De izquierda a derecha, las ministras María Jesús Montero, Isabel Celaá y Nadia Calviño, ayer en rueda de prensa
De izquierda a derecha, las ministras María Jesús Montero, Isabel Celaá y Nadia Calviño, ayer en rueda de prensa - EFE

Los enredos de las cuentas de Sánchez

El Ejecutivo pretende cuadrar las cuentas con 13 meses de recaudación de IVA y con un crecimiento del PIB que no acusa la desaceleración externa

MadridActualizado:

Si los Presupuestos suelen considerarse como la hoja de ruta más detallada que puede ofrecer un Gobierno, en los últimos años se han convertido en una cuadratura del círculo contable que tratan de contentar la estrecha vigilancia de Bruselas con las peticiones políticas multiplicadas por la fragmentación parlamentaria y la creciente necesidad de socios. Las cuentas de 2019 que presenta el Ejecutivo de Sánchez dibujan por un lado un crecimiento que pierde músculo, sí, pero principalmente por el ajuste de déficit —y no tanto por el peor comportamiento exterior, pese a las alarmas de los organismos— y guiños sociales y políticos sustentados en unas previsiones de recaudación que Autoridad Fiscal, Banco de España y Bruselas han puesto en duda. Un cóctel que el papel aguanta, pero que despierta suspicacias.

13 meses de recaudación de IVA

Buena parte de la reducción de déficit del 2,7% del PIB al 1,3% para el próximo año descansan en una anomalía contable: los Presupuestos de 2019 abarcan una recaudación de 13 meses de IVA, es decir, más de 5.000 millones de euros extra. ¿A qué se debe esto? El equipo de Cristóbal Montoro aprobó el Sistema de Información Inmediato (SII) en el IVA en 2017, que provocó que, al adelantar las devoluciones y postergar la declaración del impuesto al día 30 del mes en lugar del 20 anterior, los Presupuestos recogieran los ingresos en el impuesto hasta noviembre, ya que diciembre no entraba. El Gobierno quiere anticipar la declaración de nuevo al 20 de cada mes para así poder ingresar un mes más de recaudación, el de diciembre de 2019. Una operación que provoca que contablemente las cuentas recojan trece meses de ingresos, una hipótesis que provoca dudas ya que los ingresos de diciembre de 2018 -que también entrarían en las cuentas de 2019- ya pueden estar recogidos en la contabilidad nacional de 2018, señalan fuentes conocedoras. Esta modificación permite enjugar buena parte de la distancia entre el 1,8% de meta de déficit deseada por el Ejecutivo y el 1,3% final.

El déficit baja, la deuda no tanto

Al repasar las previsiones fiscales del Ejecutivo, llama la atención que el déficit frente al plan presupuestario que envió el Gobierno a Bruselas en octubre pasa del 1,8% al 1,3% del PIB, pero la deuda no cae con la intensidad presumible ante este ajuste renovado. Frente a sus números de hace unos meses, el efecto es nulo: si bien reduce una décima su estimación de pasivo al 95,4%, ello es porque también lo hace en 2018, al pasar del 97% al 96,9%.

Sin revisión a la baja

Realmente el Gobierno sube su previsión de crecimiento al 2,4% pese a las alertas de los organismos internacionales, ya que hasta ahora contaba su objetivo de déficit del 1,8%, y no del 1,3% que finalmente rige al no haber podido aprobar su meta. A mayor ajuste fiscal, una menor actividad de dos décimas menos, al 2,2%. El empeoramiento del contexto internacional en los últimos meses, no pasa factura por tanto al recoger el efecto de la depreciación del petróleo y de la subida de SMI, sueldos públicos y pensiones, según Calviño. Todo ello pese a que el BCE ha detenido sus compras y prevé subidas de tipos y la Eurozona ha reducido su crecimiento.

6.000 millones de alza fiscal sin efecto en el PIB

El Gobierno presume del efecto en la actividad de estas medidas, por la mayor renta de los hogares, pero al mismo tiempo señala que los 5.654 millones de euros de subidas de impuestos tendrán un impacto «neutro» en el PIB, pese a que según el Gobierno supondrá un ajuste estructural –esto es, más allá del ciclo– de cuatro décimas del PIB: 4.800 millones de euros. Expertos consultados rechazan que sea posible que un ajuste estructural de este calibre no tenga un impacto negativo en la actividad, incluso sumando el alza del gasto y con multiplicadores fiscales bajos. A ello se añade que los 1.200 millones de «tasa Google» previstos —por encima de lo que Bruselas estimaba de aplicarla en comandita—, los 850 de «tasa Tobin» —más de lo que recaudan Italia o Francia en ingresos por PIB por un impuesto similar— o los 339 por el incremento de Patrimonio —que percibirán las regiones— arrojan lagunas. Y, en definitiva, con la dificultad añadida de que los ingresos tributarios crezcan como estima el Gobierno,, tres veces más que el PIB nominal, al 11,9% frente al 3,8% que avanzará el segundo.

Cumplimiento enconado del déficit

Pese a que el gasto en pensiones marcará récord, con 153.864 millones, la Seguridad Social debe reducir su desequilibrio en 7.200 millones de euros, del 1,5% del PIB al 0,9%. Si bien se compensará con el superávit de las corporaciones locales, este será menor el próximo año. Y si el Estado colaborará con transferencias y cubriendo algunos de los gastos como el aumento de las pensiones no contributivas, la Administración Central debe pasar de un agujero del 1,4% del PIB al 0,3%: 13.200 millones de ajuste. En definitiva, el conjunto de la Administración enfrenta un recorte de unos 17.000 millones para cumplir un déficit que pase del 2,7% al 1,3% del PIB con unas subidas del gasto –por las subidas a pensionistas, funcionarios y salario mínimo– que arrancaron ya el 1 de enero e incrementos de impuestos que solo podrán comenzar en el mejor de los escenarios y en contados casos a partir de la primavera, cuando pueden entrar en vigor las cuentas.