España tuvo en 2015 un déficit público del 5,16% del PIB e incumplió en casi un punto el objetivo de la UE

Durante la rueda de prensa para presentar los datos de las administraciones, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, culpó a las regiones como la administración que más incumplió. Las comunidades autónomas rebasaron en casi un punto su objetivo de déficit (0,7%) y cerrarron con un desfase del 1,66%, nueve centésimas menos que en 2014. El otro sospechoso habitual que ha rebasado las previsiones ha sido la Seguridad Social, con un desvío del 1,26% frente a su objetivo del 0,6%.

Del otro lado, Gobierno Central y los ayuntamientos cumplieron con creces. La Administración del Estado cosechó un déficit del 2,7% (mejor que el límite del 2,9%) y las corporaciones locales recogieron un superávit del 0,44% del PIB.

Pese a ello no pudieron compensar la desviación de Seguridad Social y regiones. Solo tres comunidades se adecuaron al objetivo: Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69% ) . El resto lo incumplieron. Cuatro regiones incluso triplicaron el límite. Cataluña fue la que presentó unas cuentas públicas menos saneadas, con un desvío del 2,7%, seguida de Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%, aunque sin depurar el gasto por las reparaciones de Lorca), Valencia (2,51%) y Aragón (2,13%).

Ante este panorama el Ejecutivo adoptará medidas coercitivas contra las regiones, contempladas en la Ley de Estabilidad. Con la ley en la mano, el Gobierno podría haber adoptado estas medidas hace meses. En palabras de Montoro, si no lo hizo antes fue por el calendario electoral y la tardía formación de los gobiernos regionales.

"Alguna comunidad en septiembre estaba pensando en convocar elecciones más que en el cumplimiento", ha abundado, en referencia a Cataluña. Otras, como Extremadura, aún no han aprobado sus presupuestos, señaló durante la presentación el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y no han remitido su plan de ajustes actualizado. Sin embargo, la Autoridad Fiscal ya alertaba a finales de 2014 de que el Gobierno debería adoptar medidas correctivas sobre las comunidades.

Otra parte de la desviación obedece a operaciones recurrentes, no previstas en un inicio, y que han aumentado el desvío fiscal: por un lado l a aparición de un déficit oculto en la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Zaragoza por contratos públicos- privados anteriores a 2010, que junto a otras partidas relacionadas elevaron el déficit en 2.337 millones. En segundo lugar los 1.094 millones derivados del tratamiento por la hepatitis C al que hicieron frente las comunidades. Sin ambos gastos, el déficit se hubiera ido al 4,8%, por lo que también habría superado las previsiones.

La celebración de elecciones autonómicas en 15 comunidades –además de las generales– vuelve a estar detrás del incumplimiento de los límites fijados por la UE, al igual que ocurrió en 2011 –aunque entonces la desviación fue mayor: si la UE pedía un 6% del PIB, el déficit acabó en el 9%–. El Gobierno aprobó en 2012 la Ley de Estabilidad para controlar las cuentas de las autonomías y que no se repitiera la situación, pero las medidas aplicadas –que no desarrollan todas las que incluye la norma, como sanciones o la intervención– no han sido suficientes.

El Estado tratará de embridar a las comunidades autónomas siguiendo las recomendaciones de Bruselas siguiendo la Ley de Estabilidad. Como ha anunciado el ministro de Hacienda en rueda de prensa, la primera medida aprobada por la Comisión de Asuntos económicos se ha plasmado en una carta remitida por el propio Montoro a las 14 regiones incumplidoras (todas menos Canarias, Galicia y País Vasco). En ella pide que los gobiernos autonómicos acuerden cumplir la regla de gasto público , es decir, que no aumente del 1,8%, una tasa referenciada al crecimiento de este año.

Además las comunidades solo podrán utilizar el reparto del sistema de financiación de 2014 (unos 7.000 millones) en reducir déficit público. De lo contrario, el Ejecutivo adoptará las medidas coercitivas que contempla la ley de Estabilidad y que incluyen sanciones e intervención.

Eso sí, Montoro ha rechazado, no obstante, que el Gobierno en funciones vaya a llegar a estos extremos . De momento, los interventores, que dependen del ministerio, informarán mes a mes de que las cuentas de las comunidades autónomas se adecúan a los límites del Estado. Además, retendrán pagos del FLA en caso de incumplimiento y pagarán a plazos a medida que las regiones superen la vigilancia de Hacienda.

El Ejecutivo espera que los controles sobre las regiones basten para aplacar a Bruselas y así arrancar un año más para cumplir el déficit público.Para este año, España debe ajustar unos 24.000 millones de euros para adecuarse al límite marcado por la Comisión Europea, del 2,8% del PIB.

Con la ley en la mano, el Gobierno podría haber intervenido hace meses. Como ha aclarado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Hacienda ya ha advertido a las comunidades en varias cartas anteriores.

Como fuere, Montoro ha denunciado que algunos ejecutivos regionales salidos de las elecciones han planteado subidas de gasto no sostenibles este año : "Los nuevos gobiernos solo hablan de gastar y así, por ese camino, lo que hacen es perjudicar a la recuperación económica".

El Gobierno también enfrentaba elecciones generales en 2015 y adelantó la bajada del IRPF en julio de 2015 en lugar de aplicarla este año. La reforma fiscal ha disminuido en 7.867 millones los ingresos públicos (es decir, un 0,7% del PIB) este año y ha insuflado un 0,36% del PIB, según los cálculos de Hacienda. Sobre si se hubiera cumplido el déficit público de no haber bajado los impuestos, Montoro ha reseñado el impacto positivo de la reforma sobre la actividad y la recaudación. "¿Creen que se hubiera crecido un 3,2% sin bajar los impuestos? Yo no lo creo", ha sentenciado.

En cuanto a la Seguridad Social, Montoro propuso que el Pacto de Toledo apruebe una nueva forma de financiación de las pensiones. El agujero de la Seguridad Social no ha dejado de crecer ante el aumento progresivo del gasto en jubilaciones junto a la reducción de las cotizaciones de los asalariados (debido a la bajada de los sueldos en los últimos años). Ello ha impedido que la creación de empleo compense el desembolso creciente en pensiones.

Pese a todo, España redujo su déficit público en 4.711 millones de euros frente a 2014. Entonces la desviación fue del 5,8% del PIB y cumplió el objetivo de Bruselas. Esta vez el déficit público final ha superado todos los pronósticos oficiales, incluso los del propio Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, señaló hace un mes que el desfase alcanzaría el 4,5% del PIB y la Comisión Europea lo situaba en un 4,7%.