España se juega multas millonarias por tardar en adoptar 16 directivas

El Plan Anual Normativo para 2018 elaborado a finales del año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy contemplaba incorporar a lo largo de este ejercicio 52 directivas. El planteamiento era sacarlas adelante mediante 44 propuestas normativas (cada una puede transponer varias directivas): 23 reales decretos, 17 leyes ordinarias y 4 leyes orgánicas .

El Ejecutivo del PP siempre excusó su demora en la adopción de esas normas en el parón político sufrido entre 2015 y 2016, cuando se repitieron elecciones ante la imposibilidad de formar gobierno, y la posterior fragmentación parlamentaria. El desafío secesionista de la Generalitat de Cataluña también contribuyó al parón legislativo. El problema es que, de no darles salida, España se arriesga a sufrir una cascada de multas por parte de la UE.

La Comisión Europea ha tenido en cuenta la situación política del país y también suele tener en consideración si el Gobierno no ha dado ningún paso para transponer una directiva o, por el contrario, ha avanzado en su legislación a través con la redacción de decretos, anteproyectos y proyectos de ley. En caso de gran retraso, Bruselas denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya ha sucedido con la ley hipotecaria y la de mercados de instrumentos financieros (Mifid II), plantea una multa y la Corte de Luxemburgo toma después una decisión.

Aunque algunas normas están más avanzadas que otras —mientras de algunas aún no hay ni siquiera borrador, otras se han remitido ya al Congreso de los Diputados para su aprobación—, actualmente están sin transponer directivas en materia de tratamiento de datos personales para fines judiciales, lucha contra el fraude, secretos comerciales, elusión fiscal, registro de nombres de los pasajeros para la lucha antiterrorista, interoperabilidad del sistema ferroviario, planes de pensiones, seguros, mercados financieros y servicios de pago .

El Ministerio de Economía es el departamento con más tareas pendientes, 14, de las cuales 8 están fuera de plazo. La ministra Nadia Calviño lo admitía en su primera comparecencia en el Congreso, el pasado julio, para explicar el programa económico del Gobierno de Sánchez . «Son 14 directivas que debemos transponer con la mayor urgencia porque debían estar recogidas desde hace tiempo y pesa sobre nosotros amenaza de sanciones cuantiosas», dijo entonces, criticando el retraso acumulado no ya por su antecesor, Román Escolano, que estuvo 85 días en el cargo, sino durante la etapa de Luis de Guindos en el ministerio. Hasta ahora Economía ha sacado adelante, vía decreto, la directiva sobre ciberseguridad.

El trámite que más urge a Calviño es la ley de crédito inmobiliario con la que se reformará la ley hipotecaria y cuyo proyecto de ley está ahora mismo estancado. La directiva sobre esta materia debía estar adaptada a las leyes españolas el 23 marzo de 2016. Ese retraso es lo que ha llevado a Bruselas a plantear una multa de casi 106.000 euros diarios.

Economía planteó aprobarla por vía urgente, algo que la semana pasada fue rechazado en el Congreso por PP, Podemos y Ciudadanos, alegando que se trata de una norma muy compleja. El extenso texto de la norma también genera algunos desacuerdos entre los grupos: el proyecto de ley dejado por De Guindos en noviembre de 2017 recibió 200 enmiendas sin que haya aún fecha para su debate.

Más allá de la compleja ley hipotecaria, el Ejecutivo comunitario ha denunciado a España ante el TJUE por no incorporar plenamente otra densa normativa: la de mercados de instrumentos financieros (Mifid II) , que el Gobierno popular solo aprobó parcialmente a finales de 2017, dejando pendiente todo su desarrollo y que está condicionando ya la forma de trabajar de la industria de la inversión . Esta norma, en fase de anteproyecto de ley, regula por ejemplo los honorarios y comisiones de las gestoras, lo que afecta a su relación con los clientes.

Otro importante proyecto que está en fase de anteproyecto de ley es la directiva de servicios de pagos digitales , que supondrá una gran revolución en el mundo de la banca, mientras que la ley de distribución de seguros ya está en fase de proyecto de ley.