo en Cataluña. «La enorme diferencia que existe entre la financiación por habitante de los territorios forales y la de las comunidades de régimen común con niveles similares de renta resulta muy difícil de explicar y tiende a ser vista como un agravio comparativo en estas últimas, y muy especialmente en Cataluña, donde la sensación de agravio ha contribuido a la deriva independentista de los últimos años», reflexiona en la propuesta de Fedea su director, Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica que formó parte del último comité de sabios. Las últimas balanzas territorializadas muestran que los recursos públicos que disfrutan vascos y navarros duplica al resto de regiones: los ciudadanos de estas dos comunidades tuvieron una ciación a competencias homogéneas en euros per cápita de 3.978 euros de media, frente a 2.082 del resto de regiones.

Frente a la gran distancia que existe entre las propias comunidades de régimen común, de los 2.584 euros de cada cántabro a los 1.906 de Valencia, la comunidad con menores recursos, De la Fuente propone que las distancias sean mínimas, pero que se respete el principio de ordinalidad. Estos ajustes harían perder a unas y ganar a otras, pero de forma progresiva a lo largo de años.

En el caso de los regímenes forales este proceso seria de «varias décadas» pero irreversible. «Además, no es necesario modificar las leyes del Concierto y el Convenio para reducir sustancialmente la prima foral de financiación. Bastaría con aplicarlas de una forma razonable, partiendo de una valoración realista de las cargas no asumidas y de datos reales de consumo en años recientes para el cálculo de los ajustes del IVA y los impuestos especiales», señala Fedea. Junto a ello, en lugar de otorgar más recursos a las comunidades, Fedea apuesta por darles más capacidad de subir el IVA, eso sí, de forma colegiada y bajo la batuta de la Agencia Tributaria: con un tramo estatal y otro de todas las regiones, de forma que tuvieran que decidir en comandita subirlo o bajarlo. Asimismo, propone acabar con el Fondo de Liquidez Autonómico y demás financiación del Estado a las regiones.

«Las comunidades forales reciben miles de millones de más», afirma Ángel de la Fuente, director de Fedea

–¿Cuánto reciben más las forales por el mal cálculo de sus regímenes?

–Los cálculos aproximados que se han hecho desde fuera del Gobierno apuntan a miles de millones de euros anuales. No se trata de reducir los recursos de las forales, sino de aumentar su aportación a los mecanismos de solidaridad territorial para acercarla a la de las comunidades de régimen común que tienen niveles similares de renta y de adecuar su contribución a la financiación de los servicios comunes del Estado al coste real de esos servicios. Ambas cosas han de hacerse de una forma gradual, pero convendría ir empezando.

–¿Qué le parece el debate de armonización?

–La capacidad de subir o bajar impuestos es una parte esencial de la autonomía a la que no deberíamos renunciar a la ligera. Permite que los partidos puedan ofrecer en las elecciones autonómicas paquetes diferentes de prestaciones y tributos para que los ciudadanos de cada territorio escojan el que mejor se adapte a sus preferencias. En principio, estoy en contra de una armonización forzosa de los impuestos autonómicos, pero puede haber casos en los que sí tendría sentido fijar unos mínimos para evitar que la competencia por atraer bases impositivas muy móviles termine haciendo que desaparezcan impuestos que tienen su función. Pero una cosa es fijar unos mínimos y otra obligar a todos a converger hacia los máximos.