Draghi urge a BBVA, Banco de España y CNMV a resolver la crisis de las escuchas

Según ha podido saber ABC, el Banco Central Europeo (BCE) ha urgido al actual presidente de BBVA , Carlos Torres, y a las autoridades supervisoras españolas -Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, que resuelvan en el más breve plazo posible, de forma clara y transparente, esta crisis de gobierno corporativo.

«Se trata de una entidad sistémica, con tentáculos por todo el mundo y mucho peso en el sector doméstico, lo que agrava la situación. Está en riesgo la credibilidad y reputación del conjunto del sistema financiero europeo», dice una fuente del entorno del BCE. «Hay que evitar cuanto antes que se judicialice el caso, si no, después, ya no habrá nada que hacer desde las autoridades porque estará exclusivamente bajo el yugo de los tribunales», añade.

Hasta ahora, ni Banco de España ni CNMV se han pronunciado oficialmente sobre esta crisis. Fuentes de la autoridad monetaria española dijeron a este periódico que es una cuestión que debe valorar el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que es el que desde 2014 supervisa a BBVA. Es por tanto esta autoridad la que podría imponer alguna sanción o no, según se constatara o no conductas inapropiadas contra la reputación corporativa.

Como fuere, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, reiteró esta semana en una conferencia en pleno escándalo que la banca debe « mejorar su reputación e introducir medidas que mitiguen el riesgo de comisión de conductas inapropiadas». Además, fuentes bancarias recuerdan que los supervisores siempre están alerta ante el impacto que una crisis reputacional pueda tener en la estabilidad de un banco o del sector por la transcendencia que la confianza tiene para el negocio bancario.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha negado contactos o presiones desde el BCE a su Ejecutiva, si bien la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras clausurar la novena edición del Spain Investors Day el pasado miércoles, dijo que «desde el punto de vista reputacional este asunto no es nada positivo porque tiene una clara perspectiva penal». Un día después, afirmó que «se trata de un tema residenciado en la sede judicial, en la sede penal, y es ahí donde tienen que dilucidarse las posibles responsabilidades».

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción decidía esta semana actuar de oficio en el caso BBVA-Villarejo por considerar que los actos pueden ser constitutivos de delito y formarían parte del procedimiento abierto contra el excomisario de Policía en la «Operación Tándem», que se instruye en la Audiencia Nacional. Según ha trascendido en la prensa, el banco encargó varios trabajos a Cenyt , agencia de Villarejo, para defenderse del intento de asalto de Sacyr al banco en 2004, actuación que podría ser delictiva si se demuestra que parte del encargo era hacer escuchas telefónicas a altos cargos, incluidos miembros del Gobierno de Zapatero y la cúpula del supervisor bursátil.

La CNMV vigila que en caso de que el asunto derive en alguna responsabilidad patrimonial para BBVA, este lo refleje adecuadamente en sus informes al mercado. Más allá de eso, y según fuentes financieras consultadas, la creciente presión habría movilizado también a sus órganos de gobierno. Ayer, de hecho, según las mismas fuentes, hubo reunión urgente, bajo el más estricto secreto, entre los altos cargos del regulador bursátil que, sin embargo, lo niega oficialmente.

La presión para que González dimita o la entidad lo cese llega también de la plantilla, que exige a Torres que, con prudencia y respetando la presunción de inocencia, pero con toda su autoridad tome cartas en el asunto, según CC.OO., sindicato mayoritario en el banco. La sección sindical le pide que « ponga freno a la incertidumbre » recordando que «la imagen de la marca y su credibilidad están en cuestión», y añade que la Justicia debe investigar «hasta sus últimas consecuencias» la posible intromisión del Gobierno de Zapatero en la intentona de Sacyr y un presunto trato de favor judicial al Santander.

Torres parece consciente de ello. El pasado lunes a las 7 de la mañana envió un correo electrónico a sus 30.300 empleados en España asegurando que una investigación interna no ha encontrado por ahora pruebas del espionaje, pero calificó de «deplorables» las informaciones y avanzó que ha ampliado esas pesquisas y actuará con la contundencia necesaria llegado el caso.

Ahora está por ver la reacción pública del resto de bancos y si sus presidente y consejeros delegados, que la próxima semana empiezan a presentar sus resultados anuales, se suman en rueda de prensa a esas presiones. En privado los directivos consultados sí admiten que este caso no hace nada bien a la reputación conjunta del sector, que viene de digerir otro golpe a su imagen a raíz del caos jurídico por al impuesto de AJD en las hipotecas.